ARAUCA
Procuraduría sancionó con suspensión a exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cinco meses al exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar Bello (2012 2015), por irregularidades en la adjudicación de una obra por más de $3.999 millones para el realce de un terraplén en el puente conocido como La Florida, y otro entre los caseríos Feliciano y Cabuyare.
El órgano de control estableció que el exmandatario local transgredió los principios de responsabilidad y transparencia, así como el deber de selección objetiva al adjudicar la Licitación Pública No. 1L-027-2015, y celebrar el Contrato de Obra Pública No. 0570 del 10 de diciembre de 2015 con el Consorcio Cabuyare 2015, no obstante que en el pliego de condiciones se incluyeron aspectos que restringían la participación plural de oferentes e impidieron que la entidad pudiera efectuar un análisis de varias ofertas para lograr la selección del mejor contratista.
En fallo de primera instancia el órgano de control también sancionó con suspensión por 10 meses a la secretaria de Obras Públicas de Arauca de esa época de los hechos, Layla Zorro Vega, quien realizó los estudios previos de necesidad y adelantó el proceso de licitación pública.
La PGN encontró que la disciplinada conculcó el principio de eficacia de la función administrativa, que la obligaba a realizar un adecuado y ajustado análisis con anterioridad a la firma de los estudios previos y permitir que se adelantara la licitación por parte de su dependencia.
Para la PGN el principio de transparencia obliga a la administración a “definir las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de los ofrecimientos que aseguren una escogencia objetiva entre varias ofertas presentadas”.
La Procuraduría calificó definitivamente la falta del exalcalde como gravísima a título de culpa grave por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones.
Contra esta decisión procede recurso de apelación.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
