META
Se perdieron los testigos del caso por Refinería de Llanopetrol
Tres años después de haber iniciado la investigación con la captura de cuatro exfuncionarios de la Gobernación del Meta por el proyecto de Refinería – Llanopetrol, y haberlos vinculados a un proceso penal, la Fiscalía está desubicada y ahora no encuentra a los testigos.
Así quedó registrado en audiencia pública ayer en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, al tanto que el Juez no pudo instalar el Juicio oral debido a que la Fiscal del caso, Martha Roa Salazar, llegó sin la teoría de acusación y no encontró a los testigos que tenían que declarar.
El Juicio estaba programado desde hace un año y los procesados llegaron preparados para empezar a controvertir las pruebas que esperaban, fueran exhibidas por la Delegada del ente persecutor.
Al inicio de su intervención entró ofreciendo disculpas a los sujetos procesales presentes y al Juez que presidió la audiencia, aduciendo quebrantos en su salud asociados a síntomas del Coronavirus y de los que hace poco se recuperó.
Así mismo se disculpó porque no localizó a los testigos y otro está incapacitado, situación por la que pidió aplazamiento del juicio oral para fechas posteriores, a lo que el Juez aceptó y reprogramó la etapa de juzgamiento para comenzar el lunes 20 de septiembre y trabajar toda esa semana hasta el 24 del mismo mes.
Dada a esa salida sorprendente de la Fiscalía para los investigados, Ricardo Rodríguez Henao, Luz Stella Casasfranco Vanegas, Jairo Iván Frías Carreño y Hernando Martínez Aguilera, algunos abogados defensores aprovecharon para solicitar al Juez, la vinculación de pruebas sobrevinientes que surgen con la absolución y el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República y las actuaciones de archivo en la Procuraduría.
De la misma manera, pidieron la inclusión de unas pruebas grafológicas con la que Ricardo Rodríguez Henao, busca demostrar que le falsificaron su firma. Pese a que la Fiscalía no ha elaborado la teoría del caso, desde ya advirtió que se opone rotundamente a la incorporación de las pruebas sobrevinientes y que hará la sustentación en el mes de septiembre.
Entretanto, el Juez una vez escuche a la Fiscalía, entrará a resolver si prospera la petición de los procesados o rechaza las pruebas.
Fuente: Noticiero del Llano
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
