META
Policía en el Meta lanza plan de choque contra el hurto de celulares
Con el objetivo principal de erradicar el hurto de celulares, el Departamento de Policía Meta lanzó la estrategia “Un llamado a la legalidad”, que se desarrollará en 23 municipios, a través de tres dimensiones para desestimular el hurto y la receptación de celulares, y para generar conciencia social.
‘No descansaremos hasta retribuir la confianza ciudadana y mejorar la percepción con resultados de impacto y justicia’, indicó el coronel Mauricio Pedraza Rocha, comandante Departamento de Policía Meta.
DESESTIMULAR es la primera fase del Plan, la cual se llevará a cabo mediante la campaña “VERIFICA TU CELULAR”, para enseñarle a los ciudadanos a comprobar la legalidad de sus dispositivos móviles; seguidamente, se intervendrán establecimientos públicos y las calles, con operativos especiales para verificar el IMEI, incautar equipos y capturar por receptación.
DENUNCIAR es la segunda fase, que trata de incentivar en la población la denuncia y verificar la autenticidad de los lugares en donde se adquieran y reparen equipos celulares.
DEVOLVER es la tercera y última fase, la cual se hará de acuerdo a los resultados obtenidos en los planes. A través de una ‘Entregatón’, la cual consta de la devolución de los equipos recuperados a sus propietarios, la proyección de historias detrás de distintos casos, la publicación del listado de los equipos recuperados en la página Web de la Institución, y una campaña de entregas voluntarias de dispositivos ilegales.
Es importante que las personas tengan presente que el Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI) es un número único que identifica a cada terminal, es como su huella dactilar. Este código lo pide la operadora en caso de que el usuario tenga que bloquear el terminal, razón por la cual se les recomienda que una vez compren el móvil, lo guarden en un lugar de fácil recordación.
En tal sentido, a la entrada de todas las unidades policiales estarán a la mano de la comunidad las instrucciones para que verifiquen sus celulares a través del IMEI, el cual por regla general se encuentra debajo de la batería y está formado por 15 dígitos o pueden consultarlo al *#06# y la tecla de llamada.
Tips para evitar que le roben el celular
– NO conteste el celular en lugares no muy confiables. ‘La calle, mercados populares, plazas de mercado, parques y zonas aledañas a los bares’.
– NO lo cargue en la mano, llevarlo a la vista aumenta el riesgo que se lo quiten sin importar el lugar donde esté.
– NO hable en el carro, los ladrones aprovechan la distracción, esta modalidad cada vez es más común. Además, de estar violando la norma de tránsito que prohíbe hablar cuando se maneja y de poner en riesgo la vida.
– Cárguelo en bolsillos delanteros o laterales, eso le dificulta actuar a los dueños de lo ajeno.
– En caso de emergencia comuníquese de manera inmediata con la Policía Nacional a la línea de Atención y Emergencias 123. También, pueden acudir a las patrullas de los cuadrantes o Estaciones de Policía de sus municipalidades.
Connotación judicial del hurto de celulares
El que robe celulares, será judicializado por el delito de hurto, que le puede dar una condena de prisión de 16 a 36 meses, esto cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O por hurto calificado, que puede dar una condena de prisión de 5 a 16 años, si el hurto se cometiere con agravantes.
El que compre o venda celulares robados, podrá ser judicializado por el delito de Receptación, que le puede dar una condena de prisión de 6 a 12 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
