CASANARE
Persiste bloqueo en relleno sanitario de Yopal, hoy se reanudan diálogos con la comunidad
A partir de las 7 de la mañana se reanudarán los diálogos con la comunidad de las veredas del Corregimiento Alcaraván La Niata por parte de las autoridades, ante el bloqueo que estas personas realizan en el acceso al relleno sanitario “El Cascajar” donde se disponen las basuras de Yopal y quince municipios más, reclamando mejores condiciones sanitarias en el lugar, además de obras como compensación para la comunidad por tener allí el sitio de disposición de basuras.
La tarde anterior se hizo un primer intento de diálogo con la comunidad por parte de las autoridades que asistieron al lugar donde se presenta la protesta, pero no fue posible llegar a una solución teniendo en cuenta que se exigía la presencia del gobernador Alirio Barrera Rodríguez por parte de los manifestantes, y éste arribó al sitio cuando ya algunas de las otras autoridades habían regresado a Yopal ante la negativa de los ciudadanos.
La comunidad protesta por las obras de ampliación del relleno sanitario anunciadas por las autoridades, pues consideran que debe buscarse otro lugar donde disponer las basuras para no seguir con la afectación ambiental. También hay quejas por la operación del relleno por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, derrame de lixiviados, y permanentes malos olores.
La comunidad le recordó a la Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo, los compromisos pactados con la Alcaldía de Yopal en un acta de agosto de 2016, cuando se realizó en el mismo sitio, cierre del Relleno Sanitario y movilización de los habitantes, exigiendo soluciones a diversas problemáticas, señalando que varios de esos compromisos no se han cumplido.
La mandataria local reiteró que la Administración Municipal le ha cumplido a la comunidad, especialmente en el arreglo de las vías, teniendo en cuenta que actualmente tienen maquinaria en el sector. “En estos momentos hemos adecuado 9 kilómetros de vía”.
Empresa de Acueducto dice que ha cumplido compromisos
Por su parte, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal-EAAAY reiteró que el 24 de agosto de 2016, durante la reunión de levantamiento del bloqueo realizado por habitantes de La Niata en el relleno, se establecieron dos acuerdos entre la EAAAY y la comunidad, uno de ellos era establecer acciones para el tratamiento de lixiviados y otro la presentación de la titularidad de predios para la ampliación del relleno.
Dice la Empresa, que en cumplimiento a esto, el 05 de septiembre de 2016, en presencia del presidente de la Junta de Acción Comunal y otros líderes de la comunidad, se realizó la presentación de la titularidad para la ampliación y cierre del Relleno Sanitario, donde se presentaron las escrituras, planos, área del terreno establecido para el proyecto y demás aspectos del proceso, que fueron aprobados por los representantes de la comunidad mediante acta de dicha reunión.
Así mismo, se presentó la alternativa de implementar un reactor UASB con un costo de 600 millones de pesos, de acuerdo con la consultoría realizada para establecer la metodología más adecuada para el tratamiento de lixiviados en El Cascajar, pero dado que la EAAAY no cuenta con los recursos para ejecutar el proyecto, se presentó a la Alcaldía, el cual fue objeto de varias reuniones y mesas de trabajo; sin embargo, el Municipio ya habiendo evaluado y viabilizado, finalmente no aportó los recursos y se finalizó el proceso.
La Empresa reiteró la disposición que siempre ha tenido para atender las solicitudes de la comunidad fuera de los acuerdos, y que ha mantenido una constante comunicación con la población a través de los diferentes funcionarios y la administración misma, resaltando que muchos de estos funcionarios son seleccionados por la misma comunidad y son quienes desarrollan las labores de operación del Relleno Sanitario.
Se espera que de los diálogos del día de hoy surjan soluciones entre la comunidad que protesta y las autoridades, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que ya comienza a gestarse, especialmente en Yopal, donde desde el fin de semana anterior no se hace recolección de basuras.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
