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Sistema General de Regalías sigue produciendo “elefantes blancos”, dice Contraloría General
Nuevamente el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, cuestionó la eficiencia del Sistema General de Regalías -SGR-, durante el informe presentado al Congreso de la República por el ente de control fiscal.
Los problemas de eficiencia del Sistema General de Regalías –SGR han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación ($6,5 billones) y en las cuentas bancarias de municipios y departamentos ($5 billones), reveló Maya Villazón.
La primera de estas cifras ($6,5 billones) es la diferencia entre los recursos disponibles en el SGR y los giros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los distintos beneficiarios del sistema, a diciembre de 2015.
Al presentar al Congreso el Informe de la Contraloría General de la República sobre los “Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 2015”, el Contralor Maya Villazón señaló otros riesgos importantes en la destinación y uso de estos recursos, aparte de los excedentes de liquidez y los altos saldos en las cuentas bancarias.
· El porcentaje de proyectos terminados es de apenas (28%), lo cual refleja problemas de ejecución en entidades territoriales.
· Entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente, evidenciando problemas de transparencia en la contratación.
· De acuerdo a las auditorías adelantadas por la Contraloría –que en 2015 arrojaron 276 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $224.70 millones– se sigue presentando baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles (los llamados “elefantes blancos”).
¿Conviene hacer un desahorro de regalías?
El Contralor Maya Villazón planteó la necesidad de evaluar si es el momento o no de liberar parte de los recursos que se mantienen en el Fondo de Ahorro y Estabilización – FAEP, a fin de contrarrestar la desaceleración de la economía colombiana. En reciente intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó una propuesta en este sentido, planteando que debe discutirse un posible desahorro de $10 billones de pesos para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo.
“Aunque en esta coyuntura recesiva las regalías deben cumplir una función anticíclica, los dineros que dejen de ahorrarse deben invertirse en proyectos estratégicos y no dilapidarse”, sostuvo el Contralor General.
Inevitablemente –dijo- será pertinente analizar si es conveniente acudir a esta posibilidad cuando se sigue evidenciando una extrema lentitud en la ejecución de los recursos de las regalías. Además cuando persisten problemas de eficiencia en las entidades territoriales, que han llevado a que se mantengan estos excedentes de liquidez tan elevados.
Para el Contralor Maya Villazón, la conveniencia de aplicar un desahorro extraordinario del FAEP debe ser objeto de un fuerte debate, frente a los distintos riesgos que prevalecen en la destinación y uso de los recursos de regalías.
No puede hacerse un desahorro para seguir con pequeños proyectos
Aunque es probable que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regalías, no se cumpla la condición para desahorrar recursos del FAEP en el presupuesto del próximo bienio, el Congreso de la República podría aprobar un desahorro extraordinario como lo hizo en el presupuesto 2015-2016. Lo que hay mirar es ¿qué tan conveniente es?, subrayó el Contralor General. El Fondo de Ahorro y Estabilización FAEP cuenta con recursos cercanos a los $10 billones.
Según el Contralor, el debate pasa primero por analizar el alcance e impacto del FAEP para contrarrestar la desaceleración económica. Es decir, su posible utilidad como herramienta de una política contracícilica, dada la dispersión de los proyectos de regalías.
“Por su misma naturaleza, el FAEP debe cumplir una tarea contracíclica y ello es posible únicamente si estos recursos financian proyectos estratégicos. Si los excedentes del FAEP se siguen distribuyendo en pequeños proyectos, se disipan las posibilidades de contrarrestar la recesión a través de la inversión pública”, sostuvo Maya Villazón.
Señaló al respecto un dato preocupante: a diciembre de 2015, el número de proyectos de regalías aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones, y alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones. “Esto quiere decir que las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto”.
Aún más –agregó- proporcionalmente se están destinando pocos recursos para proyectos relacionados con aquellos sectores que impactan de manera directa las necesidades sociales de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.
Los casos críticos son la Región Caribe y la Región Pacífico, donde la población en condición de pobreza es del 65% y el 53 respectivamente, y sin embargo el porcentaje de gasto dirigido a atender las necesidades básicas es de solamente el 34% y 27%, en cada caso.
Riesgos que prevalecen en la destinación y uso de las regalías
Los excedentes están invertidos en pagarés del Tesoro Nacional apalancando el 21,7% del déficit fiscal del sector público consolidado, que es del orden de $29,9 billones. Si se suma el valor el ahorro en el FAEP ($9,7 billones de pesos), se obtiene que los excedentes totales de regalías superan los $16,2 billones, cifra que representa el 54,2 % del déficit fiscal.
Entre 2012- 2015 se distribuyeron alrededor de $35,4 billones de regalías, en inversión ($23,6 billones), ahorro ($10,2 billones) y una parte más pequeña para el funcionamiento del sistema ($1,6 billones); y se giraron $28,9 billones. Como los giros son inferiores a los dineros que se distribuyeron, el 18% de los recursos de regalías permanecen en la Nación. Aun teniendo los municipios y departamentos los proyectos aprobados y contando con los respectivos recursos, los problemas de eficiencia continúan.
A diciembre de 2015 había proyectos aprobados por $20,2 billones, de un total de recursos distribuidos para inversión de $23,6 billones. Debían haber terminado proyectos por $17,3 billones. Sin embargo, el valor de los proyectos terminados a finales de 2015 ascendió a sólo $4,9 billones; es decir, sólo el 28,4% de los proyectos programados, según la información suministrada por las mismas entidades territoriales a los sistemas de información del DNP.
Esta situación se refleja en el alto saldo que se mantiene en las cuentas maestras del SGR de los entes territoriales, que ascendió a $5 billones.
Continúan siendo críticos problemas de transparencia en la contratación
Aunque el nuevo Sistema de Regalías ha avanzado en transparencia, en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de los contratistas.
Pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente. Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos. El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%.
En general, en las auditorías practicadas por la CGR se ha observado que persisten buena parte de los problemas que han impedido que las regalías impacten efectivamente las condiciones de sociales.
De un total de $224.780 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal durante el año 2015, el 35,8% ($80.431 millones) corresponden a “elefantes blancos”, seguidos de los problemas de baja calidad de las obras (24,8%), deficiencia en las interventorías (11,2%) e incertidumbre en el cumplimiento de los productos de los proyectos (7,6%).
Por sectores, la mayor parte de los hallazgos están en agua potable y saneamiento básico (26,2%), vivienda (23,6%), educación (17,6%) y salud (10,27%), es decir los sectores altamente sensibles para la población. Sigue luego el sector de transporte (9,4%), es decir la construcción de vías.
Fuente: Prensa CGR
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Gobernación de Casanare activa caravanas humanitarias para atender damnificados por emergencias
Ante las recientes emergencias registradas en diversos municipios de Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro ha activado el equipo de atención humanitaria departamental. El objetivo es brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por las lluvias y otros eventos catastróficos que han impactado la región.
La primera jornada de estas caravanas humanitarias se llevó a cabo en Santa María de Palmarito, en el municipio de Maní, donde se entregaron ayudas con elementos de primera necesidad a los hogares damnificados por la temporada invernal. En el casco urbano de Maní, también se brindó apoyo a dos familias afectadas por un vendaval y un incendio estructural, en un esfuerzo coordinado con la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Las jornadas de atención humanitaria continuarán su recorrido por el departamento. Este jueves se tiene prevista una intervención en Paz de Ariporo, y el próximo viernes la caravana llegará a Pore, con el fin de asistir a nuevas familias que han sufrido los embates de emergencias recientes en sus comunidades.
Ayuda para familia que perdió su vivienda en incendio
Un caso destacado fue la atención a la familia de Julián Martínez y Sofía Tapón en Nunchía, cuya vivienda en la vereda Pretexto fue completamente destruida por un incendio. La emergencia consumió la estructura y todas sus pertenencias, incluyendo muebles, electrodomésticos, ropa y documentos esenciales.
Como parte de la asistencia, la Dirección de Gestión del Riesgo entregó láminas de zinc, amarres, lonas, mercados, colchonetas, toldillos y cobijas, entre otros elementos básicos para la recuperación. A esta ayuda se sumó la gestora social Diana Soler, quien proporcionó ropa para la menor, kits escolares y artículos de aseo personal.
Este trabajo humanitario, liderado por Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, se desarrolló en coordinación con la Alcaldía y los organismos de socorro, e incluyó acompañamiento psicológico a la familia afectada. Gracias a su red de apoyo, la familia no requirió traslado a un albergue temporal, recibiendo hospedaje en el núcleo familiar.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación, reparcheo y mantenimiento vial en corredores estratégicos del municipio de Yopal. El objetivo principal de estas intervenciones es mejorar la movilidad y garantizar condiciones de tránsito más seguras para los usuarios de estas importantes vías.
En el corredor que conecta Yopal con Morichal, Tilodirán y Quebrada Seca, las cuadrillas han avanzado significativamente en la recuperación de la carpeta asfáltica. A la fecha, se han intervenido aproximadamente 450 metros lineales en el sector El Atajo, 360 metros lineales en la Zona 13 y 195 metros lineales en La Cotiza, donde las labores aún prosiguen para optimizar la transitabilidad.
De manera simultánea, en el corregimiento de El Morro, específicamente en el sector de La Guamalera, se está llevando a cabo la atención de puntos críticos. En esta zona se han instalado 86 metros cúbicos de asfalto, lo que contribuye a mejorar sustancialmente las condiciones de circulación y seguridad vial. Estas acciones son parte de una estrategia impulsada por la Gobernación de Casanare, liderada por César Ortiz Zorro, y gestionada por el secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera.
Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, se han reportado situaciones de imprudencia por parte de algunos conductores. Estos han ignorado la señalización instalada en los frentes de trabajo, poniendo en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la vía.
Ante esta situación, el secretario de Infraestructura ha emitido un llamado a la responsabilidad y al respeto por las normas de tránsito en los sectores donde se realizan las intervenciones. El funcionario enfatizó que, si bien estas labores pueden generar incomodidades temporales, son cruciales para mejorar las condiciones viales y la seguridad.
Las labores continuarán en los próximos días tanto en el corredor Morichal – Tilodirán – Quebrada Seca como en el sector de La Guamalera. Se solicita a conductores y transportadores transitar con paciencia, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal, respetando la señalización y los pasos regulados para garantizar la seguridad de todos.
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Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras
Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.
Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.
De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.
Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.
