CASANARE
Se levantó bloqueo en el relleno sanitario de Yopal, se restablece recolección de basuras
Fijando nuevos compromisos con la comunidad del Corregimiento Alcaraván La Niata por parte de las diferentes autoridades que se hicieron presentes en el acceso al relleno sanitario “El Cascajar” en Yopal, se levantó el bloqueo que estas personas mantenían en el sitio y que no permitía la disposición final de basuras tanto de la capital casanareña como de otros 15 municipios.
Durante la reunión se verificaron los compromisos adquiridos anteriormente por las entidades y se fijaron unos nuevos, que permitieron que la comunidad que protestaba desde el fin de semana anterior levantara el bloqueo.
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal reiteró el compromiso para garantizar las mejores condiciones en el relleno y sus alrededores, donde se ha logrado optimizar los procesos de compactación, disminución de olores y tratamiento de lixiviados con la implementación de nuevas técnicas en el lugar.
Ante las inquietudes de la comunidad sobre la ampliación del relleno y la solicitud de los habitantes de la zona de establecer la ubicación para el relleno definitivo en otro sector, la EAAAY indicó que tanto los estudios y diseños presentados por la Empresa como los entregados por Acuatodos para la ampliación y cierre de El Cascajar están siendo viabilizados por el Ministerio de Vivienda, así mismo, se han adelantado las gestiones ante Corporinoquia para ampliar la Licencia Ambiental para garantizar la ejecución del proyecto, mientras las administraciones Municipal y Departamental determinan la solución del relleno definitivo, que de acuerdo a los compromisos de la jornada, deberá conocerse en un plazo máximo de 6 meses.
El Gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, anunció que cuenta con los recursos para financiar el 100% del proyecto de ampliación del relleno, siempre y cuando se seleccione el presentado por Acuatodos (17 mil millones de pesos), si se aprueban los estudios aprobados por la EAAAY (11 mil millones de pesos) la Gobernación solo aportará el porcentaje establecido por el Tribunal Administrativo de Casanare, es decir, un aporte del 35%.
Sobre el tema de los lixiviados, la EAAAY aclaró que no existe vertimiento de estas aguas, que si bien la Empresa maneja un sistema básico de recirculación y evaporación, con la implementación de la metodología de Fitoremediación desde el segundo semestre de 2016, se ha logrado mejorar los procesos con buenos resultados para el cumplimiento de la norma.
Una consultoría financiada por la Superintendencia de Servicios Públicos determinó un método más eficiente para el manejo de estos lixiviados, conocido como reactor UASB con un costo de 600 millones de pesos, pero como la EAAAY no cuenta con estos recursos, en el 2016 se recurrió a la Alcaldía que había evaluado y viabilizado el proyecto, pero finalmente no aportó los recursos y finalizó el proceso sin justificación alguna. La Empresa lo incluyó dentro de su proyecto de ampliación y cierre programado del relleno sanitario, mientras que Acuatodos plantea la construcción de otra piscina más de lixiviados.
La EAAAY se comprometió también, a revisar en conjunto con Corporinoquia las quejas presentadas por la comunidad para dar la tranquilidad a los habitantes de que no se está realizando un tratamiento irresponsable de los lixiviados. Otro compromiso de la Empresa es desarrollar labores inmediatas de nivelación de la celda 9A en un plazo no mayor a un mes, en cumplimiento a la medida preventiva emitida por Corporinoquia, actividades que contarán con el seguimiento de representantes de la comunidad.
Finalizado el bloqueo de la entrada al relleno, la EAAAY informó que el personal del servicio de recolección retoma el cumplimiento de las rutas en los horarios y frecuencias habituales, a fin de mitigar en el menor tiempo posible la afectación generada en los hogares y diferentes usuarios del servicio.
Para que la comunidad levantara el bloqueo fue fundamental la presencia del Gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera en el sitio, por los compromisos que adquirió el mandatario departamental.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
