CASANARE
En Yopal, representantes de Torres de Palmarito no se dejan encontrar de la justicia
Frustrada se vio la Audiencia convocada por la Juez 3ª Civil del Circuito de Yopal, para realizar una inspección judicial en las instalaciones de la Constructora Palmarito y revisar la documentación contable de la Empresa, involucrada en una situación de presunta captación ilegal de recursos, por la venta de apartamentos que nunca entregaron a los beneficiarios.
Todo este proceso, en el que se sigue involucrando por parte de los testigos al Diputado Manuel Enrique Albarracín como “la cara” del proyecto, está inmerso en una Acción de Grupo donde más de 90 personas reclaman por los cuantiosos recursos que le entregaron a la Empresa y que ahora no aparecen.
Óscar Sampayo, apoderado de las víctimas, indicó que estaba programada esta Audiencia con la visita a las direcciones suministradas por los Representantes Legales de Constructora Palmarito dentro del expediente, pero en ninguna de ellas se encontró personal de la Empresa, y mucho menos documentación que permitiera hacer el cotejo contable. Algunas de las direcciones suministradas dentro del expediente no existen.
Ante esta situación, la Juez señaló dentro de la Audiencia posterior, que se abrió un incidente por el delito de temeridad o mala fe, porque hubo obstrucción para la práctica de una diligencia, por las direcciones inexistentes que entregaron los Representantes Legales de Palmarito. La obstrucción que presume el despacho judicial será investigada tanto para la Empresa constructora, como para la apoderada que tampoco se hizo presente a la diligencia.
“La apoderada tuvo cinco meses para informar a este Despacho dónde debía hacerse la diligencia y nunca lo hizo”, manifestó la Juez durante la fallida audiencia.
Al no encontrar las direcciones donde presuntamente funcionan las oficinas de Palmarito, la Juez junto con los abogados de las víctimas y algunas de éstas que se hicieron presentes, se dirigieron al lote donde debe efectuarse la construcción, pero en la casa modelo tampoco encontraron documentación, y por el contrario se enteraron que una parte del lote ya fue vendida por los directivos de la Constructora a una persona que actualmente lo habita.
La Juez concedió tres (03) días tanto a la Representante Legal de la Constructora Palmarito, Johana Marta, como a su apoderada, para que informen al Despacho el motivo de su inasistencia a la audiencia; además dispondrán de cinco (05) días para que alleguen toda la información y documentación contable que posean, para que el Juzgado proceda a designar un perito que la evalúe.
De igual manera, el Juzgado va a requerir a la Fiduciaria Allianz para que suministre copia de toda la información intercambiada tanto en digital como en físico con la Constructora Palmarito S.A.S., para lo cual se concedió un término de tres (03) días.
También, la Juez 3° Civil del Circuito de Yopal ordenó requerir a todos los bancos que tienen asiento en Yopal, para que informen si Palmarito S.A.S ha solicitado créditos en los últimos cinco (05) años, y de ser así que alleguen la documentación financiera por ellos suministrada. También se requerirá a la DIAN, para que en el término de tres (03) días allegue toda la información exógena donde Palmarito S.A.S fue reportada por terceros que hubiesen sostenido relaciones comerciales con la Empresa.
Las diligencias de Inspección Judicial debían realizarse durante jueves y viernes de acuerdo a lo programado por la Juez 3° Civil para este caso, pero al no encontrar las direcciones suministradas por los Representantes Legales de Palmarito dentro del proceso, la Juez decidió suspender las diligencias de este viernes, y convocará para una nueva Audiencia en próximos días, donde seguramente se conocerán decisiones sobre este caso donde cerca de 100 personas entregaron dineros para la compra de apartamentos en el mencionado proyecto, pero hoy, cerca de 5 años después, no han recibido sus soluciones habitacionales.
ACTUALESNo se pudo adelantar Audiencia de Inspección Judicial en oficinas del Proyecto Torres de Palmarito porque no se encontraron oficinas en las direcciones suministradas por sus Representantes Legales. Víctimas siguen sosteniendo que Diputado Manuel Enrique Albarracín era "la cara" del Proyecto. Óscar Sampayo, abogado de las víctimas.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, May 10, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
