META
Ordenan restituir tierras a familia cristiana que fue hostigada por las Farc en el Meta
Después de 19 años de abandono forzado de sus predios como consecuencia de la presión ejercida por la guerrilla de las FARC, tres hermanos y sus familias integrantes de la iglesia cristiana Universal de Jesucristo, recuperaron sus tierras ubicadas en zona rural de La Macarena, Meta.
En el año 2004, los tres reclamantes y sus esposas adquirieron de manera individual cinco predios que suman 305 hectáreas, en donde residían y además en uno de estos instalaron la iglesia en la que ejercían labores ministeriales.
La tragedia para ellos comenzó meses después, cuando guerrilleros del frente Yarí de las Farc-EP, les prohibieron reunirse y predicar, aduciendo que los cristianos advertían a la población sobre el riesgo de la presencia guerrillera en la zona. A las constantes presiones se sumaron los asesinatos de un pastor y de tres miembros de esa iglesia a finales de 2004, por lo tanto, se vieron obligados a cerrar el templo.
Otro hecho de hostigamiento se configuró cuando uno de los hermanos fue elegido concejal de La Macarena y las Farc-EP, de inmediato lo declaró objetivo militar y en consecuencia el entonces cabildante huyó hacia Villavicencio, para salvaguardar su vida.
Y como si fuera poco el sufrimiento para los integrantes de esta familia religiosa, las Farc reclutaron a uno de sus integrantes, quien días después se escapó de las filas de esa organización y se entregó al Ejército junto con el fusil. Alias “Camilo” o “El Paisa” obligó a esta familia, pagar $25 millones por el arma de dotación y debido a que no contaban con el dinero para cumplir con esta exigencia, no tuvieron más remedio que vender una de las fincas en el año 2015.
“Una vez presentaron la solicitud, la Unidad de Restitución de Tierras, ejerció la representación judicial de estas víctimas de abandono forzado de tierras, logrando que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la restitución jurídica y material de los predios”, señaló César Santoyo, director de la de la URT en Meta.
Así mismo, la justicia declaró que los segundos ocupantes del predio que fue vendido, actuaron de buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, seguirán habitando en ese predio mientras que el reclamante, será compensado con una nueva vivienda.
Agregó el director Santoyo, que “además de la restitución material de los predios, los ahora beneficiarios de restitución recibirán proyectos productivos y tendrán derecho a las diferentes medidas de reparación integral por parte del Estado”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
