CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Comerciantes donaron artículos para fortalecer la atención de 65 personas mayores del Hogar de Protección de Yopal
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal realizó una visita al Hogar de Protección del Adulto Mayor del municipio, donde actualmente reciben atención integral 65 personas, para hacer entrega de artículos conseguidos gracias a una donación de establecimientos comerciales como Calzatodo Paisa y 360° By Newrest.
Durante la jornada se entregaron cobijas, zapatos, pañales, pañitos húmedos, artículos de aseo personal y maletines, elementos que contribuyen a mejorar las condiciones de cuidado y bienestar de las personas mayores que residen en esta modalidad de atención.
La secretaria de Desarrollo Social, Ziomara Abril, agradeció el compromiso del sector privado con la población mayor. “Agradecemos a los comerciante de Yopal por sumarse a esta labor social y demostrar que el bienestar de nuestras personas mayores también se construye desde la solidaridad. Cada aporte fortalece la atención que reciben y nos permite seguir generando mejores condiciones para quienes hoy hacen parte del Hogar de Protección.”
Durante la visita, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, del programa Adulto Mayor, también compartió con los beneficiarios que diariamente reciben los servicios que se brindan en el Hogar de Protección.
Actualmente, las 65 personas mayores vinculadas a este programa reciben atención, que incluye alojamiento, alimentación, acompañamiento permanente y seguimiento por parte del equipo interdisciplinario, garantizando condiciones adecuadas para su cuidado.
La Secretaría de Desarrollo Social continúa promoviendo alianzas con el sector privado y la comunidad, convencida de que el trabajo conjunto permite ampliar las oportunidades de apoyo para las personas mayores y fortalecer las acciones orientadas a proteger sus derechos y mejorar su calidad de vida.
Osma Ezequiel Pinzón, de 55 años, murió durante la madrugada de este miércoles 17 de junio luego de ser atacado con arma blanca en el sector conocido como la entrada al antiguo DAS, sobre la vía que conduce a la vereda El Triunfo, en zona rural de Villanueva. Por este hecho, las autoridades capturaron a una persona señalada de presuntamente haber participado en la agresión.
De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, el presunto responsable es una persona migrante de 25 años, cuya captura fue posible gracias a la reacción de las autoridades, el apoyo de la ciudadanía y el sistema de cámaras de seguridad instalado en el sector.
Información recopilada indica que la víctima era propietaria de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos ubicado en la vereda El Triunfo. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios encargados de los actos urgentes para realizar las diligencias de inspección técnica y levantamiento del cuerpo.
Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones judiciales contra la persona capturada.
Fuente: Conexión Noticias
CASANARE
Denuncian que Unitrópico ha gastado más de 3 mil millones a través del rubro de “internacionalización”
Estudiantes de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) denunciaron despilfarro de recursos sin control a través de las políticas de internacionalización de la institución, al considerar que los recursos públicos deberían estar más orientados a fortalecer la formación académica, cultural y deportiva de los estudiantes, y no al disfrute de funcionarios y representantes del Consejo Directivo. Además, hicieron un llamado a la comunidad universitaria para ejercer mayor veeduría sobre la inversión de los recursos públicos.
La petición fue formulada por Iván Ricardo Nieto y Fabián Torres, estudiantes de la institución y candidatos a representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo, quienes manifestaron su preocupación por lo que consideran una desproporción entre los recursos destinados a funcionarios y los dirigidos directamente al estudiantado. Según señalaron, la internacionalización debe generar beneficios tangibles para los alumnos, al ser estos los principales destinatarios de la educación pública.
Los denunciantes también cuestionaron la transparencia en la ejecución de algunos gastos asociados a este proceso, al indicar que no existiría suficiente claridad sobre el origen y la justificación de ciertos desembolsos. En ese sentido, pidieron un mayor control sobre la forma en que se administran los recursos asignados a este componente institucional.
De acuerdo con las declaraciones de los estudiantes, entre los años 2023 y 2025 la universidad habría destinado más de 3.000 millones de pesos a viáticos, viajes y actividades relacionadas con la internacionalización. Según su denuncia, estos recursos habrían sido utilizados principalmente en desplazamientos al exterior, participación en eventos académicos, manutención, tiquetes y otras actividades que, en una proporción considerable, habrían beneficiado a funcionarios y miembros del Consejo Superior y no a estudiantes.
