CASANARE
Sigue polémica por construcción de la nueva sede del Centro Social en Yopal
El secretario de Educación de Yopal, Yesid Jiménez Silva, le salió al paso a las críticas de algunos Concejales que cuestionan a la Administración Municipal por el tema de la construcción de la nueva sede del Centro Social, en el lote contiguo a la Estación de Policía en la vía a Sirivana, señalando que seguirán en la lucha para que la mencionada sede sea una realidad.
Expresó el secretario de Educación, que tienen toda la voluntad de darle solución a la situación actual del plantel educativo, dijo que dentro del Plan de Desarrollo quedó estipulado el mejoramiento, la construcción, la dotación y ampliación de la infraestructura educativa de Yopal y por su puesto el Centro Social hace parte de dicha infraestructura.
Aseguró Jiménez, frente a las apreciaciones de algunos concejales, que no son enemigos del proyecto Centro Social, “nosotros mismos hemos dado la pelea, hemos hablado con el Ministerio de Educación y estamos proponiendo una mesa de trabajo con todos los sectores para que miremos las posibles soluciones eficientes y rápidas frente a la situación del colegio”.
Comunicado a la Opinión Pública
Al respecto, la Alcaldía de Yopal emitió un Comunicado a la Opinión Pública, en los siguientes términos:
Frente a la polémica que ha suscitado el debate de control político realizado por el Concejo Municipal a la Secretaría de Educación y la Oficina Asesora de Planeación sobre el proyecto para la construcción de la sede del colegio Centro Social, la Alcaldía de Yopal informa a la opinión pública:
1. La Administración Municipal en ningún momento se opone al proyecto, pero se hace necesario revisar detalladamente el proceso en un ámbito técnico, administrativo y jurídico, para ejecutar iniciativas cumpliendo cabalmente el principio de planeación y legalidad.
2. Profesionales adscritos a la Oficina Asesora de Planeación realizaron un estudio técnico donde se encontraron aspectos importantes a debatir, entre los que se encuentran:
- Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural (Pimur), vigentes en el municipio, se afecta notablemente los perfiles viales plasmados para la movilidad en el sector aledaño al predio donde se pretende ejecutar el proyecto, generando una diferencia de 6.820 metros, los cuales no coinciden con el área destinada inicialmente.
- La norma NTC 4595 establece que en ese tipo de proyectos se deben establecer 2 vías de acceso (para este caso sería las carreras 33 y 37), pero esas vías no pueden registrar tráfico pesado o de alta velocidad, situación que no se cumple con la carrera 33, ya que, al momento de culminar esta carretera, servirá de conexión con la vía al sector de Matepantano y la calle 40, por ende, inevitablemente registrará un alto tráfico vehicular y a grandes velocidades.
- La opción de crear 3 vías adicionales para darle accesibilidad al proyecto, representa un incremento notable en la destinación de recursos para la construcción y mantenimiento, además dichas vías no se encuentran incluidas en el POT o el Pimur.
- La norma NTC 4595 establece que no se deben construir instituciones educativas en un perímetro menor a 50 metros de un canal abierto, situación que no se cumple teniendo en cuenta que 40 metros alrededor del predio solicitado se encuentra en canal del Remanso.
3. Si bien es cierto que hay una licencia de construcción, hay diferencias entre los acuerdos desde el año 2010 en adelante y las escrituras públicas, en cuanto a las áreas, el Pimur y el POT.
4. Se tiene que revisar posibilidades de que la licencia pueda tener inconsistencias, por ende, debe ser revisada a la luz de la claridad del Pimur y el POT, para que no exista ningún vicio de nulidad relativa o absoluta.
5. Referente a los certificados suministrados a la plataforma del Ministerio de Educación, estos documentos en el Sistema General de Regalías (SGR) tienen unos efectos técnicos y jurídicos, teniendo en cuenta que hay detrás un estudio técnico, administrativo y jurídico, ya que son requisitos que hay que cumplir con acuerdo a la comisión rectora, por tal motivo se requiere todo el soporte técnico que establece la normatividad del SGR.
6. La Alcaldía de Yopal en su análisis busca establecer una claridad jurídica teniendo en cuenta la posición de la Policía Nacional, manifestada en 44 oficios, donde deja ver su perspectiva frente al proyecto exigiendo a su vez explicación legal sobre el mismo. Aducen incluso que, si se construye el colegio, se ven en la obligación de retirarse del lugar, de acuerdo a la jurisprudencia, por el riesgo inminente que esto representa, haciendo mención a los fallos de las altas cortes. No es una sola consideración del municipio sino de un órgano que hace parte de la estructura del Estado, el cual fija su posición y es deber de esta administración analizar la postura a la luz de la jurisprudencia.
7. Los tratados internacionales y la jurisprudencia hacen parte del sistema normativo del país y existen indicios graves frente a situaciones de guerra en el municipio de Yopal como fue el ataque al Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), ocurrido el 10 de enero del presente año.
¿Y la sede actual?
De otra parte, durante una extensa rueda de prensa, se conoció que el predio donde actualmente se encuentra ubicada la sede del Centro Social en el centro de la ciudad está en un litigio con la Diócesis de Yopal, y la Administración Municipal considera que esta propiedad se puede recuperar ya que aparece a nombre del municipio, y por tal razón decidieron llevar a cabo el proceso judicial.
Por lo anterior se espera resultados del proceso, teniendo en cuenta que ya no se pagaría arriendo y el predio seguiría siendo del Centro Social.
YOPALEl secretario de Educación de Yopal, Yesid Jiménez, entrega conclusiones de la rueda de prensa sobre la situación actual de la sede del Colegio Centro Social.
Posted by El Diario Del Llano on Saturday, August 1, 2020
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
