CASANARE
Relevo en Gestión del Riesgo de Casanare, se va Guillermo Pérez y llega Arvey Méndez Acosta
Una de las oficinas en las que el gobierno de Salomón Sanabria ha mostrado mayores resultados, es precisamente la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual el gobernador de los casanareños había delegado la responsabilidad de su direccionamiento al ingeniero Guillermo Pérez, quien durante dos años y medio de gobierno ejerció esta función.
Al respecto, durante el fin de semana, el gobernador (e) de Casanare Oscar Gómez Peñaloza mediante decreto 0140 del 24 de junio del 2022, aceptó la renuncia del hasta ahora director Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. En el decreto se señala que Guillermo Alberto Pérez Torres, presentó renuncia voluntaria e irrevocable.
En este mismo acto administrativo se nombra a Arvey Méndez Acosta como el nuevo encargado de gestionar las emergencias en este Departamento.
Logros destacados
Se destacó en la atención de la pandemia. Desde el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres se logró ampliar la capacidad hospitalaria del departamento, adquiriendo equipos biomédicos, y demás elementos tecnológicos.
Mediante Ordenanza se logró la independencia patrimonial, financiera, técnica y administrativa del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que le permite al Departamento garantizar una oportuna asistencia en la atención a emergencias, así como la correcta implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo en el territorio. Tomado como ejemplo de implementación en los 1.103 municipios del país.
Asimismo, se realizó la entrega de una obra de protección de 300 metros en geotubos y colchacreto sobre el río Tocaría, que beneficia a todas las veredas del corregimiento El Taladro. Estructura que solucionó una socavación vial de por lo menos 15 años.
También, se consolidó la entrega de los equipos USAR para rescate urbano en estructuras colapsadas. Apoyando a Bomberos Yopal, en la certificación del primer grupo especial de rescate en la Orinoquía y el tercero en el país.
Se fortaleció la cobertura en comunicaciones con antenas repetidoras fijas, móviles, radios portátiles, drones, GPS y demás. Se adquirieron trajes y elementos de protección para atención de emergencias como motosierras, guadañadoras, bombas de espalda, sopladoras, desfibriladores, camillas, botiquines, kits de rescate acuático, motocicletas, botes operacionales y en fibra de vidrio para mejorar la movilidad al momento de atender emergencias. Todos estos, serán entregados en los próximos días.
A hoy, se han atendido más de 13.000 familias damnificadas. Actualmente el departamento cuenta con un stock de más de 8500 kits de ayudas humanitarias, para la atención de familias damnificadas por eventos naturales y antrópicos.
Se celebró convenio con el municipio de Yopal para realizar estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de Torres del Silencio en Yopal, con el propósito de buscar una solución definitiva a la problemática de vivienda en unos 400 hogares vulnerables.
Se rehabilitaron más de 400 kilómetros de vías secundarias, terciarias y corredores de movilidad local, con lo que se logró acceso a los servicios de ambulancia, rutas escolares y comercio de productos entre otros. Impactando a más de 141.965 habitantes.
Se realizaron abrevaderos en puntos críticos de la sabana casanareña para proteger la fauna silvestre. Más de 18.696 metros lineales de canalización, descolmatación y refuerzo a jarillones. 53.896 m3 de material retirado producto de remociones en masa, equivalentes a 8.983 viajes de volqueta. Con atención oportuna se evitó el colapso de 7 puentes.
Se entregaron 16 millones de litros de agua en zonas del departamento con problemas de desabastecimiento, esto es equivalente a 877.294 botellones grandes tipo dispensador. Para la preservación de la fauna silvestre de la región se distribuyeron 2 millones 600 mil litros de agua.
Se firmó el acta de inicio de la mega-obra de protección en el río Cravo Sur, considerada la primera fase del malecón para la ciudad de Yopal. La obra estimada en 40.225 millones de pesos la constituyen 2.2 kilómetros, desde la universidad Santo Tomás hasta la urbanización Villa del Paraíso.
Más resultados de gestión
En un trabajo articulado del Gobernador, alcaldes municipales, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres y el ingeniero Guillermo, se logró gestionar ante el Gobierno Nacional 12 obras, las cuales alcanzan una cifra histórica de más de 180 mil millones de pesos, una gestión nunca vista en la historia de la Gestión del Riesgo en Casanare.
Con lo anterior, se realizarán obras de protección en Paz de Ariporo, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga, Yopal, Maní y Villanueva. Con esta histórica gestión, se protegerán vidas humanas, generación de empleo, desarrollo y obras para mostrar en el tiempo de Casanare.
Fuente: Gobernación de Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
