META
Red de extorsión fue desarticulada en el Meta
Cuatro extorsionistas fueron capturados por el Departamento de Policía Meta en las últimas horas, liderada por unidades del Gaula como parte de los planes operacionales enmarcados en la Cuarta del Plan de Choque “Construyendo Seguridad”, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que mediante llamadas telefónicas o visitas venían siendo objeto de constreñimiento bajo las amenazas de atentar contra ellos, sus familias o patrimonio económico. Dos casos resueltos positivamente, en los que las víctimas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros.
Con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de las personas que habitan en el municipio de Guamal, San Martin, San Carlos de Guaroa y la Inspección de San Lorenzo, ciudadanos que se han visto afectados por el accionar de los hoy indiciados.
En el primer caso se hicieron efectivas la captura en flagrancia de dos sujetos de 30 y 21 años, presuntos integrantes de la banda denominada ‘Delco’, quienes estaban exigiéndole a una comerciante cinco millones de pesos; siendo capturados en vía pública del barrio Fundadores del municipio de San Martín, dejados a disposición de la Fiscalía 14 especializada delegada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
Por otra parte, se logra la captura por orden judicial de dos personas, alias ‘El Flaco’ y alias ‘La Gorda’ quienes se hacían pasar por integrantes de los ‘Carachos’, quienes exigían sumas de dineros entre 300.000 y 1.000.000 de pesos a comerciantes del municipio de San Carlos de Guaroa y la Inspección de San Lorenzo, estas personas fueron capturadas por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y utilización ilícita de redes de comunicación, ordenes expedidas por el juzgado promiscuo municipal de Puerto Lleras con función de control de Garantías.
Durante los operativos se logró la incautación de cinco celulares, avaluados en un millón de pesos.
Gracias al acervo judicial aportado en la audiencia de control de garantías, estos delincuentes fueron enviados a purgar medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario.
‘Durante el 2019 han sido capturados 62 extorsionistas y el delito ha disminuido en 16%’, no descansaremos hasta erradicar los emporios de crimen organizado en el Meta. Indico el señor coronel Mauricio Pedraza Rocha Comandante de Departamento de Policía Meta.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
