CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Unidades especiales del grupo MARTE (Manejo de Artefactos Explosivos), ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado instalado por miembros de algún grupo al margen de la ley que delinquen en el sector Las Tapias, del municipio de Hato Corozal.
Esta peligrosa trampa mortal fue ubicada a la orilla de un camino por donde transita la población, y estaba compuesta aproximadamente por 400 gramos de un explosivo que podría ser de fabricación casera-militar o de uso comercial, con un dispositivo de activación mecánico que podría ser activado por la víctima al momento de ejercer presión sobre ella.
Vehículo abandonado e incinerado
También, se verificó con todas las medidas de seguridad un vehículo que se encuentra abandonado e incinerado en la vía que conduce del municipio de Hato Corozal al municipio de Sacama desde hace varios días atrás, sobre el cual se descartó la presencia de explosivos y se informó a la alcaldía municipal para su retiro del lugar.
Fuente: Ejército Nacional
En una ceremonia presidida por el Mayor General Jorge Eduardo Mora López, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, se llevó a cabo la transmisión de mando de la Décima Sexta Brigada.
Nuevo comandante
El nuevo Comandante Coronel Edgar Mauricio Prada Becerra, viene de ser el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales N.° 1 del Ejército Nacional quien asume este nuevo reto en su carrera, el cual tiene la importante tarea de seguir fortaleciendo la seguridad del departamento del Casanare y los dos municipios en Boyacá trabajando de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con las demás Fuerzas Militares de policía y las autoridades civiles.
El perfil del nuevo comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, nace en el municipio de Cali, Valle del Cauca, de estado civil casado, con dos hijos, oficial del arma militar de infantería, ingresó a la Institución el 01 de diciembre de 1996 con un tiempo de servicio 28 años y seis meses. En su perfil académico se destaca Especialista en Seguridad y Defensa Nacional, profesional ciencias militares de la ESMIC, así mismo, le han sido otorgadas varias distinciones militares y ha ocupado diferentes e importantes cargos a lo largo de su carrera.
Comandante saliente fue trasladado a Bogotá
Después de ejercer su mando por un año, hoy el Comandante saliente de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, Coronel Nelson Enrique Chacón Morales, logró importantes resultados operacionales contra los grupos armados organizados que delinquen en esta parte del país, logrando de esta forma la captura de 273 delincuentes, 189 de delincuencia común, 25 integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, cinco del Grupo armado organizado ELN, 20 integrantes de los grupos de delincuencia organizada y 34 capturas del GAO clan del golfo.
Además, logró la desmovilización y sometimiento a la justicia de 11 personas integrantes de estos grupos al margen de la ley y la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos delincuentes uno de grupo delincuencial organizado y otro del Clan del Golfo que pretendían perturbar la paz de los habitantes de la región. Logró además incautarles a los grupos al margen de la ley 44 armas cortas y más de 52 mil cartuchos de munición de diferentes calibres.
Combatió el flagelo del narcotráfico con la incautación de 2.77 kilos de marihuana, 0.88 kilos de cocaína – heroína y logró erradicar 19.13 hectáreas de cultivos ilícitos. Recuperó 188 bovinos que habían sido robados y ayudó al medio ambiente con la incautación de 9.4 m3 de madera, la captura de cinco personas que la destruían y sembró 4.850 árboles nativos aportando a la reforestación de su área de responsabilidad.
Fuente: Ejército Nacional
Parex confirmó este viernes la suspensión de actividades de perforación en el desarrollo del proyecto Rumba, correspondiente al bloque Llanos 26, ubicado en el municipio de Aguazul.
Esta decisión se fundamenta en la fuerza mayor que se constituye debido al bloqueo adelantado por miembros de la comunidad de Bellavista, en la vía de acceso a dicho Proyecto.
Según la compañía, al conocer esta vía de hecho iniciada el martes 9 de agosto a las 6:00 a.m., buscaron comunicación con los líderes del bloqueo, sin lograr una respuesta positiva o intención de aceptar espacios de participación; situación que se mantiene después de tres días de bloqueo a la operación, y sin establecer canales que permitan encontrar una salida concertada en el marco del diálogo respetuoso.
Parex rechazó este tipo de acciones en contra de la ley que impiden la continuidad y la viabilidad de las operaciones en trabajos de perforación, afectando el salario y el empleo de más de 114 personas, así como a las empresas contratistas locales, quienes hacen parte de la industria de hidrocarburos declarada de utilidad pública.
La Compañía informó a las autoridades competentes con el objetivo de recuperar el orden público en el área y el tránsito normal por esta vía, ya que esta situación podría derivar la suspensión indefinida del proyecto, perjudicando la contratación de empresas de transporte, suministros, catering y demás líneas de negocio de la economía local que usualmente contrata Parex, por lo cual no se generarían los empleos directos e indirectos que la actividad supone.
Fuente: Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal
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