CASANARE
Proyecto de Plan de Desarrollo de Yopal sería devuelto a la Administración Municipal
Son varias las inconsistencias encontradas por el equipo jurídico del Concejo de Yopal al proyecto de Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Leonardo Puentes, que harían que el documento sea devuelto antes de entrar a discusión para que estas fallas sean subsanadas por parte del mandatario y su equipo de gobierno.
Al “error de digitación” asumido por la asesora Marisol Granados como propio, respecto de colocar en la primera página de la exposición de motivos el nombre del municipio de Monterrey y no el de Yopal, se suman otras situaciones de carácter legal que harían que el documento no supere la primera revisión, que es precisamente la de legalidad y unidad de materia, a cargo de la Presidencia del Concejo.
Se conoció que, si bien es cierto el documento habla de múltiples reuniones con el Consejo Territorial de Planeación para discutir el proyecto previo a la presentación al Concejo Municipal, no existe o no se anexó soporte alguno por parte de la Administración Municipal de la convocatoria al mencionado Consejo, como tampoco se anexaron actas o documentos que certifiquen las precitadas reuniones. El Consejo Territorial de Planeación no emitió concepto previo sobre la viabilidad del Plan, el cual no sería necesario de confirmarse que tras las reuniones con el equipo de gobierno el CTP encontró el documento ajustado a la normatividad y por tanto no se pronunció dentro del tiempo estipulado, por lo que el proceso se considera surtido.
El equipo jurídico del Concejo de Yopal encontró también, que no se anexaron soportes de que el proyecto haya sido presentado al Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, el cual debe rendir concepto sobre la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo, acorde a las actuales condiciones del municipio en tal sentido.
Entre otras consideraciones, éstas son algunas de las inconsistencias encontradas por el equipo jurídico del Concejo de Yopal que a través de la Presidencia del cabildo debe rendir inicialmente el concepto de legalidad y unidad de materia del proyecto del Plan de Desarrollo, por lo que se espera que entre lunes y martes se conozca la decisión de si se devuelve el documento a la Administración Municipal o se inicia el trámite del mismo permitiendo que se subsanen las mencionadas inconsistencias.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
