CASANARE
Proyectos de la Secretaría de Obras de Yopal se desarrollan con empresas yopaleñas
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Obras, le salió al paso a las protestas y señalamiento de un pequeño grupo de empresarios, que solicitaban participación en la contratación de bienes y servicios para la ejecución del contrato de pavimentación de vías urbanas del municipio.
El secretario de Obras, Álvaro Luis Rivera Contreras, se reunió con los voceros de la manifestación y les hizo varias aclaraciones frente a sus reclamos:
Rivera Contreras indicó a los voceros de los manifestantes, que la Administración Municipal se ha puesto a la tarea de gestionar, ante el grupo empresarial que ganó la licitación, para que los bienes y servicios contratados en la ejecución de la obra sean 100% locales y se le dé prioridad a las comunidades de los sectores en los que se llevarán a cabo las obras, lo cual se ha cumplido a cabalidad.
Son empresas de Yopal
De otra parte, frente al señalamiento hecho por los voceros sobre la construcción de los sardineles y que está siendo adelantada por una empresa de la ciudad de Villavicencio, el jefe de cartera mencionó que no existen pruebas de ello, las tres empresas contratadas para el desarrollo de estas acciones son muy conocidas en la ciudad de Yopal, cuentan con su registro en la capital de los casanareños y son reconocidas por haber realizado otras grandes obras en la ciudad, lo que evidencia que no son empresas foráneas.
Una de las empresas es Tecnicomercio, la cual ha aportado en el crecimiento de obras importantes de Yopal como la Ciudadela Comfacasanare y Torres del Sol, por otro lado está la empresa Distrisumistros, que cuenta con NIT y registro de la ciudad de Yopal, cuyo Representante Legal es Juan Pablo Hernández, Ingeniero reconocido en el municipio. Finalmente, la empresa de Felipe Colina, quien también es un empresario local, y lleva años trabajando por hacer empresa en Yopal.
El secretario de Obras mostró gran extrañeza por la manifestación realizada y la argumentación dada por los voceros de los empresarios.
Se ha cumplido lo prometido
Además el proyecto de pavimentación ha buscado incluir a toda la comunidad de una u otra forma, ya sea con la contratación de mano de obra o atendiendo a la solicitud de algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, quienes pidieron vincular una volqueta sencilla, por barrio o por comuna, para generar ingresos a sus Juntas; con lo cual se les ha cumplido.
Finalmente, el Alcalde Leonardo Puentes, junto al Secretario de Obras, citará a los voceros de las empresas para darles un parte de tranquilidad frente a que no es la única obra que la Administración va a desarrollar en lo que queda del año.
El Secretario aseguró que en la obra del canal El Remanso, que va a tener gran cantidad de ciclorrutas y requerirá de un fuerte trabajo de construcción de sardineles, que la Administración Municipal gestionará para que se garantice la vinculación de estas empresas en desarrollo del proyecto, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del contratista.
Por otro lado, se tienen nuevos proyectos a punto de aprobar en el OCAD, en donde se buscará abrir oportunidades para los empresarios locales y se cuenta con el proyecto de renovación del alumbrado led, que es otra fuente de empleo para trabajadores y empresas locales.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
