META
Policía en el Meta lanza plan de choque contra el hurto de celulares
Con el objetivo principal de erradicar el hurto de celulares, el Departamento de Policía Meta lanzó la estrategia “Un llamado a la legalidad”, que se desarrollará en 23 municipios, a través de tres dimensiones para desestimular el hurto y la receptación de celulares, y para generar conciencia social.
‘No descansaremos hasta retribuir la confianza ciudadana y mejorar la percepción con resultados de impacto y justicia’, indicó el coronel Mauricio Pedraza Rocha, comandante Departamento de Policía Meta.
DESESTIMULAR es la primera fase del Plan, la cual se llevará a cabo mediante la campaña “VERIFICA TU CELULAR”, para enseñarle a los ciudadanos a comprobar la legalidad de sus dispositivos móviles; seguidamente, se intervendrán establecimientos públicos y las calles, con operativos especiales para verificar el IMEI, incautar equipos y capturar por receptación.
DENUNCIAR es la segunda fase, que trata de incentivar en la población la denuncia y verificar la autenticidad de los lugares en donde se adquieran y reparen equipos celulares.
DEVOLVER es la tercera y última fase, la cual se hará de acuerdo a los resultados obtenidos en los planes. A través de una ‘Entregatón’, la cual consta de la devolución de los equipos recuperados a sus propietarios, la proyección de historias detrás de distintos casos, la publicación del listado de los equipos recuperados en la página Web de la Institución, y una campaña de entregas voluntarias de dispositivos ilegales.
Es importante que las personas tengan presente que el Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI) es un número único que identifica a cada terminal, es como su huella dactilar. Este código lo pide la operadora en caso de que el usuario tenga que bloquear el terminal, razón por la cual se les recomienda que una vez compren el móvil, lo guarden en un lugar de fácil recordación.
En tal sentido, a la entrada de todas las unidades policiales estarán a la mano de la comunidad las instrucciones para que verifiquen sus celulares a través del IMEI, el cual por regla general se encuentra debajo de la batería y está formado por 15 dígitos o pueden consultarlo al *#06# y la tecla de llamada.
Tips para evitar que le roben el celular
– NO conteste el celular en lugares no muy confiables. ‘La calle, mercados populares, plazas de mercado, parques y zonas aledañas a los bares’.
– NO lo cargue en la mano, llevarlo a la vista aumenta el riesgo que se lo quiten sin importar el lugar donde esté.
– NO hable en el carro, los ladrones aprovechan la distracción, esta modalidad cada vez es más común. Además, de estar violando la norma de tránsito que prohíbe hablar cuando se maneja y de poner en riesgo la vida.
– Cárguelo en bolsillos delanteros o laterales, eso le dificulta actuar a los dueños de lo ajeno.
– En caso de emergencia comuníquese de manera inmediata con la Policía Nacional a la línea de Atención y Emergencias 123. También, pueden acudir a las patrullas de los cuadrantes o Estaciones de Policía de sus municipalidades.
Connotación judicial del hurto de celulares
El que robe celulares, será judicializado por el delito de hurto, que le puede dar una condena de prisión de 16 a 36 meses, esto cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O por hurto calificado, que puede dar una condena de prisión de 5 a 16 años, si el hurto se cometiere con agravantes.
El que compre o venda celulares robados, podrá ser judicializado por el delito de Receptación, que le puede dar una condena de prisión de 6 a 12 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
