CASANARE
Otra vez cae la inversión en exploración petrolera en los llanos orientales
El más reciente informe presentado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), proyecta a los Llanos orientales como la segunda región, después del Caribe, con mayor inversión para exploración en 2021, con USD 190 millones presupuestados, que serán ejecutados principalmente en Casanare (USD 110 millones) y Meta (USD 74 millones).
No obstante, llama la atención que la inversión en esta región del país viene disminuyendo en los últimos años. La inversión presupuestada en los Llanos pasó de USD 305 millones para 2019, a USD 209 millones para 2020 y USD 190 millones para 2021.
“A pesar de ser la cuenca con la mayor cantidad de contratos y áreas en exploración y evaluación vigentes, y de que cuenta con importantes recursos prospectivos de petróleo y gas, conviene analizar las razones por las cuales viene cayendo la inversión en esta región, por ejemplo, se debe revisar, sobretodo, la situación de conflictividad social que es compleja”, explicó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.
De acuerdo con el informe, esta es la región con mayor nivel de bloqueos a las operaciones de la industria del petróleo y gas, a julio de 2020, el 35% de éstos se presentaron en los departamentos del Meta, Casanare y Arauca, situación similar ocurrió en el 2019 representando un 31%. Y de acuerdo con la percepción de las empresas encuestadas por la ACP, situaciones de orden público y conflictividad social ralentizan la ejecución de los proyectos en los Llanos orientales.
“La industria del petróleo y gas continúa comprometida con el país y las regiones, más aún en la actual situación de pandemia, cuando se necesitan sectores que le den impulso a las economías locales. Los recursos que aporta el sector, en regalías, impuestos, derechos económicos y contractuales, serán fundamentales para contribuir a la reactivación social y económica, así como para impulsar el empleo y el crecimiento regional, de ahí la importancia de que las inversiones y proyectos se puedan ejecutar y de mantener a los Llanos como un destino atractivo de inversión”, enfatizó Lloreda Mera.
Finalmente, en cuanto a inversión en producción, por regiones, el departamento del Meta continuará siendo el principal receptor con USD 1.110 millones, seguido por Santanderes (USD 442 millones) y Casanare (USD 342 millones).
Fuente: ACP
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
