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Corporinoquia se rajó cuidando el río Cravo Sur, según Procuraduría

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La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales generó un primer informe técnico a raíz de la denuncia formulada el año anterior por la Veeduría Ciudadana conformada en la Vereda La Manga de Yopal, por la intervención al cauce del río Cravo Sur para adelantar actividades por parte de varias empresas, y la afectación que ello les está generando.

Diana Paola Perilla, vocera de la Veeduría, indicó que la afectación se genera sobre la margen derecha de la ribera, desde las veredas que conforman el Corregimiento de Tacarimena, como Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga, llegando actualmente a sectores de Barbillal, a efectos del desorden, falta de planeación e improvisación en todas las intervenciones hechas sobre el cauce.

Trabajo documentado

La Veeduría Ciudadana realizó un trabajo durante varios años, haciendo seguimiento y documentando el licenciamiento de la cuenca, la contratación realizada por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal para atender las emergencias, y las actividades de minería que se realizan sobre la cuenca.

Según la Veeduría, Yopal ya perdió la ronda protectora del río en la zona urbana, producto del licenciamiento que hizo Corporinoquia para el mantenimiento del tubo del EPF Floreña – City Gate, por el licenciamiento para canales y por todas las demás actividades, sin que exista un plan de manejo de cuenca o POMCA que permita generar ordenamiento.

$40 mil millones sin planificación

Gracias al seguimiento hecho por la Veeduría, se encuentra que las inversiones ejecutadas tanto por la Gobernación de Casanare como por la Alcaldía de Yopal en los últimos ocho años ascienden a más de $40 mil millones de pesos, la mayoría de ellas sin planificación. En el caso de la Administración Departamental, los contratos se hicieron de manera directa desde el Despacho del Gobernador de turno.

“Esos recursos ni han mitigado el problema, ni lo han mejorado. Por el contrario, lo que se observa es que se perdió totalmente la ronda de protección. A excepción de la franja del Parque La Iguana, que es la única que está protegiendo a Yopal, el río termina recargándose sobre la margen derecha y llevándose toda la ronda protectora, eso es grave porque indica que el río comienza donde está Yopal”, indicó la líder comunal.

En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación envió a uno de sus funcionarios para que hiciera trabajo de campo y estableciera la posible afectación por todas las intervenciones denunciadas. De esa visita, se generó el informe técnico que les fue notificado a los integrantes de la Veeduría.

Omisiones de Corporinoquia

Señala el documento, que existen varias omisiones de parte de Corporinoquia en su función de control como autoridad ambiental, en temas como la existencia de una trituradora que está direccionando el cauce del río hacia la margen derecha. Se habla de igual manera, de las intervenciones que ha realizado la compañía Perenco a la altura del paso subfluvial del EPF Floreña – City Gate, frente al casco urbano de Yopal. (ver facsímil).

“Desde el 2008 que construyeron el City – Gate hubo una alteración dinámica que está documentada en un informe técnico en el marco de un proceso judicial contra Perenco. Ahí queda el primer antecedente técnico donde se afirma que hubo una alteración y hay un cambio con esa intervención, porque fue una excavación que se hizo a cinco metros de profundidad del lecho. Si se toca la base del río, necesariamente va a haber una alteración en toda la dinámica aguas abajo”, argumenta Diana Paola Perilla.

A esto se suma, todas las labores realizadas por Perenco cuando ha habido emergencias porque emerge el tubo, en las cuales desvían el cauce para poder hacer las reparaciones. Labores que según la Procuraduría no han contado con el acompañamiento o seguimiento de Corporinoquia. “Eso quiere decir que Corporinoquia está al margen de su competencia y eso es grave, porque estamos hablando del paso subfluvial de un tubo que transporta gas”.

Perilla Mojica cuestiona que se hayan entregado permisos o licencias para intervenir el cauce del río, cuando no existe el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o POMCA actualizado, especialmente en lo que tiene que ver con las trituradoras. Según la líder comunal, esos permisos o licencias debieron suspenderse para revisarse, a ver si están cumpliéndose los parámetros bajo los cuales se otorgó ese contrato de concesión minera.

“Corporinoquia debería haber suspendido la Licencia Ambiental y revisarla, pero eso no se ha visto, por el contrario, han ampliado volúmenes de extracción para empresas que ni siquiera están inscritas al título minero porque en el título fue inscrita una persona natural y el que está haciendo el aprovechamiento es una persona jurídica. Eso es gravísimo porque a quien se le concesiona es quien debe explotarlo”, puntualizó la vocera de la Veeduría Ciudadana.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables

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leonardo infante

El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.

Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.

Que se haga claridad sobre las deudas

El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.

Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.

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Delincuente herido tras fallido asalto a SuperGIROS en Yopal; Policía busca a su cómplice

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Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.

El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.

La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.

Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.

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Estos son los nuevos plazos para descuentos en pago del Impuesto Predial en Yopal

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En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.

La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.

De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.

Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.

Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.

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