CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Sicarios asesinaron migrante en Yopal, autoridades analizan si se trata de vendettas por microtráfico
Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra, explosivos, elementos de intendencia e insumos médicos en una zona rural del municipio de Támara. Según la información, la caleta pertenecería a las disidencias del Frente 28 y almacenaba elementos que presuntamente serían utilizados para la ejecución de acciones armadas.
Durante la operación fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos de uso militar. Además, las tropas incautaron insumos médicos que, según el Ejército, serían empleados para atender a integrantes de ese grupo armado que resultaran heridos durante enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la forma en que estaban ocultos algunos explosivos. Según el reporte oficial, los artefactos improvisados con metralla eran escondidos en objetos de uso cotidiano, como termos, y estaban acondicionados para ser activados mediante sistemas de cable telemando. El Ejército advirtió que esta modalidad representa un alto riesgo para la población civil, especialmente para campesinos, niños y habitantes de las veredas, quienes podrían confundir estos elementos con objetos inofensivos.
El material explosivo fue destruido de manera controlada por unidades de la Octava División del Ejército, siguiendo los protocolos establecidos para evitar riesgos a la comunidad. El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de manipular objetos sospechosos, alejarse del lugar y reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.
Un joven de 29 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo 5 de julio en la intersección de la calle 40 con carrera 23, en Yopal. La víctima fue identificada como Anderson Alexander Achagua Tarache, quien se movilizaba en una motocicleta KTM Duke de placas LFN30F.
De acuerdo con la información preliminar y los videos captados por cámaras de seguridad del sector, tanto la motocicleta como un triciclo eléctrico transitaban en el mismo sentido por la carrera 23. Al llegar a la calle 40, y al parecer, debido a la maniobra imprevista realizada por uno de los conductores, ambos vehículos terminaron colisionando. El triciclo era conducido por una mujer en condición de discapacidad.
Achagua Tarache recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. La conductora del triciclo también fue remitida para valoración médica, al presentar un fuerte dolor en la espalda.
Las autoridades de tránsito asumieron la investigación para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis que serán objeto de verificación se encuentran una posible imprudencia en la conducción y un eventual estado de embriaguez de alguno de los involucrados, aspectos que solo podrán ser confirmados o descartados por las diligencias e informes oficiales.
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