CASANARE
En Yopal, representantes de Torres de Palmarito no se dejan encontrar de la justicia
Frustrada se vio la Audiencia convocada por la Juez 3ª Civil del Circuito de Yopal, para realizar una inspección judicial en las instalaciones de la Constructora Palmarito y revisar la documentación contable de la Empresa, involucrada en una situación de presunta captación ilegal de recursos, por la venta de apartamentos que nunca entregaron a los beneficiarios.
Todo este proceso, en el que se sigue involucrando por parte de los testigos al Diputado Manuel Enrique Albarracín como “la cara” del proyecto, está inmerso en una Acción de Grupo donde más de 90 personas reclaman por los cuantiosos recursos que le entregaron a la Empresa y que ahora no aparecen.
Óscar Sampayo, apoderado de las víctimas, indicó que estaba programada esta Audiencia con la visita a las direcciones suministradas por los Representantes Legales de Constructora Palmarito dentro del expediente, pero en ninguna de ellas se encontró personal de la Empresa, y mucho menos documentación que permitiera hacer el cotejo contable. Algunas de las direcciones suministradas dentro del expediente no existen.
Ante esta situación, la Juez señaló dentro de la Audiencia posterior, que se abrió un incidente por el delito de temeridad o mala fe, porque hubo obstrucción para la práctica de una diligencia, por las direcciones inexistentes que entregaron los Representantes Legales de Palmarito. La obstrucción que presume el despacho judicial será investigada tanto para la Empresa constructora, como para la apoderada que tampoco se hizo presente a la diligencia.
“La apoderada tuvo cinco meses para informar a este Despacho dónde debía hacerse la diligencia y nunca lo hizo”, manifestó la Juez durante la fallida audiencia.
Al no encontrar las direcciones donde presuntamente funcionan las oficinas de Palmarito, la Juez junto con los abogados de las víctimas y algunas de éstas que se hicieron presentes, se dirigieron al lote donde debe efectuarse la construcción, pero en la casa modelo tampoco encontraron documentación, y por el contrario se enteraron que una parte del lote ya fue vendida por los directivos de la Constructora a una persona que actualmente lo habita.
La Juez concedió tres (03) días tanto a la Representante Legal de la Constructora Palmarito, Johana Marta, como a su apoderada, para que informen al Despacho el motivo de su inasistencia a la audiencia; además dispondrán de cinco (05) días para que alleguen toda la información y documentación contable que posean, para que el Juzgado proceda a designar un perito que la evalúe.
De igual manera, el Juzgado va a requerir a la Fiduciaria Allianz para que suministre copia de toda la información intercambiada tanto en digital como en físico con la Constructora Palmarito S.A.S., para lo cual se concedió un término de tres (03) días.
También, la Juez 3° Civil del Circuito de Yopal ordenó requerir a todos los bancos que tienen asiento en Yopal, para que informen si Palmarito S.A.S ha solicitado créditos en los últimos cinco (05) años, y de ser así que alleguen la documentación financiera por ellos suministrada. También se requerirá a la DIAN, para que en el término de tres (03) días allegue toda la información exógena donde Palmarito S.A.S fue reportada por terceros que hubiesen sostenido relaciones comerciales con la Empresa.
Las diligencias de Inspección Judicial debían realizarse durante jueves y viernes de acuerdo a lo programado por la Juez 3° Civil para este caso, pero al no encontrar las direcciones suministradas por los Representantes Legales de Palmarito dentro del proceso, la Juez decidió suspender las diligencias de este viernes, y convocará para una nueva Audiencia en próximos días, donde seguramente se conocerán decisiones sobre este caso donde cerca de 100 personas entregaron dineros para la compra de apartamentos en el mencionado proyecto, pero hoy, cerca de 5 años después, no han recibido sus soluciones habitacionales.
ACTUALESNo se pudo adelantar Audiencia de Inspección Judicial en oficinas del Proyecto Torres de Palmarito porque no se encontraron oficinas en las direcciones suministradas por sus Representantes Legales. Víctimas siguen sosteniendo que Diputado Manuel Enrique Albarracín era "la cara" del Proyecto. Óscar Sampayo, abogado de las víctimas.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, May 10, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.
Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
La secretaría de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Yopal invita a la comunidad a participar en su curso gratuito “Herramientas de Google”. Esta iniciativa de formación está orientada a fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.
El espacio académico está diseñado para brindar conocimientos prácticos en el uso de aplicaciones esenciales. Los participantes aprenderán a manejar herramientas como Google Keep, Calendar, Meet, Forms, Sites, NotebookLM y la gestión masiva de contactos, fundamentales en diversos ámbitos.
Estas aplicaciones son cruciales para el desarrollo de actividades en los ámbitos educativo, laboral y personal, mejorando significativamente la gestión de la información y la comunicación en entornos virtuales. La estrategia busca cerrar brechas digitales.
El curso dará inicio en el mes de mayo, con sesiones programadas de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se desarrollará en las instalaciones del Punto Vive Digital, y como requisito indispensable, los participantes deberán contar con un computador portátil.
Las personas interesadas pueden realizar su inscripción de manera sencilla a través del enlace: https://forms.gle/LAqwDzK4kwP6LYRdA. Asimismo, para mayor comodidad, el registro también se puede efectuar escaneando el código QR que se encontrará en las piezas informativas oficiales.
La Secretaría TIC extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que aproveche esta valiosa oportunidad de formación. El curso permitirá a los asistentes avanzar en el uso de herramientas digitales y fortalecer sus habilidades frente a los retos del entorno tecnológico actual.
CASANARE
El abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal
Una tutela estratégica, una disputa entre altas cortes y una decisión histórica de la Corte Constitucional (SU-047 de 2026) que le devuelve a las ciudades el control del impuesto de ICA, o en otros términos, redefinen la autonomía fiscal en Colombia. Detrás del caso, estuvo el abogado Gonzalo Ramos Rojas, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, quien convirtió una derrota judicial en el Consejo de Estado, en un precedente nacional fijado por la Corte Constitucional, abriendo una compuerta jurídica para que las demás ciudades capitales lo repliquen en sus territorios.
El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el combustible que permite mover y hacer crecer una ciudad, es en términos sencillos, una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades en Colombia. Gracias a este impuesto, que pagan empresas y comercios por su actividad económica, los municipios pueden financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. En otras palabras, el ICA no es solo un tributo: es una herramienta clave para que las ciudades funcionen y puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos.
En el Derecho, como en la guerra, hay momentos en los que una sola operación cambia el curso de la historia, en este caso, tributaria. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional es uno de esos momentos. Con la expedición de la Ley 2082 de 2021, el Congreso creó la categoría de ciudades capitales permitiéndoles tomar como referencia el régimen tributario de Bogotá.
A partir de lo anterior, el Consejo de Estado, cerró el paso a la autonomía de las ciudades: anuló los acuerdos de Yopal y Cali que buscaban elevar la tarifa del ICA, señalando que no podían superar el modelo de Bogotá.
La estrategia jurídica que redefinió el mapa tributario del ICA en Colombia
Litigar no es solo argumentar: es saber dónde dar la batalla.
Durante años, Colombia ha repetido el mismo discurso: somos un Estado descentralizado. Pero en la práctica, muchas decisiones siguen tomándose —o peor, imponiéndose— desde Bogotá. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional acaba de poner en evidencia esa contradicción.
El caso parecía técnico: la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) en Yopal y Cali, sin embargo, para el apoderado del municipio en el fondo era mucho más que eso. Era responder a una pregunta incómoda: ¿pueden las ciudades capitales decidir sobre sus propios recursos o deben limitarse a copiar el modelo de Bogotá? El Consejo de Estado había respondido, en la práctica, que no podían apartarse.
Lo anterior define el problema jurídico. Porque esa postura no solo desconoce el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 —que permite, no impone, adoptar el régimen de Bogotá—. También reproduce una lógica profundamente centralista: lo que funciona (o se decide) en la capital debe replicarse en el resto del país, sin importar las realidades locales. Pero Colombia no es Bogotá. Yopal no es Bogotá, así lo entendió y así lo defendió el profesional del derecho ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional.
Sus dinámicas económicas, sus necesidades fiscales y sus cargas sociales son distintas. Pretender uniformarlas bajo un mismo esquema tributario no es razonable, es centralismo disfrazado de interpretación legal. La Corte Constitucional entendió el trasfondo político del asunto. Por eso, en la sentencia SU-047, no solo corrigió una decisión judicial, definió algo más importante: reivindicó el principio de autonomía territorial como un elemento real, no simbólico.
Se rompió el cerco tributario: las regiones recuperaron el control de su territorio fiscal.
Las ciudades capitales ahora tienen un precedente constitucional claro, es decir, una decisión que sirve como guía y ejemplo para casos similares, para diseñar sus políticas de impuestos con más libertad y según sus propias necesidades. Eso cambia el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la provincia. Adicionalmente, se deja en evidencia que el centralismo en Colombia no solo es administrativo o político, también es judicial. Sí, judicial. Cuando una alta corte interpreta la ley de manera que restringe la capacidad de las regiones para tomar decisiones sobre sus propios recursos, no está siendo neutral. Está interviniendo en la distribución del poder. Y eso tiene un alto impacto, en inversión social, en el desarrollo regional, y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de los recursos que sus ciudades logren recaudar.
¿Porque esta decisión no cayó del cielo? Fue el resultado de una lectura precisa del conflicto: entender que el problema no era solo tributario, sino estructural. Que lo que estaba en juego no era una tarifa, sino el alcance real de la descentralización en Colombia. El abogado que llevó este caso a la Corte Constitucional no solo litigó, planteó un pulso de poder. Y lo ganó. Eso también dice mucho del momento que vive el país. Porque cada vez es más evidente que las grandes discusiones sobre el modelo territorial ya no se están dando únicamente en el Congreso, sino que se están trasladando a los tribunales. Y allí, caso por caso, se están redefiniendo las reglas.
La SU-047 marca un punto de inflexión. No resuelve todos los problemas, pero sí deja algo claro: el centralismo no es inevitable. Puede ser cuestionado. Puede ser limitado. Y, como acaba de demostrarse, también puede ser derrotado.
El abogado convirtió un problema tributario en un precedente constitucional.
Pero en todo conflicto hay una verdad inmodificable: no basta con ganar terreno, sino que hay que saber sostenerlo. Este éxito jurídico permitirá ingresos anuales, de al menos, quince mil millones de pesos (15.000.000.000), ahora, dependerá de ellos, que se inviertan estratégicamente en la ciudad y que lleguen a todos los ciudadanos. Esa es la nueva apuesta, que los impuestos sigan teniendo un retorno para los ciudadanos, y es la inversión en sus comunas, veredas y barrios.
No fue solo una sentencia donde la Corte Constitucional le da la razón al Abogado como apoderado del municipio de Yopal: fue una batalla por el control de los recursos de las ciudades.
