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REGIÓN

Gobierno Petro: van dos millones de hectáreas reclamadas en Meta y Guaviare

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Al cumplirse 13 años de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- destaca que, en los departamentos de Meta y Guaviare, donde se reportan 11.800 solicitudes, actualmente son reclamadas seis millones de hectáreas, de las que aproximadamente dos millones (el 30%) corresponden a la labor hecha durante lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la vigencia de esta ley, en ambos departamentos, 1.500 personas han sido beneficiadas con 305 sentencias que ordenan la devolución de más de 72.000 hectáreas a campesinos e indígenas. De estas, más de 20.000 se han devuelto en la actual administración, resaltando la reciente entrega de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, ubicado en Puerto Gaitán.

Además, tras su retorno al campo, 120 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.200 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.

En la etapa judicial, la URT ejerce la representación del solicitante de manera gratuita. Es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.400 casos se han llevado ante la justicia. Respecto a la ruta étnica, 2.500.000 hectáreas son reclamadas y se subraya que, durante el Gobierno del Cambio, se radicó la demanda de mayor extensión en la historia de la entidad, a favor del pueblo Nukak en Guaviare por 954.000 hectáreas.

13 años con la esperanza viva a nivel nacional

Tal como lo ha reiterado el mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad busca -en su recorrido de armonizar tierras y territorios- que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios.

Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se les negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y, hoy, los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios. Se pasó de negar, en anteriores gobiernos, el 65% de solicitudes, a aprobar, en el actual Gobierno, el 72%”, señaló Yule.

Igualmente, durante el Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, pero que se corrigió en la actual administración. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.

Entre los hitos alcanzados, la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, avanzar en una reforma de esta ley, tal como reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.

El camino administrativo

· El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que 5.711.903 hectáreas son reclamadas a jueces y magistrados. De ellas, 96.944 corresponden a ruta individual y 5.614.959 a ruta colectiva o étnica.

· Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.

Etapa judicial

· En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5.224 solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia la deliberación en torno a 5.093.704 hectáreas, las cuales favorecen a 58.409 familias.

· La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de ocho juzgados especializados en restitución de tierras. Por primera vez, se cuenta con cinco juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).

Etapa posfallo

· A partir de la labor hecha durante el Gobierno del Cambio, los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.625 sentencias, de las cuales siete son étnicas. En la vigencia de la Ley de Víctimas y

Restitución de Tierras se han proferido 9.131 sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva.

· Se logró la entrega material y por compensaciones de 24.914 hectáreas a 639 personas reconocidas en fallos de restitución, y a 394 familias compensadas en ruta individual. Para el caso de pueblos étnicos, la Unidad entregó 16.303 hectáreas a 1.077 personas que pertenecen a tres comunidades ancestrales.

· En este Gobierno, y por primera vez en la historia de la restitución de tierras, se implementó el componente de seguridad alimentaria, que atendió a 13 comunidades étnicas y favoreció a 11.754 familias. Esto significó una inversión de $33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.

· Se implementaron 1.165 proyectos productivos con una inversión de $50.300 millones de pesos en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrolló en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.

El director Yule señaló: “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43%, que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o para segundos ocupantes reconocidos en fallos”.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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Gobernador de Boyacá anuncia medidas para enfrentar crisis del sector lechero

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Desde el municipio de Chiquinquirá, el Gobierno departamental lideró la Mesa Técnica del Comité Ampliado de la Cadena Láctea del departamento, con el propósito de escucharlos e iniciar acciones que permitan apoyar a los productores y buscar una solución a la crisis que vive el sector en Boyacá.

Ante la situación se activó una estrategia para la promoción del consumo local denominada #YoApoyoAlLecheroBoyacense, iniciando el próximo 3 de agosto una gran ‘Quesatón’ para que los boyacenses compren este producto y así ayudar a disminuir el stock y aumentar la capacidad de los procesadores de comprar más leche.

Frente al tema de compras públicas, se busca que Plan de Alimentación Escolar de Boyacá, cambie las minutas para comprar queso en las raciones que entregan en la mañana. Asimismo, habrá reuniones con los operadores para que compren solamente a la empresa que recopila y procesa en Boyacá la leche UHT.

De igual forma, el mandatario de los boyacenses indicó que se dialogará con todas las entidades que hacen compras públicas para adquieran leche boyacense, incluidas las Fuerzas Militares y hospitales de la región.

También, desde el Gobierno departamental, se constituirá un Centro de Logística y Transformación en Chiquinquirá para que Boyacá cuente con una planta pasteurizadora y pulverizadora de leche a mediano plazo. Este centro se trabajará de forma conjunta con la UPTC, que realizará los estudios y diseños, que serán pagados por la misma Gobernación.

Como resultado de la mesa se estableció que el próximo lunes 22 de julio, a las 4:00 p.m. se realizará la reunión de los representantes de los productores con la bancada de congresistas boyacenses para seguir trabajando en soluciones que permitan a los campesinos no llegar a la quiebra.

El Gobernador indicó que gestionará una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura para revisar el tema de importaciones, así como el tema del lactosuero que viene aumentando su presencia en los mercados y está quebrando a los lecheros, además de articular todos los esfuerzos frente a posibles renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), para que no entren en vigencia tan rápido y no terminen perjudicando al sector. Igualmente propondrán al país que el Conpes lácteo, que se acabó el año pasado, se reactive bien sea con la Unión Europea o con nuestra nación.

Por otra parte, se usará toda la capacidad instalada investigativa para producir alimento para bovinos con alfalfa y el suero producto de la actividad láctea para utilizarlo como fertilizantes de los suelos. Además se incluirá en el proyecto del Centro de Logística y Transformación Agroindustrial de Duitama un componente para alimento bovino.

De la misma manera, se buscará la viabilidad del proyecto para una gran cava de queso Paipa que promueva los productos lácteos de la mano del turismo.

Para finalizar, el gobernador hizo un llamado a todos los eslabones de la cadena y a los sectores políticos, para que unidos se logren soluciones estructurales con el Gobierno Nacional.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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Boyacá, Arauca, Casanare y Meta se le quieren medir a hacer los Juegos Nacionales

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Con la gran ilusión y expectativa por continuar con el procedimiento de postulación, este lunes el gobernador Carlos Amaya, junto a sus homólogos de Casanare, Arauca y Meta, sustentaron en el Ministerio del Deporte la propuesta conjunta para aspirar a ser la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud en 2028.

En la proposición expuesta por parte de los mandatarios de los cuatro departamentos, la apuesta fundamental consiste en mostrarle al país que, además de contar con la capacidad de realizar grandes eventos deportivos, los ‘Juegos Nacionales de Oriente: Deporte y Naturaleza por la Vida’ son una gran oportunidad para fusionar la actividad física con el profundo respeto por los recursos naturales, destacando la importancia de preservarlos y protegerlos como pilar para el desarrollo social.

El gobernador Amaya aseguró que los cuatro departamentos están en condiciones de acoger estas justas, por lo que quieren que sean unos juegos sostenibles, que den un mensaje de preservación de los recursos naturales y que se pueda  dejar ese legado. En cuanto a lo deportivo, no se necesita construir ningún nuevo escenario, ya que cada departamento ha dispuesto recursos para hacer el mantenimiento y mejoramiento.

El mandatario de los boyacenses tiene la absoluta convicción que los cuatro departamentos están listos para hacer la décimo tercera versión de los Juegos Nacionales de Oriente.

A la comitiva liderada por los gobernadores de Boyacá, Casanare, Arauca y Meta, se sumó el gerente de Indeportes Boyacá, Fredy Holguín; el director de Fomento y Desarrollo Deportivo, Fernando López y los deportistas Luis Carlos Patiño, Sara Salinas, Catalina Rosas, Juanita Salcedo, Laura Rojas, Sebastián Velandia, Fabián Espinel y Juan Pablo Sossa.

La próxima instancia de esta aspiración es la evaluación en sitio que realizará la comisión técnica del Ministerio del Deporte, la cual se desplazará a los territorios en una fecha límite el 26 de julio, para recibir la calificación definitiva del 27 al 31 de julio.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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Octava División presentó balance de operaciones del primer semestre del año

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El Ejército Nacional presentó balance operacional sobre acciones realizadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía donde se despliegan cerca de 10.000 soldados de la Octava División del Ejército Nacional.

En el primer semestre del año 2024, los soldados de la Octava División del Ejército Nacional, repartidos en la Décima Sexta Brigada, en el Casanare; Fuerza de Tarea Quirón y Décima Octava Brigada, en Arauca, y Vigésima Octava Brigada, en los departamentos de Vichada y Guainía, han logrado neutralizar y combatir las acciones delictivas que los grupos armados organizados al margen de la ley han generado en esta región del oriente colombiano, minimizando las afectaciones a la población civil y sus recursos.

Es así que, junto a las demás autoridades, se logró la captura de 77 presuntos integrantes de los grupos armados organizados ELN y Clan del Golfo, que se dedicaban a la extorsión, secuestros, actividades de financiamiento ilícito o logística.

El informe da cuenta de la captura de 398 sujetos por actos ilícitos como narcotráfico o por delitos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia de la población; además de ser capturados 28 personas más por delitos que afectan al medio ambiente.

El Ejército confirmó que en las operaciones militares han logrado recuperar  14 menores de edad que fueron reclutados de manera forzada por los grupos armados.

En cuanto a las labores que permiten salvaguardar la vida de la población civil, en lo corrido del 2024 se han neutralizado un total de 737 artefactos explosivos de fabricación improvisada, evitando así que los grupos armados lograran sus intenciones terroristas contra la vida de la población, además de la incautación de cerca de 380 kilogramos de material explosivo. Los artefactos explosivos fueron encontrados en su mayoría sobre caminos, vías y pasos veredales cercanos a las comunidades, poniendo en riesgo a los pobladores que transitan por ellos.

Lucha contra el secuestro

La labor incansable de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), en los departamentos de Arauca y Casanare, han permitido devolver la libertad a seis personas que se encontraban en poder de los grupos armados organizados.

Delitos que afectan el medio ambiente

En operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos mineros llevadas a cabo  en los departamentos del Vichada y Guainía, se han neutralizado un total de 17 afectaciones a los recursos naturales; se ha incautado una unidad de producción minera ilegal, cuatro dragas y 22 motores que serían usados para esta práctica que pone en riesgo la flora y fauna de esta región del oriente y la Amazonía colombiana. También se han incautado 261 metros cúbicos de madera, producto de la tala ilícita de árboles, y más de 100 toneladas de Coltan.

Por su parte, el narcotráfico, aparte de ser una actividad ilícita, atenta contra los recursos naturales por los procesos de producción que se realizan para obtener pasta base de coca o clorhidrato de cocaína, pues se usan agentes químicos que son vertidos hacia la tierra fértil y fuentes hídricas. Así, en lo corrido del 2024, se han destruido 3500 matas de coca en semilleros, se ha incautado más de 1,3 toneladas de cocaína y más de 3 toneladas de marihuana, al igual que 38 kilos de pasta base de coca, sumando la incautación de aproximadamente 30.000 kilogramos de insumos sólidos y cerca de 750 galones de insumos líquidos. Así mismo, se destruyeron 43 laboratorios de pasta base de coca y un laboratorio de clorhidrato de cocaína.

Fuente: Ejército Nacional –  Octava División

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