META
Policía en el Meta recupera 11 vehículos hurtados y gran cantidad de autopartes
Unidades del Departamento de Policía Meta llegaron hasta un desguazadero de vehículos que venía funcionando clandestinamente desde un parqueadero ubicado en la vereda Ocoa de la ciudad de Villavicencio, siendo desmantelado.
Los investigadores descubrieron una nueva modalidad de la delincuencia para hurtar vehículos en diferentes partes del país, a través de estafas con transacciones bancarias falsas.
‘En el Meta no habrá lugar seguro ni de confort para la delincuencia, llevaremos al máximo todas nuestras capacidades físicas y técnicas para someterlas y hacerlas pagar por el daño que generan a la población’, dijo el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, comandante del Departamento de Policía Meta.
La operación se desarrolló en varios municipios de la jurisdicción policial, a través de planes de control en talleres de mecánica, parqueaderos, vías públicas, entre otros sitios vulnerables para este delito; no obtuvo capturas, sin embargo se recuperaron 11 vehículos, avaluados en 996 millones de pesos, así:
– 08 motocicletas de diferentes marcas, hurtadas en diferentes partes del Departamento.
– 01 tractocamión marca Kenworth, de placas THU-748, color verde, modelo 2013, con un semiremolque, hurtado en la modalidad de estafa en el municipio de La Calera – Cundinamarca.
– 01 camioneta marca Ford Ranger, encontrada con todos sus sistemas de identificación borrados y sin placa.
– 01 automóvil marca Chevrolet Corsa, de placas MNA-999, modelo 2004, color gris, hurtado en el municipio de Granada – Meta.
De igual forma se recuperó gran cantidad de autopartes para diferentes tipos de vehículos, con un valor superior a los 50 millones de pesos.
Un vehículo que en su fabricación tarda más de dos semana en el ensamblaje, en un día era totalmente desguasado por la delincuencia en estos lugares y sus partes eran llevadas al mercado negro de diferentes zonas del país.
Según las autoridades, durante lo corrido del año 2017, el hurto de vehículos ha disminuido en un 7%, recuperando 72 motocicletas y 19 automotores, para un total de 89 vehículos avaluados en 2.210 millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
