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CASANARE

Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare

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La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.

El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.

El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.

La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.

Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.

Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible

Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.

En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.

Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.

También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.

El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.

En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.

Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable

Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.

En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.

En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.

Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.

Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!

De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.

Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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CASANARE

Formulan cargos a 2 policías de carreteras por muerte de joven en Casanare en 2021

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SEBASTIÁN

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la Policía y jefe del  cuadrante vial No. 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Geiler Camacho Molano y el patrullero Emmanuel Iván Silva Rodríguez (2021), por la muerte del joven Johan Sebastián Ortega, de 20 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto con su compañera, por la vía Yopal – Paz de Ariporo.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2021, en el kilómetro 25 de la citada vía. Allí, tras una persecución policial el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano causándole una grave herida en el cuello que le produjo instantes después la muerte.

Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, razón válida para dispararle.

El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien, al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano.

De acuerdo con las pruebas recaudadas el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo y, una vez decidió transportarlo, se detuvo en dos oportunidades perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquia sin signos vitales.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.

¿Cómo fueron los hechos?

Como se recuerda en este caso que causó conmoción en Casanare, los dos jóvenes se desplazaban en motocicleta hacia una finca y pararon antes del retén, como lo narró en su momento Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a la víctima mortal, al momento de los hechos, quien narró pormenorizadamente cómo fueron los mismos, lanzando graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando además que nada de lo que se les acusa es cierto, y que al joven le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial. Este fue el relato de la joven, para la época de los hechos.

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CASANARE

Yopal refuerza detección temprana del VIH y búsqueda activa, este año se han registrado 7 casos

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VIH

El municipio de Yopal ha fortalecido significativamente sus estrategias de detección temprana y atención integral del VIH en los últimos años. Esto se ha logrado mediante la ampliación de la búsqueda activa institucional y el incremento de tamizajes en los servicios de salud.

Según el seguimiento epidemiológico de la Secretaría de Salud Municipal, en 2024 se notificaron 90 casos, en 2025 la cifra fue de 100 y, en lo corrido de 2026, se han registrado 7 casos. Las autoridades sanitarias atribuyen este incremento, en parte, al fortalecimiento de las acciones de detección, que permiten identificar y vincular oportunamente a las personas a tratamiento.

Las medidas implementadas incluyen la expansión de pruebas diagnósticas en diversos puntos de atención, el desarrollo de jornadas de sensibilización y una estrecha articulación con los prestadores de servicios de salud. Esto asegura un seguimiento clínico adecuado y el acceso a una atención integral para quienes lo necesitan.

Se enfatiza que un diagnóstico temprano es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus y asegurar el inicio oportuno de los tratamientos, lo que contribuye a controlar la propagación.

Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad mantener prácticas de autocuidado, como el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales, realizarse la prueba de VIH periódicamente y acudir a los servicios de salud ante cualquier inquietud o síntoma, promoviendo la prevención activa.

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CASANARE

Alcaldía de Yopal acerca servicios a personas con discapacidad en San Rafael de Morichal

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La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud Municipal de Yopal realizaron una jornada de caracterización y revisión de historias clínicas en el corregimiento de San Rafael de Morichal, dirigida a personas con discapacidad. Esta iniciativa busca expedir el Certificado de Discapacidad sin necesidad de que los ciudadanos se trasladen al casco urbano.

Un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal llevó directamente al territorio este proceso, evitando que los habitantes de la zona rural deban incurrir en gastos y dificultades de desplazamiento para realizar el trámite esencial para el reconocimiento de su condición.

El Certificado de Discapacidad es un documento fundamental que identifica y caracteriza la condición de la persona mediante una valoración clínica multidisciplinaria. Esto permite reconocer sus necesidades y orientar de forma diferenciada las intervenciones institucionales en salud y atención social, fortaleciendo la planeación de estrategias.

La secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández, enfatizó que estas jornadas facilitan el acceso a los servicios en áreas donde los traslados son complejos. Señaló que la administración está “acercando la oferta institucional a las comunidades”, y el programa de Discapacidad adelanta una búsqueda activa para consolidar información que permita una atención diferencial y oportuna.

El proceso contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Salud Municipal, que se encargó de la revisión de las historias clínicas. Esto fue crucial para la valoración multidisciplinaria necesaria para acceder al Certificado de Discapacidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos vigentes.

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