La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales generó un primer informe técnico a raíz de la denuncia formulada el año anterior por la Veeduría Ciudadana conformada en la Vereda La Manga de Yopal, por la intervención al cauce del río Cravo Sur para adelantar actividades por parte de varias empresas, y la afectación que ello les está generando.

Diana Paola Perilla, vocera de la Veeduría, indicó que la afectación se genera sobre la margen derecha de la ribera, desde las veredas que conforman el Corregimiento de Tacarimena, como Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga, llegando actualmente a sectores de Barbillal, a efectos del desorden, falta de planeación e improvisación en todas las intervenciones hechas sobre el cauce.

Trabajo documentado

La Veeduría Ciudadana realizó un trabajo durante varios años, haciendo seguimiento y documentando el licenciamiento de la cuenca, la contratación realizada por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal para atender las emergencias, y las actividades de minería que se realizan sobre la cuenca.

Según la Veeduría, Yopal ya perdió la ronda protectora del río en la zona urbana, producto del licenciamiento que hizo Corporinoquia para el mantenimiento del tubo del EPF Floreña – City Gate, por el licenciamiento para canales y por todas las demás actividades, sin que exista un plan de manejo de cuenca o POMCA que permita generar ordenamiento.

$40 mil millones sin planificación

Gracias al seguimiento hecho por la Veeduría, se encuentra que las inversiones ejecutadas tanto por la Gobernación de Casanare como por la Alcaldía de Yopal en los últimos ocho años ascienden a más de $40 mil millones de pesos, la mayoría de ellas sin planificación. En el caso de la Administración Departamental, los contratos se hicieron de manera directa desde el Despacho del Gobernador de turno.

“Esos recursos ni han mitigado el problema, ni lo han mejorado. Por el contrario, lo que se observa es que se perdió totalmente la ronda de protección. A excepción de la franja del Parque La Iguana, que es la única que está protegiendo a Yopal, el río termina recargándose sobre la margen derecha y llevándose toda la ronda protectora, eso es grave porque indica que el río comienza donde está Yopal”, indicó la líder comunal.

En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación envió a uno de sus funcionarios para que hiciera trabajo de campo y estableciera la posible afectación por todas las intervenciones denunciadas. De esa visita, se generó el informe técnico que les fue notificado a los integrantes de la Veeduría.

Omisiones de Corporinoquia

Señala el documento, que existen varias omisiones de parte de Corporinoquia en su función de control como autoridad ambiental, en temas como la existencia de una trituradora que está direccionando el cauce del río hacia la margen derecha. Se habla de igual manera, de las intervenciones que ha realizado la compañía Perenco a la altura del paso subfluvial del EPF Floreña – City Gate, frente al casco urbano de Yopal. (ver facsímil).

“Desde el 2008 que construyeron el City – Gate hubo una alteración dinámica que está documentada en un informe técnico en el marco de un proceso judicial contra Perenco. Ahí queda el primer antecedente técnico donde se afirma que hubo una alteración y hay un cambio con esa intervención, porque fue una excavación que se hizo a cinco metros de profundidad del lecho. Si se toca la base del río, necesariamente va a haber una alteración en toda la dinámica aguas abajo”, argumenta Diana Paola Perilla.

A esto se suma, todas las labores realizadas por Perenco cuando ha habido emergencias porque emerge el tubo, en las cuales desvían el cauce para poder hacer las reparaciones. Labores que según la Procuraduría no han contado con el acompañamiento o seguimiento de Corporinoquia. “Eso quiere decir que Corporinoquia está al margen de su competencia y eso es grave, porque estamos hablando del paso subfluvial de un tubo que transporta gas”.

Perilla Mojica cuestiona que se hayan entregado permisos o licencias para intervenir el cauce del río, cuando no existe el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o POMCA actualizado, especialmente en lo que tiene que ver con las trituradoras. Según la líder comunal, esos permisos o licencias debieron suspenderse para revisarse, a ver si están cumpliéndose los parámetros bajo los cuales se otorgó ese contrato de concesión minera.

“Corporinoquia debería haber suspendido la Licencia Ambiental y revisarla, pero eso no se ha visto, por el contrario, han ampliado volúmenes de extracción para empresas que ni siquiera están inscritas al título minero porque en el título fue inscrita una persona natural y el que está haciendo el aprovechamiento es una persona jurídica. Eso es gravísimo porque a quien se le concesiona es quien debe explotarlo”, puntualizó la vocera de la Veeduría Ciudadana.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare