CASANARE
Sistema General de Regalías sigue produciendo “elefantes blancos”, dice Contraloría General
Nuevamente el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, cuestionó la eficiencia del Sistema General de Regalías -SGR-, durante el informe presentado al Congreso de la República por el ente de control fiscal.
Los problemas de eficiencia del Sistema General de Regalías –SGR han llevado a que se acumulen grandes excedentes de liquidez en la Tesorería General de la Nación ($6,5 billones) y en las cuentas bancarias de municipios y departamentos ($5 billones), reveló Maya Villazón.
La primera de estas cifras ($6,5 billones) es la diferencia entre los recursos disponibles en el SGR y los giros que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los distintos beneficiarios del sistema, a diciembre de 2015.
Al presentar al Congreso el Informe de la Contraloría General de la República sobre los “Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 2015”, el Contralor Maya Villazón señaló otros riesgos importantes en la destinación y uso de estos recursos, aparte de los excedentes de liquidez y los altos saldos en las cuentas bancarias.
· El porcentaje de proyectos terminados es de apenas (28%), lo cual refleja problemas de ejecución en entidades territoriales.
· Entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente, evidenciando problemas de transparencia en la contratación.
· De acuerdo a las auditorías adelantadas por la Contraloría –que en 2015 arrojaron 276 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $224.70 millones– se sigue presentando baja calidad de las obras, deficiencias de interventoría, mayores valores pagados y obras inconclusas o inútiles (los llamados “elefantes blancos”).
¿Conviene hacer un desahorro de regalías?
El Contralor Maya Villazón planteó la necesidad de evaluar si es el momento o no de liberar parte de los recursos que se mantienen en el Fondo de Ahorro y Estabilización – FAEP, a fin de contrarrestar la desaceleración de la economía colombiana. En reciente intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó una propuesta en este sentido, planteando que debe discutirse un posible desahorro de $10 billones de pesos para mitigar el impacto de la caída de los precios del petróleo.
“Aunque en esta coyuntura recesiva las regalías deben cumplir una función anticíclica, los dineros que dejen de ahorrarse deben invertirse en proyectos estratégicos y no dilapidarse”, sostuvo el Contralor General.
Inevitablemente –dijo- será pertinente analizar si es conveniente acudir a esta posibilidad cuando se sigue evidenciando una extrema lentitud en la ejecución de los recursos de las regalías. Además cuando persisten problemas de eficiencia en las entidades territoriales, que han llevado a que se mantengan estos excedentes de liquidez tan elevados.
Para el Contralor Maya Villazón, la conveniencia de aplicar un desahorro extraordinario del FAEP debe ser objeto de un fuerte debate, frente a los distintos riesgos que prevalecen en la destinación y uso de los recursos de regalías.
No puede hacerse un desahorro para seguir con pequeños proyectos
Aunque es probable que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regalías, no se cumpla la condición para desahorrar recursos del FAEP en el presupuesto del próximo bienio, el Congreso de la República podría aprobar un desahorro extraordinario como lo hizo en el presupuesto 2015-2016. Lo que hay mirar es ¿qué tan conveniente es?, subrayó el Contralor General. El Fondo de Ahorro y Estabilización FAEP cuenta con recursos cercanos a los $10 billones.
Según el Contralor, el debate pasa primero por analizar el alcance e impacto del FAEP para contrarrestar la desaceleración económica. Es decir, su posible utilidad como herramienta de una política contracícilica, dada la dispersión de los proyectos de regalías.
“Por su misma naturaleza, el FAEP debe cumplir una tarea contracíclica y ello es posible únicamente si estos recursos financian proyectos estratégicos. Si los excedentes del FAEP se siguen distribuyendo en pequeños proyectos, se disipan las posibilidades de contrarrestar la recesión a través de la inversión pública”, sostuvo Maya Villazón.
Señaló al respecto un dato preocupante: a diciembre de 2015, el número de proyectos de regalías aprobados llegaba a cerca de 10.000, por un valor de $20,3 billones, y alrededor de 6.600 son proyectos de menos de $1.000 millones. “Esto quiere decir que las dos terceras partes de las regalías se están destinando a proyectos de bajo impacto”.
Aún más –agregó- proporcionalmente se están destinando pocos recursos para proyectos relacionados con aquellos sectores que impactan de manera directa las necesidades sociales de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda y salud.
Los casos críticos son la Región Caribe y la Región Pacífico, donde la población en condición de pobreza es del 65% y el 53 respectivamente, y sin embargo el porcentaje de gasto dirigido a atender las necesidades básicas es de solamente el 34% y 27%, en cada caso.
Riesgos que prevalecen en la destinación y uso de las regalías
Los excedentes están invertidos en pagarés del Tesoro Nacional apalancando el 21,7% del déficit fiscal del sector público consolidado, que es del orden de $29,9 billones. Si se suma el valor el ahorro en el FAEP ($9,7 billones de pesos), se obtiene que los excedentes totales de regalías superan los $16,2 billones, cifra que representa el 54,2 % del déficit fiscal.
Entre 2012- 2015 se distribuyeron alrededor de $35,4 billones de regalías, en inversión ($23,6 billones), ahorro ($10,2 billones) y una parte más pequeña para el funcionamiento del sistema ($1,6 billones); y se giraron $28,9 billones. Como los giros son inferiores a los dineros que se distribuyeron, el 18% de los recursos de regalías permanecen en la Nación. Aun teniendo los municipios y departamentos los proyectos aprobados y contando con los respectivos recursos, los problemas de eficiencia continúan.
A diciembre de 2015 había proyectos aprobados por $20,2 billones, de un total de recursos distribuidos para inversión de $23,6 billones. Debían haber terminado proyectos por $17,3 billones. Sin embargo, el valor de los proyectos terminados a finales de 2015 ascendió a sólo $4,9 billones; es decir, sólo el 28,4% de los proyectos programados, según la información suministrada por las mismas entidades territoriales a los sistemas de información del DNP.
Esta situación se refleja en el alto saldo que se mantiene en las cuentas maestras del SGR de los entes territoriales, que ascendió a $5 billones.
Continúan siendo críticos problemas de transparencia en la contratación
Aunque el nuevo Sistema de Regalías ha avanzado en transparencia, en materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de los contratistas.
Pese a que la contratación por concurso es preponderante, en la mayoría de los procesos de contratación hay un solo oferente. Este cálculo resulta del análisis de una muestra de 3.247 contratos, que representa el 78% del valor de la contratación por concurso y el 22% del número de contratos. El resultado es que entre 2012 y 2015, el 72% de la contratación por concurso, licitación pública y concurso de méritos, se realizó con un único oferente. En ningún departamento este porcentaje baja del 50%; mientras que hay 20 departamentos que están por encima de ese 72%.
En general, en las auditorías practicadas por la CGR se ha observado que persisten buena parte de los problemas que han impedido que las regalías impacten efectivamente las condiciones de sociales.
De un total de $224.780 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal durante el año 2015, el 35,8% ($80.431 millones) corresponden a “elefantes blancos”, seguidos de los problemas de baja calidad de las obras (24,8%), deficiencia en las interventorías (11,2%) e incertidumbre en el cumplimiento de los productos de los proyectos (7,6%).
Por sectores, la mayor parte de los hallazgos están en agua potable y saneamiento básico (26,2%), vivienda (23,6%), educación (17,6%) y salud (10,27%), es decir los sectores altamente sensibles para la población. Sigue luego el sector de transporte (9,4%), es decir la construcción de vías.
Fuente: Prensa CGR
Un hecho de violencia sacudió la madrugada de este domingo 22 de marzo en el municipio de Yopal, donde una riña con arma cortopunzante dejó una persona muerta y otra gravemente herida, hermanos entre si. El caso se registró hacia la 1:45 a.m. en el sector de invasión Mi Nueva Esperanza, en zona urbana de la ciudad.
De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Kelli Johan Sánchez Cachaya, de 37 años, quien sufrió heridas en la región precordial y escapular izquierda. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho resultó herido Cristian David Sánchez Cachaya, de 27 años, quien presenta múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y permanece bajo atención médica.
Según el reporte oficial, ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una de las viviendas de la invasión, cuando se desató una discusión con un vecino por el ruido excesivo que estaba generando. La situación escaló rápidamente y terminó en un ataque con cuchillo, perpetrado por el vecino ruidoso identificado como Jeremías Andrés Burgos Cabrera, quien respondió así cuando los hermanos Sánchez Cachaya le reclamaron, y, presuntamente, le lanzaron una botella.
El señalado agresor fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos, donde además se incautó el arma cortopunzante utilizada en la agresión. Las autoridades indicaron que tanto la víctima mortal como el capturado registran antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.
CASANARE
Esta Semana Santa consuma pescado producido en Casanare, PezCasanare campaña de la Gobernación
En el marco de la Semana Santa, la Gobernación de Casanare impulsa el consumo de pescado producido en el departamento a través de la campaña PezCasanare, una estrategia orientada a incentivar la compra de productos cultivados con prácticas responsables y sostenibles, en respaldo a las comunidades rurales.
La iniciativa se desarrolla en un contexto de crecimiento de la acuicultura, que se consolida como una de las actividades productivas con mayor proyección. Durante 2024, la producción piscícola de Casanare registró un aumento del 45% frente a otros departamentos, evidenciando su capacidad para posicionarse a nivel nacional en el cultivo de especies como mojarra, cachama y trucha.
El departamento cuenta con cerca de 1.200 unidades productivas y alrededor de 883 hectáreas de espejo de agua, lo que permite alcanzar una producción anual cercana a 14.000 toneladas de pescado. Estas cifras evidencian la dinámica del sector y su aporte a la economía.
El secretario de Agricultura, Alexi Duarte, señaló que la campaña busca fortalecer el consumo de pescado producido en Casanare, destacando especies como la mojarra y la trucha cultivada en La Salina, además de reconocer el trabajo de los productores que han recibido asistencia técnica y procesos de capacitación.
Entretanto, municipios como Monterrey, Villanueva, Sabanalarga, Tauramena, Yopal, Aguazul, Nunchía, San Luis de Palenque y Sácama concentran la actividad piscícola, generando empleo para más de 200 actores del sector y aportando a la seguridad alimentaria.
Finalmente, la proyección del sector contempla la construcción de una planta de procesamiento de pescado, iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que permitirá diversificar la oferta, acceder a nuevos mercados y fortalecer los estándares de calidad.
CASANARE
Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”
“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.
Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.
León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.
Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.
Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.
El reconocimiento
Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.
Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.
Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.
Las víctimas alzaron su voz
Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.
El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.
A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.
Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.
A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.
En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.
¿Qué sigue?
Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.
