META
Se perdieron los testigos del caso por Refinería de Llanopetrol
Tres años después de haber iniciado la investigación con la captura de cuatro exfuncionarios de la Gobernación del Meta por el proyecto de Refinería – Llanopetrol, y haberlos vinculados a un proceso penal, la Fiscalía está desubicada y ahora no encuentra a los testigos.
Así quedó registrado en audiencia pública ayer en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, al tanto que el Juez no pudo instalar el Juicio oral debido a que la Fiscal del caso, Martha Roa Salazar, llegó sin la teoría de acusación y no encontró a los testigos que tenían que declarar.
El Juicio estaba programado desde hace un año y los procesados llegaron preparados para empezar a controvertir las pruebas que esperaban, fueran exhibidas por la Delegada del ente persecutor.
Al inicio de su intervención entró ofreciendo disculpas a los sujetos procesales presentes y al Juez que presidió la audiencia, aduciendo quebrantos en su salud asociados a síntomas del Coronavirus y de los que hace poco se recuperó.
Así mismo se disculpó porque no localizó a los testigos y otro está incapacitado, situación por la que pidió aplazamiento del juicio oral para fechas posteriores, a lo que el Juez aceptó y reprogramó la etapa de juzgamiento para comenzar el lunes 20 de septiembre y trabajar toda esa semana hasta el 24 del mismo mes.
Dada a esa salida sorprendente de la Fiscalía para los investigados, Ricardo Rodríguez Henao, Luz Stella Casasfranco Vanegas, Jairo Iván Frías Carreño y Hernando Martínez Aguilera, algunos abogados defensores aprovecharon para solicitar al Juez, la vinculación de pruebas sobrevinientes que surgen con la absolución y el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República y las actuaciones de archivo en la Procuraduría.
De la misma manera, pidieron la inclusión de unas pruebas grafológicas con la que Ricardo Rodríguez Henao, busca demostrar que le falsificaron su firma. Pese a que la Fiscalía no ha elaborado la teoría del caso, desde ya advirtió que se opone rotundamente a la incorporación de las pruebas sobrevinientes y que hará la sustentación en el mes de septiembre.
Entretanto, el Juez una vez escuche a la Fiscalía, entrará a resolver si prospera la petición de los procesados o rechaza las pruebas.
Fuente: Noticiero del Llano
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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