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Senadora Maritza Martínez reclama a la ANI por parálisis del proyecto de la malla vial del Meta
En misiva dirigida a Luis Fernando Andrade Moreno, director de la ANI, la Senadora Maritza Martínez Aristizábal cuestionó a la Entidad sobre la situación actual de incertidumbre que rodea al proyecto de la “Concesión Malla Vial del Meta”, cuyo objeto es la intervención de los tramos que conectan a los Municipios de Granada, San Martín, Acacías, con la ciudad de Villavicencio, sus principales accesos y salidas, que comunican a la capital del Meta con los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y el sector de Puente Arimena, frontera con el departamento del Vichada, así como también con la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare.
En su misiva, Martínez Aristizábal señala que no es justo que tras el ambiente de optimismo que generó la firma del contrato de la Alianza Público-Privada 04 de 2015, dado que la misma responde a las necesidades que tiene la región en materia de seguridad y conectividad para la competitividad, la obra se encuentre paralizada a raíz de imprecisiones en los cálculos financieros realizados por parte de la Concesionaria, los cuales vinieron a ser tangibles a raíz de la crisis económica derivada de la caída en los precios del petróleo.
“Solicitamos la acción inmediata de la Agencia Nacional de Infraestructura, y del Gobierno Nacional en general, para encontrar una salida que permita la ejecución del objeto contratado, en el menor tiempo posible, dada la importancia y el beneficio que esta obra traería a la economía y el bienestar de la comunidad.”, puntualizó la Senadora Llanera.
Fuente: Prensa Senadora Maritza Martínez
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
