CASANARE
Corporinoquia se rajó cuidando el río Cravo Sur, según Procuraduría
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales generó un primer informe técnico a raíz de la denuncia formulada el año anterior por la Veeduría Ciudadana conformada en la Vereda La Manga de Yopal, por la intervención al cauce del río Cravo Sur para adelantar actividades por parte de varias empresas, y la afectación que ello les está generando.
Diana Paola Perilla, vocera de la Veeduría, indicó que la afectación se genera sobre la margen derecha de la ribera, desde las veredas que conforman el Corregimiento de Tacarimena, como Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga, llegando actualmente a sectores de Barbillal, a efectos del desorden, falta de planeación e improvisación en todas las intervenciones hechas sobre el cauce.
Trabajo documentado
La Veeduría Ciudadana realizó un trabajo durante varios años, haciendo seguimiento y documentando el licenciamiento de la cuenca, la contratación realizada por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal para atender las emergencias, y las actividades de minería que se realizan sobre la cuenca.
Según la Veeduría, Yopal ya perdió la ronda protectora del río en la zona urbana, producto del licenciamiento que hizo Corporinoquia para el mantenimiento del tubo del EPF Floreña – City Gate, por el licenciamiento para canales y por todas las demás actividades, sin que exista un plan de manejo de cuenca o POMCA que permita generar ordenamiento.
$40 mil millones sin planificación
Gracias al seguimiento hecho por la Veeduría, se encuentra que las inversiones ejecutadas tanto por la Gobernación de Casanare como por la Alcaldía de Yopal en los últimos ocho años ascienden a más de $40 mil millones de pesos, la mayoría de ellas sin planificación. En el caso de la Administración Departamental, los contratos se hicieron de manera directa desde el Despacho del Gobernador de turno.
“Esos recursos ni han mitigado el problema, ni lo han mejorado. Por el contrario, lo que se observa es que se perdió totalmente la ronda de protección. A excepción de la franja del Parque La Iguana, que es la única que está protegiendo a Yopal, el río termina recargándose sobre la margen derecha y llevándose toda la ronda protectora, eso es grave porque indica que el río comienza donde está Yopal”, indicó la líder comunal.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación envió a uno de sus funcionarios para que hiciera trabajo de campo y estableciera la posible afectación por todas las intervenciones denunciadas. De esa visita, se generó el informe técnico que les fue notificado a los integrantes de la Veeduría.
Omisiones de Corporinoquia
Señala el documento, que existen varias omisiones de parte de Corporinoquia en su función de control como autoridad ambiental, en temas como la existencia de una trituradora que está direccionando el cauce del río hacia la margen derecha. Se habla de igual manera, de las intervenciones que ha realizado la compañía Perenco a la altura del paso subfluvial del EPF Floreña – City Gate, frente al casco urbano de Yopal. (ver facsímil).
“Desde el 2008 que construyeron el City – Gate hubo una alteración dinámica que está documentada en un informe técnico en el marco de un proceso judicial contra Perenco. Ahí queda el primer antecedente técnico donde se afirma que hubo una alteración y hay un cambio con esa intervención, porque fue una excavación que se hizo a cinco metros de profundidad del lecho. Si se toca la base del río, necesariamente va a haber una alteración en toda la dinámica aguas abajo”, argumenta Diana Paola Perilla.
A esto se suma, todas las labores realizadas por Perenco cuando ha habido emergencias porque emerge el tubo, en las cuales desvían el cauce para poder hacer las reparaciones. Labores que según la Procuraduría no han contado con el acompañamiento o seguimiento de Corporinoquia. “Eso quiere decir que Corporinoquia está al margen de su competencia y eso es grave, porque estamos hablando del paso subfluvial de un tubo que transporta gas”.
Perilla Mojica cuestiona que se hayan entregado permisos o licencias para intervenir el cauce del río, cuando no existe el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o POMCA actualizado, especialmente en lo que tiene que ver con las trituradoras. Según la líder comunal, esos permisos o licencias debieron suspenderse para revisarse, a ver si están cumpliéndose los parámetros bajo los cuales se otorgó ese contrato de concesión minera.
“Corporinoquia debería haber suspendido la Licencia Ambiental y revisarla, pero eso no se ha visto, por el contrario, han ampliado volúmenes de extracción para empresas que ni siquiera están inscritas al título minero porque en el título fue inscrita una persona natural y el que está haciendo el aprovechamiento es una persona jurídica. Eso es gravísimo porque a quien se le concesiona es quien debe explotarlo”, puntualizó la vocera de la Veeduría Ciudadana.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una trágica racha de accidentes de tránsito en diferentes vías del municipio de Yopal que dejó como saldo cinco personas fallecidas, se registró durante la celebración de la Navidad, entre los días 24 y 25 de diciembre. Cuatro de las víctimas fatales se movilizaban en motocicletas.
La noche del 24 de diciembre perdieron la vida Fabián Andrés Castaño Reyes y Nicolás Díaz, dos jóvenes que se movilizaban por la vía que conduce hacia Sirivana, donde sufrieron un grave accidente saliéndose de la vía e impactando contra un poste. Uno de los jóvenes falleció en el lugar del accidente, mientras que el otro perdió la vida momentos después en un centro asistencial.
Al día siguiente, hacia el mediodía del 25 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de Estiven Cárdenas, aprendiz del Sena del programa de formación Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento en Sistemas de Instrumentación y Control de Procesos Industriales y trabajador de la Discoteca Plaza Juárez, quien se accidentó mientras se desplazaba en motocicleta por la diagonal 47 de la capital casanareña, por el sector de los bicicarriles, perdiendo el control del vehículo y golpeándose fuertemente la cabeza. Falleció en el lugar del accidente.
Sobre las 6:00 de la tarde del 25 de diciembre, se presentó otro hecho fatal en el descenso de la vereda Buenavista, donde murió William Gómez, de 65 años, conocido popularmente como “Don Cali”, experimentado conductor de una grúa. quien falleció cuando el vehículo perdió el sistema de frenos en el vertiginoso descenso y se salió de la vía, colisionando contra varios árboles y falleciendo en el lugar del siniestro.
Finalmente, en horas de la noche, se conoció el deceso en centro asistencial de Jhon López, conductor de una motocicleta que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en la calle 24 con carrera 19 de Yopal en choque de dos motocicletas.
Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por las normas viales, especialmente durante temporadas festivas, al tiempo que avanzan las investigaciones para establecer las causas de cada uno de los accidentes y determinar posibles responsabilidades.
Con estas cifras, se eleva a 73 el número de personas fallecidas en Yopal durante lo corrido de 2025 en accidentes de tránsito, la gran mayoría de ellas en motocicleta.
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
