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Senadora Maritza Martínez solicita se declare Emergencia Sanitaria por crisis de la salud en el Meta

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La Senadora Maritza Martínez Aristizábal le solicitó al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que ante la evidente crisis funcional que atraviesa el sistema de salud en Villavicencio, se declare el estado de Emergencia Sanitaria.

En carta dirigida al Ministro, la parlamentaria señala que la medida es necesaria, teniendo en cuenta la situación que enfrenta la red clínica y hospitalaria de la capital metense, donde el Hospital Departamental que aún se encuentra intervenido, colapsó el pasado fin de semana al registrar un sobrecupo superior al 250%, y que revierte en profundas consecuencias en la región de la Orinoquia toda vez que este Hospital encabeza la infraestructura de salud regional y presta el servicio a toda la población llanera.

Dice Martínez Aristizábal, que el soporte normativo de esta declaratoria de emergencia es la Ley 1753 de 2015 que consagra este mecanismo para afrontar situaciones de crisis en la prestación del servicio de salud, como la que se ha generado en el Meta con ocasión del reiterado y sistemático incumplimiento en las obligaciones financieras de las EPS a las IPS que han desencadenado la desatención de los usuarios, derivando en una mayor afluencia de pacientes al Hospital Departamental de Villavicencio, con lo cual se desbordó su capacidad de atención y la consecuente prestación del servicio en forma indigna e inhumana y dando como resultado un riesgo inminente en el cierre de varias clínicas de la ciudad.

“Existen protuberantes fallas en las entidades del orden nacional encargadas de vigilar la salud de los colombianos. En primera instancia, no se encuentra un acompañamiento efectivo en los procedimientos de cobro de cartera de las EPS, lo cual agudiza la tragedia que miles de colombianos padecen en la medida que las EPS irresponsablemente no están garantizando una red de prestadores públicos y privados”, señala la Senadora en la carta al Ministro.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría: detenidos en cantón militar de Apiay deben pasar a centros de reclusión

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En oficio enviado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación solicitó el traslado inmediato a centros carcelarios de las Personas Privadas de la Libertad con medida de aseguramiento, que están bajo la custodia del Batallón de Ingenieros No. 7 “General Carlos Albán Estupiñán”, con sede en el Cantón Militar de Apiay (Meta), Cuarta División del Ejército Nacional.

El requerimiento del ente de control busca que se hagan efectivas las órdenes judiciales impuestas contra 25 detenidos, cuya seguridad fue asignada transitoriamente al mencionado batallón desde el 2020 en razón de la emergencia sanitaria decretada, a pesar de que su custodia y vigilancia le correspondía a los centros de reclusión del INPEC legalmente constituidos.

En el escrito al director del INPEC, el Procurador Regional del Meta, Luis Enrique Moncada Reyes, reiteró la advertencia hecha por el comandante del Batallón de Ingenieros No. 7, quien puntualizó que las instalaciones del Cantón Militar de Apiay se encuentran a un 100% de su capacidad.

Esta actuación preventiva de Ministerio Público hace parte de una labor interinstitucional articulada que no pretende coadministrar, sino velar por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la soberanía, y por la integridad territorial y el orden constitucional.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Juez del Meta condena a pareja de indígenas que abusó sexualmente de sus hijos

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El Tribunal Superior de Villavicencio confirmó las condenas a 18 y 10 años de prisión impuestas a una pareja de indígenas que abusó de sus dos hijos que para la época de los hechos tenían; el niño 9 años de edad y niña 12.

Las investigaciones determinaron que las agresiones sexuales contra los dos niños iniciaron en 2012; y se habrían presentado en repetidas oportunidades.

El material de prueba recaudado evidenció que los abusos se presentaron al interior de una comunidad del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Al parecer, los hechos de violencia sexual se generaban cuando los padres de las víctimas consumían licor.

La evidencia recaudada determinó que los menores; además de ser agredidos por los adultos, eran obligados a presenciar escenas íntimas entre sus padres y varios vejámenes.

El abundante material de prueba presentado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas Abuso Sexual (CAIVAS) en Meta permitió que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio, en primera instancia, impusiera la referida pena.

Dicha condena fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

La pareja fue imputada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Las dos personas judicializadas fueron enviadas a prisión en marzo de 2013. Aunque la defensa de los procesados apeló la decisión alegando la incompetencia de la justicia ordinaria, el Tribunal confirmó el fallo contra los procesados y negó el traslado del condenado a un centro carcelario indígena.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Por crimen de reincorporado y un civil capturan al “Indio Yagarí” en el Meta

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El Juez Promiscuo Municipal de La Macarena envió a prisión a Luis Albeiro Yagarí Rucaira, alias el Indio Yagarí, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, grupo Jorge Briceño en zona rural de La Uribe.

El Indio Yagarí no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las pruebas indican que el capturado participó en el homicidio del reincorporado Albeiro Gallego Mesa y del civil José Wilson López Galvis, ocurrido el 21 de marzo de 2020 en la vereda Villanueva Alta del municipio de La Macarena.

Al término de las audiencias concentradas, el juez dispuso la detención domiciliaria para el investigado en un lugar diferente al resguardo indígena Embera Chamí La Julia, ya que es miembro de la directiva del cabildo y secretario administrativo del Comité Ejecutivo Municipal del MAIS en La Uribe.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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