ARAUCA
Rescatan a familia confinada por incursión de grupo armado ilegal en Puerto Rondón
Una mujer y cinco menores de edad de 2, 5, 7, 10 y 12 años fueron rescatados por una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo de Colombia, pues se encontraban confinados en una finca en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, a causa de la incursión, el pasado 20 de julio, de una estructura armada ilegal.
Las seis personas fueron llevadas a un lugar seguro por funcionarios de la entidad nacional de derechos humanos, adscritos a su Regional Arauca, donde fueron recibidas por el personero municipal de Puerto Rondón, quien procedió a activar de inmediato la ruta de protección.
La misión señaló que estando en el territorio, verificó los derechos de quienes habitan en las veredas Normandía, El Progreso y La Esmeralda, jurisdicción del municipio en mención, y constató que se desconoce el paradero de varios lugareños, entre los que hay menores de edad, motivo por el cual la Defensoría reitera tener a disposición sus canales humanitarios, a fin de contribuir a la liberación de quienes puedan estar bajo el yugo de los actores armados no estatales.
Hay desplazamiento y confinamiento masivos
A raíz de la incursión armada, la Defensoría del Pueblo evidenció que está siendo configurado un desplazamiento interveredal de 15 familias (alrededor de 70 personas) hacía Normandía, así como el también desplazamiento de 24 familias (64 personas) hacia el casco urbano de Puerto Rondón. Igualmente, evidenció el confinamiento de quienes viven en las veredas El Progreso, La Esmeralda, El Paisaje y Normandía.
La situación, la cual ha generado temor en las comunidades y contraría los postulados del derecho internacional humanitario (DIH), obligó a la suspensión de clases en las escuelas de la zona rural afectada, lo que a todas luces vulnera flagrantemente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
El panorama y recrudecimiento de la violencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquita, en Arauca, no cesa. Es por ello que la Defensoría insiste en su llamado a las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el departamento: respeten los derechos humanos y no infrinjan lo establecido en el DIH, dejen al margen de su accionar indiscriminado a la población civil.
En el desarrollo de un Comité Territorial de Justicia Transicional, la institución garante de los derechos humanos les solicitó a las autoridades la atención inmediata para las familias y comunidad en general afectadas y activación de las medidas de protección que salvaguarden su vida e integridad.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 023 del 2021 para los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, en la que refiere la grave situación de derechos, y ha emitido dos informes de seguimiento y tres oficios de consumación.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
ARAUCA
Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).
Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.
Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.
Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.
En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.
En las instalaciones de la Institución Educativa Tutukana, seis jóvenes U´wa se convirtieron en los primeros bachilleres de su comunidad. Hasta hace unos años, en esta región solo existía escolaridad hasta grado 9, lo que impedía que los jóvenes culminaran la educación media.
Gracias a los Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES), una estrategia del Ministerio de Educación que lleva docentes, acompañamiento pedagógico y ampliación de grados a instituciones rurales dispersas, se logró que estos jóvenes obtuvieran su título de bachiller en su territorio.
SIMES es una apuesta del Gobierno del Cambio para garantizar que la educación sea un derecho real en todo el país; además, permite que instituciones que no tenían grado 10 y 11 puedan ofrecerlos de forma completa, con calidad y sin que los jóvenes deban salir de sus comunidades.
Entre noviembre y diciembre, 871 estudiantes en todo el país se gradúan gracias a la expansión de esta estrategia, que sigue cerrando brechas y llevando oportunidades a regiones tradicionalmente excluidas.
En 2026, el Gobierno nacional ampliará aún más esta apuesta con nuevas inversiones para cubrir más sedes, fortalecimiento pedagógico, ampliación de grados en zonas rurales dispersas, y Educación Superior en tu Colegio, un programa que permitirá acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios desde la misma institución educativa rural.
