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Policía en el Meta recupera 11 vehículos hurtados y gran cantidad de autopartes
Unidades del Departamento de Policía Meta llegaron hasta un desguazadero de vehículos que venía funcionando clandestinamente desde un parqueadero ubicado en la vereda Ocoa de la ciudad de Villavicencio, siendo desmantelado.
Los investigadores descubrieron una nueva modalidad de la delincuencia para hurtar vehículos en diferentes partes del país, a través de estafas con transacciones bancarias falsas.
‘En el Meta no habrá lugar seguro ni de confort para la delincuencia, llevaremos al máximo todas nuestras capacidades físicas y técnicas para someterlas y hacerlas pagar por el daño que generan a la población’, dijo el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, comandante del Departamento de Policía Meta.
La operación se desarrolló en varios municipios de la jurisdicción policial, a través de planes de control en talleres de mecánica, parqueaderos, vías públicas, entre otros sitios vulnerables para este delito; no obtuvo capturas, sin embargo se recuperaron 11 vehículos, avaluados en 996 millones de pesos, así:
– 08 motocicletas de diferentes marcas, hurtadas en diferentes partes del Departamento.
– 01 tractocamión marca Kenworth, de placas THU-748, color verde, modelo 2013, con un semiremolque, hurtado en la modalidad de estafa en el municipio de La Calera – Cundinamarca.
– 01 camioneta marca Ford Ranger, encontrada con todos sus sistemas de identificación borrados y sin placa.
– 01 automóvil marca Chevrolet Corsa, de placas MNA-999, modelo 2004, color gris, hurtado en el municipio de Granada – Meta.
De igual forma se recuperó gran cantidad de autopartes para diferentes tipos de vehículos, con un valor superior a los 50 millones de pesos.
Un vehículo que en su fabricación tarda más de dos semana en el ensamblaje, en un día era totalmente desguasado por la delincuencia en estos lugares y sus partes eran llevadas al mercado negro de diferentes zonas del país.
Según las autoridades, durante lo corrido del año 2017, el hurto de vehículos ha disminuido en un 7%, recuperando 72 motocicletas y 19 automotores, para un total de 89 vehículos avaluados en 2.210 millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.


