CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, en articulación con Prosperidad Social, invita a toda la comunidad a participar en el Encuentro Popular “Economías para la Vida”, una jornada que busca fortalecer la economía popular, promover la inclusión productiva y acercar la oferta institucional a la ciudadanía.
La actividad se realizará hoy miércoles 20 de mayo de 2026, en el Parque El Resurgimiento, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el marco del Convenio 644 de 2025, liderado por Prosperidad Social para el fortalecimiento de población vulnerable y víctima en el departamento de Casanare.
El encuentro contará con una feria de emprendimiento con la participación de 40 asociaciones de economía popular, entre las cuales contaremos con emprendimientos de titulares de Renta Joven, Renta Ciudadana y Colombia Mayor, además de una feria de servicios con entidades nacionales, departamentales y municipales, muestras culturales y espacios de articulación institucional orientados al fortalecimiento de iniciativas productivas en el territorio.
Adicionalmente, la jornada incluirá talleres socioemocionales enfocados en el fortalecimiento de habilidades blandas como la empatía, la resiliencia, la resolución de conflictos y la autoestima, herramientas fundamentales para el desarrollo personal y comunitario.
“Desde la Secretaría de Desarrollo Social respaldamos esta iniciativa de Prosperidad Social porque entendemos la importancia de generar escenarios donde las comunidades puedan acceder a servicios, fortalecer sus capacidades y conectarse con oportunidades reales para sus proyectos productivos y su bienestar integral”, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero.
La funcionaria también reiteró la invitación especial a los beneficiarios de los programas nacionales Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor, programas que son atendidos en la Casa de la Mujer y la Familia y cuya operatividad en el municipio es garantizada por la Administración Municipal a través de la Oficina de Transferencias Monetarias, por el convenio 900 de 2024.
Entre las entidades que harán parte de la feria de servicios se encuentran el SENA, Banco Agrario, Cámara de Comercio de Casanare, Comfacasanare, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Unidad Solidaria, Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y Departamental, Secretaría de Salud Municipal, entre otras entidades aliadas.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social se extiende la invitación a toda la comunidad para que participe activamente de este encuentro, conozca la oferta institucional disponible, apoye los emprendimientos y haga parte de un espacio construido para fortalecer las oportunidades y el bienestar de las familias del departamento.
Se acerca una fecha clave para los contribuyentes del régimen común en Yopal. El próximo 22 de mayo vence el plazo para la declaración y retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al bimestre marzo–abril, una obligación fundamental para el funcionamiento financiero del municipio.
Con la fecha límite cada vez más cerca, la recomendación es no dejar el trámite para última hora. La experiencia de jornadas anteriores ha demostrado que los días previos al vencimiento suelen concentrar mayor afluencia de usuarios, lo que puede generar demoras tanto en la atención presencial como en los procesos.
Hoy, sin embargo, cumplir con este impuesto ya no depende de hacer filas. A través de la plataforma https://impuestos.yopal.gov.co/ , los contribuyentes pueden realizar todo el proceso en línea: desde la liquidación hasta el pago, en cuestión de minutos y sin desplazamientos.
El ICA es una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, solo en el 2025 se recaudaron 85.000 millones, recursos que se traducen en inversión pública, obras y programas para la comunidad. De ahí la importancia de cumplir dentro de los tiempos establecidos y evitar recargos adicionales.
La invitación es clara: anticiparse al vencimiento y aprovechar las herramientas digitales disponibles. Porque hoy, pagar el ICA puede ser más rápido que esperar en una fila.
La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.
¿Qué es el IRCA?
El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.
Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.
El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.
