CASANARE
Procuraduría destituyó e inhabilitó a Lilia María Vega ex secretaria de educación
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años a la rectora de la Institución Educativa José María Córdoba de Tauramena, Casanare, Lilia María Vega Sanabria, por actuar en el cargo encontrándose inhabilitada por haber sido declarada responsable fiscalmente.
La Procuraduría Regional de Casanare comprobó que Vega Sanabria incumplió la Constitución y la ley que rige la función pública al continuar vinculada como funcionaria de la gobernación como rectora de la institución educativa desde el 21 de noviembre de 2015, día posterior a la fecha en la cual fue ejecutoriado el fallo fiscal y hasta el 26 de octubre de 2018, fecha en la que fue retirada del servicio por parte de la secretaría de Educación del Casanare.
La disciplinada continuó desempeñándose como rectora sin dar a conocer que se había emitido un fallo el 20 de noviembre de 2015, por parte de la Contraloría General de la República, por detrimento patrimonial causado al Estado por cuantía de $1.196.983.496,87, cuando fungió como Secretaria de Educación del Departamento en el año 2012, con la firma de un convenio con la Caja de Compensación del Casanare (Comfacasanare) para “garantizar el servicio de alimentación escolar modalidad almuerzos a 62.895 estudiantes de las instituciones educativas del departamento”.
El ente de control calificó en fallo de primera instancia la falta de Vega Sanabria como gravísima, a título de dolo, porque tenía pleno conocimiento de que se encontraba inhabilitada, teniendo en cuenta la vasta experiencia en el sector público, sin embargo, quebrantó las normas de manera consciente y deliberada, con lo que violentó el principio de moralidad y la ética, teniendo la obligación de ser ejemplo para los profesores y estudiantes que estaban bajo su cargo.
Contra la presente decisión la disciplinada y su apoderado presentaron recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El presidente del sindicato Sintraemsdes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza, advirtió que la situación financiera, administrativa y operativa de la entidad es “crítica” y aseguró que, tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, “ninguna de las causales por las cuales fue intervenida la empresa ha sido superada”. Según señaló, la intervención iniciada el 4 de octubre de 2023 no ha generado correctivos reales y, por el contrario, ha profundizado las dificultades.
Isaza explicó que durante el periodo de intervención se han adquirido créditos por cerca de $20 mil millones, compromisos que —aseguró— la empresa no podrá pagar. Indicó que a partir de octubre de 2026 la EAAAY deberá comenzar a cancelar dos mutuos con la Superservicios, con cuotas superiores a los $500 millones mensuales, una obligación que calificó como “imposible de asumir”, dado que actualmente la empresa no alcanza a cubrir sus propios costos de operación. “La misma Superintendencia que nos intervino por estar en crisis es la que nos endeuda y luego pretende cobrarnos”, cuestionó.
Cinco agentes interventores en 2 años
El dirigente sindical también manifestó preocupación por la inestabilidad en los agentes especiales designados por la Superservicios, pues en dos años han pasado cinco interventores, situación que —dijo— ha impedido la ejecución de un plan serio de recuperación. Sumado a ello, recordó que problemas estructurales como el relleno sanitario, que posee menos de un año de vida útil, así como los altos índices de agua no contabilizada, siguen sin resolverse. “La intervención no ha servido para nada; estamos igual o peor que antes”, afirmó.
Frente a los rumores sobre una posible devolución de la empresa al municipio, Isaza aclaró que, jurídicamente, esto no es viable mientras no se superen las causales de intervención. Señaló que lo más probable es que la medida sea ampliada más allá de febrero de 2026, fecha en que concluye la actual resolución, y advirtió que el sindicato espera que sea una extensión con fines de administración y no de liquidación.
“Lo público debe seguir siendo administrado por lo público. No podemos permitir que la crisis termine siendo la excusa para entregar la empresa a un privado”, puntualizó.
CASANARE
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El SENA Regional Casanare invita a toda la comunidad casanareña a participar en su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, que se realizará este jueves 20 de noviembre a partir de las 9:00 a.m., en el auditorio de la sede principal del SENA en Yopal.
Este ejercicio de transparencia y participación ciudadana permitirá a los asistentes conocer los principales resultados de la gestión institucional entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, en temas estratégicos como formación, empleo, emprendimiento, inclusión social y desarrollo territorial, reafirmando la misión del SENA de ofrecer oportunidades reales para el progreso de los ciudadanos.
Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el evento será transmitido en vivo por Facebook Live, lo que garantiza que más personas puedan participar, dialogar y hacer seguimiento al trabajo de la entidad.
La audiencia se enmarca en los lineamientos institucionales del SENA para fortalecer la relación con la ciudadanía, rendir cuentas en un lenguaje claro y promover el vínculo con los grupos de valor, como aprendices, empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales, veedurías y demás actores.
“Rendir cuentas es también reconocer cómo la formación, el empleo y el emprendimiento transforman historias reales en nuestros municipios. Cada cifra representa una oportunidad que incidió en la vida de una familia casanareña, y ese es el verdadero sentido de este ejercicio”, afirmó Johana Medina, directora regional del SENA Casanare.
La jornada presentará cifras, experiencias y aprendizajes que reflejan el trabajo desarrollado durante el último año, así como los desafíos y compromisos que orientarán la labor institucional en beneficio del departamento.
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