CASANARE
Sistema General de Regalías sigue produciendo “elefantes blancos”, dice Contraloría General
Nuevamente el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, cuestionó la eficiencia del Sistema General de Regalías -SGR-, durante el informe presentado al Congreso de la República por el ente de control fiscal.
Los problemas de eficiencia del Sistema General de Regalías –SGR han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación ($6,5 billones) y en las cuentas bancarias de municipios y departamentos ($5 billones), reveló Maya Villazón.
La primera de estas cifras ($6,5 billones) es la diferencia entre los recursos disponibles en el SGR y los giros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los distintos beneficiarios del sistema, a diciembre de 2015.
Al presentar al Congreso el Informe de la Contraloría General de la República sobre los “Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 2015”, el Contralor Maya Villazón señaló otros riesgos importantes en la destinación y uso de estos recursos, aparte de los excedentes de liquidez y los altos saldos en las cuentas bancarias.
· El porcentaje de proyectos terminados es de apenas (28%), lo cual refleja problemas de ejecución en entidades territoriales.
· Entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente, evidenciando problemas de transparencia en la contratación.
· De acuerdo a las auditorías adelantadas por la Contraloría –que en 2015 arrojaron 276 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $224.70 millones– se sigue presentando baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles (los llamados “elefantes blancos”).
¿Conviene hacer un desahorro de regalías?
El Contralor Maya Villazón planteó la necesidad de evaluar si es el momento o no de liberar parte de los recursos que se mantienen en el Fondo de Ahorro y Estabilización – FAEP, a fin de contrarrestar la desaceleración de la economía colombiana. En reciente intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó una propuesta en este sentido, planteando que debe discutirse un posible desahorro de $10 billones de pesos para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo.
“Aunque en esta coyuntura recesiva las regalías deben cumplir una función anticíclica, los dineros que dejen de ahorrarse deben invertirse en proyectos estratégicos y no dilapidarse”, sostuvo el Contralor General.
Inevitablemente –dijo- será pertinente analizar si es conveniente acudir a esta posibilidad cuando se sigue evidenciando una extrema lentitud en la ejecución de los recursos de las regalías. Además cuando persisten problemas de eficiencia en las entidades territoriales, que han llevado a que se mantengan estos excedentes de liquidez tan elevados.
Para el Contralor Maya Villazón, la conveniencia de aplicar un desahorro extraordinario del FAEP debe ser objeto de un fuerte debate, frente a los distintos riesgos que prevalecen en la destinación y uso de los recursos de regalías.
No puede hacerse un desahorro para seguir con pequeños proyectos
Aunque es probable que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regalías, no se cumpla la condición para desahorrar recursos del FAEP en el presupuesto del próximo bienio, el Congreso de la República podría aprobar un desahorro extraordinario como lo hizo en el presupuesto 2015-2016. Lo que hay mirar es ¿qué tan conveniente es?, subrayó el Contralor General. El Fondo de Ahorro y Estabilización FAEP cuenta con recursos cercanos a los $10 billones.
Según el Contralor, el debate pasa primero por analizar el alcance e impacto del FAEP para contrarrestar la desaceleración económica. Es decir, su posible utilidad como herramienta de una política contracícilica, dada la dispersión de los proyectos de regalías.
“Por su misma naturaleza, el FAEP debe cumplir una tarea contracíclica y ello es posible únicamente si estos recursos financian proyectos estratégicos. Si los excedentes del FAEP se siguen distribuyendo en pequeños proyectos, se disipan las posibilidades de contrarrestar la recesión a través de la inversión pública”, sostuvo Maya Villazón.
Señaló al respecto un dato preocupante: a diciembre de 2015, el número de proyectos de regalías aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones, y alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones. “Esto quiere decir que las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto”.
Aún más –agregó- proporcionalmente se están destinando pocos recursos para proyectos relacionados con aquellos sectores que impactan de manera directa las necesidades sociales de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.
Los casos críticos son la Región Caribe y la Región Pacífico, donde la población en condición de pobreza es del 65% y el 53 respectivamente, y sin embargo el porcentaje de gasto dirigido a atender las necesidades básicas es de solamente el 34% y 27%, en cada caso.
Riesgos que prevalecen en la destinación y uso de las regalías
Los excedentes están invertidos en pagarés del Tesoro Nacional apalancando el 21,7% del déficit fiscal del sector público consolidado, que es del orden de $29,9 billones. Si se suma el valor el ahorro en el FAEP ($9,7 billones de pesos), se obtiene que los excedentes totales de regalías superan los $16,2 billones, cifra que representa el 54,2 % del déficit fiscal.
Entre 2012- 2015 se distribuyeron alrededor de $35,4 billones de regalías, en inversión ($23,6 billones), ahorro ($10,2 billones) y una parte más pequeña para el funcionamiento del sistema ($1,6 billones); y se giraron $28,9 billones. Como los giros son inferiores a los dineros que se distribuyeron, el 18% de los recursos de regalías permanecen en la Nación. Aun teniendo los municipios y departamentos los proyectos aprobados y contando con los respectivos recursos, los problemas de eficiencia continúan.
A diciembre de 2015 había proyectos aprobados por $20,2 billones, de un total de recursos distribuidos para inversión de $23,6 billones. Debían haber terminado proyectos por $17,3 billones. Sin embargo, el valor de los proyectos terminados a finales de 2015 ascendió a sólo $4,9 billones; es decir, sólo el 28,4% de los proyectos programados, según la información suministrada por las mismas entidades territoriales a los sistemas de información del DNP.
Esta situación se refleja en el alto saldo que se mantiene en las cuentas maestras del SGR de los entes territoriales, que ascendió a $5 billones.
Continúan siendo críticos problemas de transparencia en la contratación
Aunque el nuevo Sistema de Regalías ha avanzado en transparencia, en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de los contratistas.
Pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente. Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos. El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%.
En general, en las auditorías practicadas por la CGR se ha observado que persisten buena parte de los problemas que han impedido que las regalías impacten efectivamente las condiciones de sociales.
De un total de $224.780 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal durante el año 2015, el 35,8% ($80.431 millones) corresponden a “elefantes blancos”, seguidos de los problemas de baja calidad de las obras (24,8%), deficiencia en las interventorías (11,2%) e incertidumbre en el cumplimiento de los productos de los proyectos (7,6%).
Por sectores, la mayor parte de los hallazgos están en agua potable y saneamiento básico (26,2%), vivienda (23,6%), educación (17,6%) y salud (10,27%), es decir los sectores altamente sensibles para la población. Sigue luego el sector de transporte (9,4%), es decir la construcción de vías.
Fuente: Prensa CGR
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
