CASANARE
Sistema General de Regalías sigue produciendo “elefantes blancos”, dice Contraloría General
Nuevamente el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, cuestionó la eficiencia del Sistema General de Regalías -SGR-, durante el informe presentado al Congreso de la República por el ente de control fiscal.
Los problemas de eficiencia del Sistema General de Regalías –SGR han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación ($6,5 billones) y en las cuentas bancarias de municipios y departamentos ($5 billones), reveló Maya Villazón.
La primera de estas cifras ($6,5 billones) es la diferencia entre los recursos disponibles en el SGR y los giros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los distintos beneficiarios del sistema, a diciembre de 2015.
Al presentar al Congreso el Informe de la Contraloría General de la República sobre los “Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 2015”, el Contralor Maya Villazón señaló otros riesgos importantes en la destinación y uso de estos recursos, aparte de los excedentes de liquidez y los altos saldos en las cuentas bancarias.
· El porcentaje de proyectos terminados es de apenas (28%), lo cual refleja problemas de ejecución en entidades territoriales.
· Entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente, evidenciando problemas de transparencia en la contratación.
· De acuerdo a las auditorías adelantadas por la Contraloría –que en 2015 arrojaron 276 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $224.70 millones– se sigue presentando baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles (los llamados “elefantes blancos”).
¿Conviene hacer un desahorro de regalías?
El Contralor Maya Villazón planteó la necesidad de evaluar si es el momento o no de liberar parte de los recursos que se mantienen en el Fondo de Ahorro y Estabilización – FAEP, a fin de contrarrestar la desaceleración de la economía colombiana. En reciente intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó una propuesta en este sentido, planteando que debe discutirse un posible desahorro de $10 billones de pesos para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo.
“Aunque en esta coyuntura recesiva las regalías deben cumplir una función anticíclica, los dineros que dejen de ahorrarse deben invertirse en proyectos estratégicos y no dilapidarse”, sostuvo el Contralor General.
Inevitablemente –dijo- será pertinente analizar si es conveniente acudir a esta posibilidad cuando se sigue evidenciando una extrema lentitud en la ejecución de los recursos de las regalías. Además cuando persisten problemas de eficiencia en las entidades territoriales, que han llevado a que se mantengan estos excedentes de liquidez tan elevados.
Para el Contralor Maya Villazón, la conveniencia de aplicar un desahorro extraordinario del FAEP debe ser objeto de un fuerte debate, frente a los distintos riesgos que prevalecen en la destinación y uso de los recursos de regalías.
No puede hacerse un desahorro para seguir con pequeños proyectos
Aunque es probable que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regalías, no se cumpla la condición para desahorrar recursos del FAEP en el presupuesto del próximo bienio, el Congreso de la República podría aprobar un desahorro extraordinario como lo hizo en el presupuesto 2015-2016. Lo que hay mirar es ¿qué tan conveniente es?, subrayó el Contralor General. El Fondo de Ahorro y Estabilización FAEP cuenta con recursos cercanos a los $10 billones.
Según el Contralor, el debate pasa primero por analizar el alcance e impacto del FAEP para contrarrestar la desaceleración económica. Es decir, su posible utilidad como herramienta de una política contracícilica, dada la dispersión de los proyectos de regalías.
“Por su misma naturaleza, el FAEP debe cumplir una tarea contracíclica y ello es posible únicamente si estos recursos financian proyectos estratégicos. Si los excedentes del FAEP se siguen distribuyendo en pequeños proyectos, se disipan las posibilidades de contrarrestar la recesión a través de la inversión pública”, sostuvo Maya Villazón.
Señaló al respecto un dato preocupante: a diciembre de 2015, el número de proyectos de regalías aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones, y alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones. “Esto quiere decir que las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto”.
Aún más –agregó- proporcionalmente se están destinando pocos recursos para proyectos relacionados con aquellos sectores que impactan de manera directa las necesidades sociales de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.
Los casos críticos son la Región Caribe y la Región Pacífico, donde la población en condición de pobreza es del 65% y el 53 respectivamente, y sin embargo el porcentaje de gasto dirigido a atender las necesidades básicas es de solamente el 34% y 27%, en cada caso.
Riesgos que prevalecen en la destinación y uso de las regalías
Los excedentes están invertidos en pagarés del Tesoro Nacional apalancando el 21,7% del déficit fiscal del sector público consolidado, que es del orden de $29,9 billones. Si se suma el valor el ahorro en el FAEP ($9,7 billones de pesos), se obtiene que los excedentes totales de regalías superan los $16,2 billones, cifra que representa el 54,2 % del déficit fiscal.
Entre 2012- 2015 se distribuyeron alrededor de $35,4 billones de regalías, en inversión ($23,6 billones), ahorro ($10,2 billones) y una parte más pequeña para el funcionamiento del sistema ($1,6 billones); y se giraron $28,9 billones. Como los giros son inferiores a los dineros que se distribuyeron, el 18% de los recursos de regalías permanecen en la Nación. Aun teniendo los municipios y departamentos los proyectos aprobados y contando con los respectivos recursos, los problemas de eficiencia continúan.
A diciembre de 2015 había proyectos aprobados por $20,2 billones, de un total de recursos distribuidos para inversión de $23,6 billones. Debían haber terminado proyectos por $17,3 billones. Sin embargo, el valor de los proyectos terminados a finales de 2015 ascendió a sólo $4,9 billones; es decir, sólo el 28,4% de los proyectos programados, según la información suministrada por las mismas entidades territoriales a los sistemas de información del DNP.
Esta situación se refleja en el alto saldo que se mantiene en las cuentas maestras del SGR de los entes territoriales, que ascendió a $5 billones.
Continúan siendo críticos problemas de transparencia en la contratación
Aunque el nuevo Sistema de Regalías ha avanzado en transparencia, en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de los contratistas.
Pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente. Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos. El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%.
En general, en las auditorías practicadas por la CGR se ha observado que persisten buena parte de los problemas que han impedido que las regalías impacten efectivamente las condiciones de sociales.
De un total de $224.780 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal durante el año 2015, el 35,8% ($80.431 millones) corresponden a “elefantes blancos”, seguidos de los problemas de baja calidad de las obras (24,8%), deficiencia en las interventorías (11,2%) e incertidumbre en el cumplimiento de los productos de los proyectos (7,6%).
Por sectores, la mayor parte de los hallazgos están en agua potable y saneamiento básico (26,2%), vivienda (23,6%), educación (17,6%) y salud (10,27%), es decir los sectores altamente sensibles para la población. Sigue luego el sector de transporte (9,4%), es decir la construcción de vías.
Fuente: Prensa CGR
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
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Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
