META
Red de extorsión fue desarticulada en el Meta
Cuatro extorsionistas fueron capturados por el Departamento de Policía Meta en las últimas horas, liderada por unidades del Gaula como parte de los planes operacionales enmarcados en la Cuarta del Plan de Choque “Construyendo Seguridad”, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que mediante llamadas telefónicas o visitas venían siendo objeto de constreñimiento bajo las amenazas de atentar contra ellos, sus familias o patrimonio económico. Dos casos resueltos positivamente, en los que las víctimas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros.
Con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de las personas que habitan en el municipio de Guamal, San Martin, San Carlos de Guaroa y la Inspección de San Lorenzo, ciudadanos que se han visto afectados por el accionar de los hoy indiciados.
En el primer caso se hicieron efectivas la captura en flagrancia de dos sujetos de 30 y 21 años, presuntos integrantes de la banda denominada ‘Delco’, quienes estaban exigiéndole a una comerciante cinco millones de pesos; siendo capturados en vía pública del barrio Fundadores del municipio de San Martín, dejados a disposición de la Fiscalía 14 especializada delegada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
Por otra parte, se logra la captura por orden judicial de dos personas, alias ‘El Flaco’ y alias ‘La Gorda’ quienes se hacían pasar por integrantes de los ‘Carachos’, quienes exigían sumas de dineros entre 300.000 y 1.000.000 de pesos a comerciantes del municipio de San Carlos de Guaroa y la Inspección de San Lorenzo, estas personas fueron capturadas por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y utilización ilícita de redes de comunicación, ordenes expedidas por el juzgado promiscuo municipal de Puerto Lleras con función de control de Garantías.
Durante los operativos se logró la incautación de cinco celulares, avaluados en un millón de pesos.
Gracias al acervo judicial aportado en la audiencia de control de garantías, estos delincuentes fueron enviados a purgar medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario.
‘Durante el 2019 han sido capturados 62 extorsionistas y el delito ha disminuido en 16%’, no descansaremos hasta erradicar los emporios de crimen organizado en el Meta. Indico el señor coronel Mauricio Pedraza Rocha Comandante de Departamento de Policía Meta.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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