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Presidente Petro sanciona el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
El Presidente de la República, Gustavo Petro, sanciona este viernes en el corazón de las selvas del Guainía, el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, la hoja de ruta de su Gobierno, con el que busca mejorar las condiciones de vida de la sociedad colombiana.
Luego de tres meses de debate, análisis y votaciones, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el pasado 5 de mayo el documento que define las metas a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales necesarios para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.
Conozca aquí el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida
El Plan de Desarrollo está elaborado bajo cinco Ejes de Transformación: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática y convergencia regional.
Desde el pasado 6 de febrero, cuando el Presidente Petro y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, radicaron el documento ante el Congreso, se recibieron más de 6.500 proposiciones, convirtiéndose así en uno de los planes gubernamentales más democráticos y participativos de la historia.
De hecho, antes de su presentación al Legislativo, entre septiembre y diciembre del 2022, más de 250.000 personas se movilizaron en cada uno de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes convocados por el Gobierno. Allí se recibieron más de 89.000 propuestas fundamentales para definir cada una de las transformaciones que hoy lo conforman.
Estas son: Ordenamiento Territorial, Seguridad Humana, Derecho Humano a la Alimentación, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional.
Así mismo, el documento incluyó los resultados de 33 audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones que finalizaron en enero pasado y en las que participaron 13.000 ciudadanos.
La Ley aprobada en el Congreso de la República fue sancionada este viernes por el Presidente. El documento incluyó los principales resultados de las 33 audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones, que finalizaron en enero pasado, y en las que participaron 13.000 ciudadanos y ciudadanas.
Vale recordar que, en los últimos 61 años, en Colombia se han construido 14 planes nacionales de desarrollo.
Principales metas
El Plan Nacional de Desarrollo busca hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida. Para cumplir con uno de los pilares del Plan de Desarrollo, el ordenamiento del territorio, una de las metas es el avance en el Catastro Multipropósito a un 70 % del territorio nacional, lo cual permitirá consolidar la Reforma Rural Integral (primer punto del Acuerdo de Paz de 2016).
También, le apuesta a la Justicia Social con la entrega masiva de tierras en este cuatrienio y en la que se busca que 2,9 millones de hectáreas de terrenos que se estima entregar a los campesinos contribuya en la restitución y titulación de tierras como instrumentos esenciales para alcanzar la paz total y también potenciar la producción agrícola nacional.
Otro eje es el quiebre de la pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito y en el que el Gobierno del Cambio apunta a que el país baje esta situación de vulnerabilidad extrema a 9,6 % y multidimensional a 7,4 % en 2026. El Plan Nacional de Desarrollo contempla llegar a 88.000 kilómetros de vías campesinas intervenidas.
La economía para la vida estará enfocada en la ampliación de las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas a 1,7 millones de hectáreas.
En materia de transición energética, el país seguirá en el proceso escalonado y responsable y le apuesta agregar en el cuatrienio 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.
Dicho tránsito estará en la diversificación de la canasta exportadora de Colombia en el que el Gobierno del cambio fijó incrementar 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos.
Fuente: Presidencia de la República
Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.
“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.
Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.
El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:
- El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
- La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
- La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.
Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.
Fuente: Comunicaciones CNSC
Función Pública informó a servidoras y servidores públicos de entidades territoriales que el período para presentar la declaración de bienes y rentas finaliza este jueves 31 de julio de 2025.
Asimismo, aclaró que son cerca de 308.762 servidores del orden territorial los que deben realizar esta declaración a través del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encuentran en el SIGEP II.
Las y los servidores reportan datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
Además, la entidad reiteró que la información reportada debe corresponder a la vigencia 2024, es decir el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Función Pública recalcó que todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas en tres momentos: al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al retirarse del cargo.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
Tras varios días de movilización y bloqueos, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro iniciado el pasado 14 de julio. El eje central del consenso es la regulación del precio del arroz paddy verde, que será sometido al régimen de libertad regulada, con una fórmula de cálculo que garantiza cubrir los costos de producción sin generar utilidad.
En la negociación intervinieron seis ministerios, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y la Defensoría del Pueblo como garante del diálogo. El Ministerio de Agricultura radicará ante la SIC el borrador de la resolución para su concepto técnico, paso previo a la expedición oficial del nuevo marco de precios.
Controlar las importaciones y frenar el contrabando
Entre los compromisos alcanzados también se destacan la evaluación de medidas de defensa comercial frente a las importaciones, la creación de una comisión técnica para apoyar a los productores afectados por la caída de precios, y la reactivación de fondos como el Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios FAIA, para respaldo a la comercialización y acceso a insumos.
Además, se acordaron mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente para revisar el sistema de Tarifa del Uso del Agua (TUA), y con el Ministerio de Hacienda para examinar criterios de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP- que afectan al sector. La Policía Fisca y Aduanera POLFA y la DIAN reforzarán los controles en centros de acopio y molinos, para verificar el origen de los productos almacenados.
Con la firma del acta de acuerdo, el Comité Nacional del Paro Arrocero anunció el levantamiento de bloqueos y el restablecimiento de la movilidad en el país. Aunque se mantendrán atentos al cumplimiento de los compromisos, los productores manifestaron su disposición al diálogo, al igual que el Gobierno, que reiteró su voluntad de concertación permanente.
Gobernadores garantes
Los gobernadores de Tolima, Meta y Casanare firmaron, en calidad de garantes, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero.
“Como mandatarios de los principales departamentos productores de arroz, celebramos el levantamiento del paro y el logro de la regulación en el precio del arroz paddy verde, una decisión que evita la quiebra de nuestros agricultores y brinda un respiro al campo colombiano”, dijo el Gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
