CASANARE
Corporinoquia se rajó cuidando el río Cravo Sur, según Procuraduría
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales generó un primer informe técnico a raíz de la denuncia formulada el año anterior por la Veeduría Ciudadana conformada en la Vereda La Manga de Yopal, por la intervención al cauce del río Cravo Sur para adelantar actividades por parte de varias empresas, y la afectación que ello les está generando.
Diana Paola Perilla, vocera de la Veeduría, indicó que la afectación se genera sobre la margen derecha de la ribera, desde las veredas que conforman el Corregimiento de Tacarimena, como Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga, llegando actualmente a sectores de Barbillal, a efectos del desorden, falta de planeación e improvisación en todas las intervenciones hechas sobre el cauce.
Trabajo documentado
La Veeduría Ciudadana realizó un trabajo durante varios años, haciendo seguimiento y documentando el licenciamiento de la cuenca, la contratación realizada por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal para atender las emergencias, y las actividades de minería que se realizan sobre la cuenca.
Según la Veeduría, Yopal ya perdió la ronda protectora del río en la zona urbana, producto del licenciamiento que hizo Corporinoquia para el mantenimiento del tubo del EPF Floreña – City Gate, por el licenciamiento para canales y por todas las demás actividades, sin que exista un plan de manejo de cuenca o POMCA que permita generar ordenamiento.
$40 mil millones sin planificación
Gracias al seguimiento hecho por la Veeduría, se encuentra que las inversiones ejecutadas tanto por la Gobernación de Casanare como por la Alcaldía de Yopal en los últimos ocho años ascienden a más de $40 mil millones de pesos, la mayoría de ellas sin planificación. En el caso de la Administración Departamental, los contratos se hicieron de manera directa desde el Despacho del Gobernador de turno.
“Esos recursos ni han mitigado el problema, ni lo han mejorado. Por el contrario, lo que se observa es que se perdió totalmente la ronda de protección. A excepción de la franja del Parque La Iguana, que es la única que está protegiendo a Yopal, el río termina recargándose sobre la margen derecha y llevándose toda la ronda protectora, eso es grave porque indica que el río comienza donde está Yopal”, indicó la líder comunal.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación envió a uno de sus funcionarios para que hiciera trabajo de campo y estableciera la posible afectación por todas las intervenciones denunciadas. De esa visita, se generó el informe técnico que les fue notificado a los integrantes de la Veeduría.
Omisiones de Corporinoquia
Señala el documento, que existen varias omisiones de parte de Corporinoquia en su función de control como autoridad ambiental, en temas como la existencia de una trituradora que está direccionando el cauce del río hacia la margen derecha. Se habla de igual manera, de las intervenciones que ha realizado la compañía Perenco a la altura del paso subfluvial del EPF Floreña – City Gate, frente al casco urbano de Yopal. (ver facsímil).
“Desde el 2008 que construyeron el City – Gate hubo una alteración dinámica que está documentada en un informe técnico en el marco de un proceso judicial contra Perenco. Ahí queda el primer antecedente técnico donde se afirma que hubo una alteración y hay un cambio con esa intervención, porque fue una excavación que se hizo a cinco metros de profundidad del lecho. Si se toca la base del río, necesariamente va a haber una alteración en toda la dinámica aguas abajo”, argumenta Diana Paola Perilla.
A esto se suma, todas las labores realizadas por Perenco cuando ha habido emergencias porque emerge el tubo, en las cuales desvían el cauce para poder hacer las reparaciones. Labores que según la Procuraduría no han contado con el acompañamiento o seguimiento de Corporinoquia. “Eso quiere decir que Corporinoquia está al margen de su competencia y eso es grave, porque estamos hablando del paso subfluvial de un tubo que transporta gas”.
Perilla Mojica cuestiona que se hayan entregado permisos o licencias para intervenir el cauce del río, cuando no existe el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o POMCA actualizado, especialmente en lo que tiene que ver con las trituradoras. Según la líder comunal, esos permisos o licencias debieron suspenderse para revisarse, a ver si están cumpliéndose los parámetros bajo los cuales se otorgó ese contrato de concesión minera.
“Corporinoquia debería haber suspendido la Licencia Ambiental y revisarla, pero eso no se ha visto, por el contrario, han ampliado volúmenes de extracción para empresas que ni siquiera están inscritas al título minero porque en el título fue inscrita una persona natural y el que está haciendo el aprovechamiento es una persona jurídica. Eso es gravísimo porque a quien se le concesiona es quien debe explotarlo”, puntualizó la vocera de la Veeduría Ciudadana.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS
Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.
Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios
Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS
La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.
Otras alertas en la denuncia
A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.
El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.
Con el objetivo de acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a los servicios de salud, se habilitó un punto de vacunación en la Comuna VI, como parte del plan de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), buscando reducir el número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles, aumentando el acceso y disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación, especialmente en población prioritaria.
Durante la jornada, se aplicaron todos los biológicos del esquema regular, con énfasis en la vacunación contra fiebre amarilla, tos ferina, sarampión, rubéola y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en estos mismos puntos reforzará la vacunación en mujeres gestantes, como también la aplicación a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años contra el VPH, y a menores de 6 años.
Esta iniciativa se articula con instituciones educativas, el ICBF y los diferentes actores del sistema de salud, garantizando el cumplimiento de la ruta de vacunación y fortaleciendo los procesos de información y educación en salud.
Bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día “#VacúnateYa”, se invita a las familias de la Comuna VI a acercarse al punto de vacunación, revisar sus carnés y completar esquemas, recordando que la vacunación oportuna salva vidas y protege a toda la comunidad.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare, a través del Banco de Maquinaria, lideró una mesa de trabajo articulada con autoridades locales y comunidades rurales de Hato Corozal, con el fin de planificar de manera conjunta las intervenciones viales proyectadas en el municipio.
En el encuentro participaron la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán Gutiérrez; el secretario de Infraestructura municipal, Antonio Esteban Campuzano; el diputado Omar Ortega y representantes de las veredas El Guafal, El Rubí, Suní, San Nicolás y del centro poblado Puerto Colombia, quienes expusieron sus necesidades y aportaron a la priorización de los trabajos.
Se hará mantenimiento de 30 kilómetros
Como resultado de este ejercicio de concertación, se proyecta el mantenimiento de cerca de 30 kilómetros del corredor vial que comunica el casco urbano de Hato Corozal con Puerto Colombia, intervención que contará con dos frentes de maquinaria listos para iniciar labores una vez se dé apertura oficial al plan.
El gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Infraestructura departamental, Álvaro Rivera, resaltaron que este tipo de espacios fortalecen la planificación responsable, garantizan transparencia en la ejecución de las obras y reflejan el compromiso del Gobierno departamental con la conectividad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
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