CASANARE
Procuraduría destituyó e inhabilitó a Lilia María Vega ex secretaria de educación
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años a la rectora de la Institución Educativa José María Córdoba de Tauramena, Casanare, Lilia María Vega Sanabria, por actuar en el cargo encontrándose inhabilitada por haber sido declarada responsable fiscalmente.
La Procuraduría Regional de Casanare comprobó que Vega Sanabria incumplió la Constitución y la ley que rige la función pública al continuar vinculada como funcionaria de la gobernación como rectora de la institución educativa desde el 21 de noviembre de 2015, día posterior a la fecha en la cual fue ejecutoriado el fallo fiscal y hasta el 26 de octubre de 2018, fecha en la que fue retirada del servicio por parte de la secretaría de Educación del Casanare.
La disciplinada continuó desempeñándose como rectora sin dar a conocer que se había emitido un fallo el 20 de noviembre de 2015, por parte de la Contraloría General de la República, por detrimento patrimonial causado al Estado por cuantía de $1.196.983.496,87, cuando fungió como Secretaria de Educación del Departamento en el año 2012, con la firma de un convenio con la Caja de Compensación del Casanare (Comfacasanare) para “garantizar el servicio de alimentación escolar modalidad almuerzos a 62.895 estudiantes de las instituciones educativas del departamento”.
El ente de control calificó en fallo de primera instancia la falta de Vega Sanabria como gravísima, a título de dolo, porque tenía pleno conocimiento de que se encontraba inhabilitada, teniendo en cuenta la vasta experiencia en el sector público, sin embargo, quebrantó las normas de manera consciente y deliberada, con lo que violentó el principio de moralidad y la ética, teniendo la obligación de ser ejemplo para los profesores y estudiantes que estaban bajo su cargo.
Contra la presente decisión la disciplinada y su apoderado presentaron recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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