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Alias “Don Mario” revivió la parapolítica en Meta y Casanare

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Previo a embarcarse en un avión con destino a los Estados Unidos, país que lo requiere en extradición por sus actividades delictivas dedicadas al paramilitarismo y el narcotráfico, Daniel Rendón Herrera –mejor conocido como Don Mario–, se despachó contra su proceso judicial en el país, su extradición, los vínculos entre prósperos empresarios y paramilitares y, también, su “dolor de patria” por ser “de los pocos” que se han atrevido a decir la verdad. (Le podría interesar: Santos da vía libre a extradición de ‘Don Mario’)

Don Mario manifestó estar tranquilo, pues dijo que llegó el momento de poder esclarecer los cargos ante la justicia norteamericana. “Los últimos días de cautiverio en esta mazmorra, donde me encuentro, ha sido muy difícil, (…) sin agua para bañarme, solo me sacan de la celda una hora al día”, explicó a los micrófonos de la W Radio. Dice, también, que cometió un error al no pedir acompañamiento de los medios de comunicación porque todo lo que ha dicho lo han desaparecido y no han investigado a las personas responsables de las actividades ilícitas.

Prueba de ello, según él, son los ejemplos de “impunidad” en cuanto a investigaciones a políticos y empresarios, como el hoy gobernador del departamento de Guaviare, Nebio Echeverry, quién, según Don Marioconformó un grupo de autodefensas en los llanos orientales y lo financió. A su vez, sostuvo, hay otro hecho que comprometería a un exsenador que se habría reunido con él y con Miguel Arroyave, exparamilitar cercano a la casa Castaño, y que en ese encuentro también estuvo también el político e ingeniero industrial, Luis Carlos Torres, esposo de la congresista Maritza Martínez.

En dicho encuentro, explicó Don Mario, se habló sobre el asesinato de los políticos Euser Rondón Vargas, Carlos Javier Sabogal y Nubia Sánchez Romero.  Luis Carlos Torres “estuvo en una reunión, precisamente, en la finca llamada El Rollo con Miguel Arroyave. Cuando yo llegué estaba pactando la muerte de estos personajes. A los pocos días se dio la muerte de ellos, eso lo denuncié en Justicia y Paz y (allí) se han desaparecido los audios”, manifestó. (Lea: Corte Suprema de Justicia avala extradición de “Don Mario” a Estados Unidos)

“Yo no soy el principal testigo en lo de Santiago Uribe”

Interrogado sobre el caso que vincula a Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe, con el grupo de los 12 Apóstoles, el exparamilitar indicó no es el principal testigo contra él, pero que sí puede decir que en el país se conformaron “grupos de seguridad privada” al mando de varias familias, entre ellos, “la familia de los Uribe”. “Eso es lo que ha dicho. Pero no es que tenga pruebas de eso como tal, sé (…) que tuvieron un grupo de seguridad privada y que después conformaron los 12 Apóstoles, que eran unos hombres ‘pensantes’ para direccionar las autodefensas a dónde debían llegar”, dijo.

“¿Las autodefensas como nos convertimos en paramilitares?”, se preguntó el exparamilitar quien, inmediatamente, se responde: “Fue el vínculo con los organismos de seguridad del Estado, con la política, todos con un fin de defender nuestra patria de la oleada guerrillera. Hoy en día le olemos maluco a todo mundo, pero que todo el mundo participó en defender la oleada guerrillera que se iba a tomar la patria”, expresó. (Lea: A “Don Mario” le llegó la extradición)

Vínculos entre paramilitares y empresarios

Rendón Herrera, quien se desmovilizó en 2006, manifestó que “todos” los empresarios de Colombia hicieron parte del financiamiento de las autodefensas. “¿Quiénes me financiaban a mí? Todos los gremios económicos de esa región, incluyendo petroleras y contratistas”. Y sostuvo que uno de los casos que puso en Justicia y Paz fue el de Andrés Rueda, un contratista del Casanare que supuestamente financió a un frente. “Él era contratista de Vargas Lleras en ese tiempo. Él financiaba a Martín Llanos y pasó a financiarnos a nosotros. Algo más de $1.000 millones de la contratación de Casanare. Todo eso lo denuncié y nadie lo ha investigado”, expuso en la emisora radial.

El Espectador habló con Rueda respecto a las declaraciones dadas por Rendón Herrera y aseguró que lo dicho por el exparamilitar “es una completa mentira”. Explicó también que ya en 2010 la Fiscalía había abierto una investigación en su contra por otras declaraciones de Don Mario, pero que el ente investigador “cerró el proceso y dijo que no había una credibilidad de Don Mario, porque todas las personas que puso de testigo se contradijeron”.

Sobre la afirmación de que “él era contratista de Vargas Lleras en ese tiempo”, Rueda negó tener alguna relación personal o comercial con el ahora candidato presidencial. Cuestionado sobre si ha trabajado con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, Rueda dijo que nunca lo había hecho. Aun así, en otra entrevista a este mismo diario, publicada en mayo de 2006, queda en evidencia que él era coordinador de la campaña Uribe en Casanare a la que llegó, según explicó, por invitación del doctor Ignacio Guzmán.

En esa ocasión, este diario reveló sus nexos con el paramilitar Emiro Pereira (condenado a 40 años de prisión), pero, como ahora, también lo negó, afirmando que nunca tuvo negocios con Pereira. También dijo que “él (Pereira) llegó una vez a Yopal diciendo que quería hacer una reforestación y supo que yo estaba negociando una finca cerca a Yopal, pero esa finca nunca la compré y no hubo negocio”.

Fuente: www.elespectador.com

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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes

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En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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