META
Cormacarena invita a proteger el Caimán Llanero en el Meta
En el marco del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero (Crocodylus intermedius), Cormacarena y la Universidad Nacional de Colombia por varios años han realizado grandes esfuerzos para preservar esta especie, declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN y el Ministerio del Medio Ambiente.
El Cocodrilo Llanero llegó a este estado debido al intenso periodo de caza furtiva durante el siglo pasado, la cual fue motivada por su valiosa piel. Actualmente, la expansión de actividades humanas, la contaminación de los ríos, la pesca con trasmallos, la tala y quema de bosques ponen aún en peligro su conservación.
El Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero cuenta con un núcleo reproductor de 20 individuos y más de 400 animales entre crías y juveniles, con los cuales se realizan los procesos de repoblamiento y reintroducción a la vida silvestre.
Como resultado del programa, se espera disminuir la categoría de Peligro Crítico en la que se encuentra el Caimán a Bajo Riesgo, promover su recuperación en el área natural de distribución y al mismo tiempo generar proyectos de uso sostenible con las comunidades.
Por esta razón, la Autoridad Ambiental hace un llamado a la población metense a no realizar prácticas de caza y pesca ilegal, ya que estas no solo atentan contra esta especie, sino con el equilibrio de los ecosistemas en el departamento. Es importante defender y conservar el patrimonio natural, y comprender el daño que sufre este emblemático animal que habita en la región de la Orinoquia.
Así mismo, invita a la población y a las autoridades a trabajar y aunar esfuerzos para garantizar la preservación del cocodrilo, y denunciar aquellos actos que atenten o dañen la naturaleza a la línea de contacto de Cormacarena 6730420, Policía Metropolitana de Villavicencio 3505543244 y Departamento de Policía Meta 3505543046. También se puede hacer a través del aplicativo móvil Ecodenuncia, o las redes sociales Twitter: @CORMACARENA / Facebook: @CORMACARENA.CDS / Instagram:@Cormacarena.
Fuente: Prensa Cormacarena
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
