CASANARE
Sistema General de Regalías sigue produciendo “elefantes blancos”, dice Contraloría General
Nuevamente el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, cuestionó la eficiencia del Sistema General de Regalías -SGR-, durante el informe presentado al Congreso de la República por el ente de control fiscal.
Los problemas de eficiencia del Sistema General de Regalías –SGR han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación ($6,5 billones) y en las cuentas bancarias de municipios y departamentos ($5 billones), reveló Maya Villazón.
La primera de estas cifras ($6,5 billones) es la diferencia entre los recursos disponibles en el SGR y los giros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los distintos beneficiarios del sistema, a diciembre de 2015.
Al presentar al Congreso el Informe de la Contraloría General de la República sobre los “Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 2015”, el Contralor Maya Villazón señaló otros riesgos importantes en la destinación y uso de estos recursos, aparte de los excedentes de liquidez y los altos saldos en las cuentas bancarias.
· El porcentaje de proyectos terminados es de apenas (28%), lo cual refleja problemas de ejecución en entidades territoriales.
· Entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente, evidenciando problemas de transparencia en la contratación.
· De acuerdo a las auditorías adelantadas por la Contraloría –que en 2015 arrojaron 276 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $224.70 millones– se sigue presentando baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles (los llamados “elefantes blancos”).
¿Conviene hacer un desahorro de regalías?
El Contralor Maya Villazón planteó la necesidad de evaluar si es el momento o no de liberar parte de los recursos que se mantienen en el Fondo de Ahorro y Estabilización – FAEP, a fin de contrarrestar la desaceleración de la economía colombiana. En reciente intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó una propuesta en este sentido, planteando que debe discutirse un posible desahorro de $10 billones de pesos para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo.
“Aunque en esta coyuntura recesiva las regalías deben cumplir una función anticíclica, los dineros que dejen de ahorrarse deben invertirse en proyectos estratégicos y no dilapidarse”, sostuvo el Contralor General.
Inevitablemente –dijo- será pertinente analizar si es conveniente acudir a esta posibilidad cuando se sigue evidenciando una extrema lentitud en la ejecución de los recursos de las regalías. Además cuando persisten problemas de eficiencia en las entidades territoriales, que han llevado a que se mantengan estos excedentes de liquidez tan elevados.
Para el Contralor Maya Villazón, la conveniencia de aplicar un desahorro extraordinario del FAEP debe ser objeto de un fuerte debate, frente a los distintos riesgos que prevalecen en la destinación y uso de los recursos de regalías.
No puede hacerse un desahorro para seguir con pequeños proyectos
Aunque es probable que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regalías, no se cumpla la condición para desahorrar recursos del FAEP en el presupuesto del próximo bienio, el Congreso de la República podría aprobar un desahorro extraordinario como lo hizo en el presupuesto 2015-2016. Lo que hay mirar es ¿qué tan conveniente es?, subrayó el Contralor General. El Fondo de Ahorro y Estabilización FAEP cuenta con recursos cercanos a los $10 billones.
Según el Contralor, el debate pasa primero por analizar el alcance e impacto del FAEP para contrarrestar la desaceleración económica. Es decir, su posible utilidad como herramienta de una política contracícilica, dada la dispersión de los proyectos de regalías.
“Por su misma naturaleza, el FAEP debe cumplir una tarea contracíclica y ello es posible únicamente si estos recursos financian proyectos estratégicos. Si los excedentes del FAEP se siguen distribuyendo en pequeños proyectos, se disipan las posibilidades de contrarrestar la recesión a través de la inversión pública”, sostuvo Maya Villazón.
Señaló al respecto un dato preocupante: a diciembre de 2015, el número de proyectos de regalías aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones, y alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones. “Esto quiere decir que las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto”.
Aún más –agregó- proporcionalmente se están destinando pocos recursos para proyectos relacionados con aquellos sectores que impactan de manera directa las necesidades sociales de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.
Los casos críticos son la Región Caribe y la Región Pacífico, donde la población en condición de pobreza es del 65% y el 53 respectivamente, y sin embargo el porcentaje de gasto dirigido a atender las necesidades básicas es de solamente el 34% y 27%, en cada caso.
Riesgos que prevalecen en la destinación y uso de las regalías
Los excedentes están invertidos en pagarés del Tesoro Nacional apalancando el 21,7% del déficit fiscal del sector público consolidado, que es del orden de $29,9 billones. Si se suma el valor el ahorro en el FAEP ($9,7 billones de pesos), se obtiene que los excedentes totales de regalías superan los $16,2 billones, cifra que representa el 54,2 % del déficit fiscal.
Entre 2012- 2015 se distribuyeron alrededor de $35,4 billones de regalías, en inversión ($23,6 billones), ahorro ($10,2 billones) y una parte más pequeña para el funcionamiento del sistema ($1,6 billones); y se giraron $28,9 billones. Como los giros son inferiores a los dineros que se distribuyeron, el 18% de los recursos de regalías permanecen en la Nación. Aun teniendo los municipios y departamentos los proyectos aprobados y contando con los respectivos recursos, los problemas de eficiencia continúan.
A diciembre de 2015 había proyectos aprobados por $20,2 billones, de un total de recursos distribuidos para inversión de $23,6 billones. Debían haber terminado proyectos por $17,3 billones. Sin embargo, el valor de los proyectos terminados a finales de 2015 ascendió a sólo $4,9 billones; es decir, sólo el 28,4% de los proyectos programados, según la información suministrada por las mismas entidades territoriales a los sistemas de información del DNP.
Esta situación se refleja en el alto saldo que se mantiene en las cuentas maestras del SGR de los entes territoriales, que ascendió a $5 billones.
Continúan siendo críticos problemas de transparencia en la contratación
Aunque el nuevo Sistema de Regalías ha avanzado en transparencia, en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de los contratistas.
Pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente. Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos. El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%.
En general, en las auditorías practicadas por la CGR se ha observado que persisten buena parte de los problemas que han impedido que las regalías impacten efectivamente las condiciones de sociales.
De un total de $224.780 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal durante el año 2015, el 35,8% ($80.431 millones) corresponden a “elefantes blancos”, seguidos de los problemas de baja calidad de las obras (24,8%), deficiencia en las interventorías (11,2%) e incertidumbre en el cumplimiento de los productos de los proyectos (7,6%).
Por sectores, la mayor parte de los hallazgos están en agua potable y saneamiento básico (26,2%), vivienda (23,6%), educación (17,6%) y salud (10,27%), es decir los sectores altamente sensibles para la población. Sigue luego el sector de transporte (9,4%), es decir la construcción de vías.
Fuente: Prensa CGR
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
