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Restitución de Tierras radicó demandas para reclamar 4.100 hectáreas de La Macarena y Mapiripán

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Cerca de 4.100 hectáreas fueron reclamadas oficialmente ante la justicia por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en representación de varias familias del Meta.

Las demandas, desde el punto de vista de la entidad, contienen el acervo probatorio suficiente para que los terrenos regresen a sus legítimos dueños, tras los daños sufridos a causa de la violencia en años anteriores, cuando zonas enteras del departamento eran dominadas por grupos armados al margen de la ley, antes de la firma de los Acuerdos de Paz.

Entre los predios solicitados en demanda se encuentran ocho ubicados en La Macarena y Mapiripán, municipios emblemáticos del antiguo poderío alcanzado por las Farc-EP, al oriente del país; y actual ejemplo del restablecimiento de derechos, alcanzado con procesos como el de restitución de tierras.

“Esta es una labor importante para la URT, ya que, además de iniciar la fase judicial de un grupo grande de reclamaciones, estamos apuntándole a zonas históricamente complejas en materia de seguridad, como La Macarena y Mapiripán, donde venimos actuando con contundencia con el fin de continuar regresando tierras a víctimas de despojo forzado”, aseguró la directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Diana Herrera.

Se espera que las demandas radicadas, entre las que también se cuentan casos de municipios como Acacías y El Dorado, beneficien mediante fallo de restitución a 125 personas del Meta que esperan retornar a sus hogares, con lo que se sumarían a las más de 800 personas que ya disfrutan en esta zona de sus predios devueltos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Capturados cuatro presuntos cabecillas de la estructura Renacer Erpac que delinque en el Meta

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Autoridades del Meta adelantaron operativo contra el componente criminal del grupo armado organizado ‘Renacer ERPAC’, tras materializar la captura de cuatro de sus cabecillas y un integrante de esta estructura criminal.

La operación se ejecutó de manera simultánea contra este grupo delincuencial en la ciudad de Bogotá, Cali y en los municipios de Restrepo y Puerto Gaitán en el departamento del Meta, donde se materializó logrando la captura de cada uno de los integrantes de este grupo organizado, conocidos con los alias de ‘Caquetá’, ‘Huila’, ‘Flecha Veloz’, ‘Zarco’ y ‘Temblador’.

Las autoridades señalan que estos cabecillas son los principales de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia en los departamentos del Meta y Guaviare, por el control territorial, atribuyéndoles ocho homicidios dentro de ellos dos masacres en la vereda el Tigre de Puerto López y en Puerto Gaitán, Meta.

Prontuario delictivo 

Alias ‘Caquetá’: Cabecilla Principal con más de 20 años de trayectoria criminal, inicio en el 2003 en las Autodefensas Unidad de Colombia AUC, hizo parte del ERPAC, posteriormente del grupo delincuencial organizado los Puntilleros, estructura Libertadores del Vichada.

Alias ‘Huila’: cabecilla armado con más de 20 años de trayectoria criminal, inicio como integrante del frente 25 Rigoberto Lozada FARC-EP, paso a las filas del frente 17, fungió como cabecilla de escuadra guerrillera, para el año 2022 ingresó como cabecilla armado al ERPAC.

Alias ‘Flecha Veloz’: cabecilla financiero ingresó al grupo delincuencial organizado Renacer ERPAC en el año 2022, era el encargado de la recolección de dineros por extorsión a ganaderos y comerciantes, el cobro del impuesto por el transporte de estupefacientes, venta de microtráfico en cabeceras municipales.

Alias ‘Zarco’: cabecilla de zona del municipio de Villavicencio, era el encargado de realizar extorsiones a ganaderos y comerciantes, cobro de dineros a traficantes de estupefacientes y expendedores de microtráfico.

Alias ‘Temblador’: integrante de este grupo criminal, durante el procedimiento de captura en la ciudad de Cali, confronta a las autoridades resultado lesionado por arma de fuego en el hombro derecho, quien se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial de esta ciudad, custodiado por miembros de la Policía Nacional.

Estos sujetos fueron puesto a disposición de la fiscalía 187 Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado (DECOC) de Villavicencio, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con homicidio agravado.

Fuente: Policía Meta

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Gobernadora del Meta lidera replanteamiento del cese al fuego

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Ante el anuncio de la extensión del cese al fuego entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc y el Gobierno Nacional, la gobernadora del Meta Rafaela Cortés Zambrano, se mostró en desacuerdo con esa decisión.

Por lo que confirmó que durante el cese al fuego se ha disparado la criminalidad y dijo que “cada vez hay más hostigamientos, más reclutamiento, sigue la extorsión que ha aumentado un 26% y nos sentimos ‘maniatados’, no hemos podido reaccionar”, y añadió que esa decisión del gobierno, da pie para que en el departamento del Meta estos grupos armados se sigan fortaleciendo.

Frente a la extorsión dijo que infortunadamente, cuando la gente accede bajo presión a estos pagos, se siente más tranquila, lo que ha permitido el incremento de este flagelo.

Con respecto a la georreferenciación planteada en el quinto ciclo de conversaciones, donde supuestamente el EMC le entregaría al Estado las coordenadas de ubicación, la gobernadora aseguró que es irrelevante dado que “todo el mundo sabe donde está ‘Calarcá’, donde está ‘Mordisco’ y los integrantes de las disidencias, pero la Fuerza pública no puede hacer nada.

La mandataria se mostró optimista frente a la designación del nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y aseveró “espero que con este cambio, las cosas mejoren porque durante los últimos meses, varios mandatarios han enviado solicitudes para hacer parte de las mesas de negociación y no han recibido respuesta”.

Fuente: Gobernación del Meta

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Autoridades del Meta analizan situación de indígenas Sikuani que reclaman tierras

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Un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras – ANT y a la gobernación del Vichada para trabajar articuladamente por las necesidades del Pueblo Indígena Sikuani de la comunidad de Barrulia del municipio de Puerto Gaitán, realizó la Gobernación del Meta y el Ministerio Público, durante el Consejo Extraordinario Departamental de Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario y Paz.

Esta petición se dio, luego de realizarse un seguimiento a los hechos ocurridos debido al proceso policivo en cumplimiento a un fallo judicial a esta comunidad que estaba asentada en un bien privado, pero que, desde el 2021 reclaman la titulación de sus tierras que, según ellos, les dejaron sus ancestros.

En ese sentido, el defensor Regional del Pueblo, Diego Meyer Artunduaga, dijo que son 100 personas, no 500, ni 400, las que fueron desalojadas y hoy se encuentran en condición de vulnerabilidad, de la cuales más del 90% pertenecen al departamento del Vichada, por lo cual hizo un llamado a la Alcaldía municipal para que, de acuerdo a sus competencias, realice la atención prioritaria a esta población indígena.

Por su parte, el Gobierno departamental del Meta se comprometió en adelantar el próximo 23 de julio, con la gobernación del Vichada, el Ministerio Público, ICBF y Ministerio del Interior, una reunión con el fin de trabajar articuladamente en acciones que contribuyan a la prevalencia de los derechos de la comunidad de Barrullia y evaluar en el marco de la ley, el retorno de esta población a su lugar de origen.

Finalmente, el procurador regional Javier Sandoval, pidió convocar al Comité Departamental de Justicia Transicional a la Agencia Nacional de Tierras en razón a que aclaren y determinen unos plazos perentorios a fin de lograr evacuar todas las solicitudes y demandas que hacen los indígenas con el presunto llamado de tierras ancestrales.

Fuente: Gobernación del Meta

 

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