CASANARE
Sala de crisis definió acciones para evitar trasvase del río La Curama en Pore
La Gobernación de Casanare, la Alcaldía Municipal y organismos de socorro tomaron medidas para prevenir y reducir ante el posible trasvase de La Curama hacia una madrevieja.El director de Gestión del Riesgo Arvey Méndez, acompañó la instalación de la Sala de Crisis en el municipio de Pore, desde donde se coordinan las acciones en torno a la socavación que presenta el río La Curama, el cual amenaza con cambiar el curso hacia su antiguo cauce, lo que podría generar la pérdida de por lo menos 25 viviendas asentadas sobre la ribera de la madrevieja. Entre las medidas adoptadas, se ordenó el desplazamiento de cuatro retroexcavadoras, que trabajarán en la canalización del río Pauto, para disminuirle el agua que le está vertiendo a La Curama. Se espera que con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y algunas empresas privadas del sector, reunir como mínimo un equipo de siete máquinas en operación.Según lo definido, será la Alcaldía Municipal la encargada de realizar el censo de personas que deben ser evacuadas; determinar quiénes necesitan un albergue temporal y proporcionarlo.La sala de crisis continuará activa hasta que se reduzca el nivel de alerta, con el propósito de proteger vidas humanas, en ella estarán en coordinación todas las autoridades del municipio, organismos de socorro del nivel departamental, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación de Casanare.Desde la sala de crisis se hizo un llamado a los campesinos de las veredas La Plata, Brisas del Pauto, Regalito y Miralindo ubicados sobre la ribera de la madrevieja del río La Curama, a tomar medidas preventivas y permanecer atentos a las alertas que se estarán emitiendo continuamente, desde el monitoreo que se realiza al fenómeno natural activo.
Fuente: Gobernación de Casanare
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
