CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Incautan licor ilegal y cierran establecimiento comercial en operativo interinstitucional en Aguazul
En un esfuerzo articulado por proteger la salud de los ciudadanos y combatir la ilegalidad, el Grupo Anticontrabando de la Dirección de Rentas de la Gobernación de Casanare, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud departamental, la Secretaría de Gobierno, los Gestores de Convivencia, la Policía Nacional y las oficinas de Protección al Consumidor e Inspección de Urbanismo, logró la incautación de mercancía que no cumplía con los requisitos legales para su comercialización.
Durante los operativos de inspección, vigilancia y control realizados en el municipio de Aguazul, las autoridades interceptaron 30 bolsas de base para granizado. Tras la verificación física del producto se constató que contiene licor; sin embargo, al momento de la inspección, no fue posible determinar la graduación alcohólica exacta mediante el alcoholímetro.
La principal irregularidad detectada radica en que el producto no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al carecer del correspondiente registro sanitario o su radicado.
Riesgo para la salud y evasión fiscal
Esta falta de registro impide que el producto sea considerado legal y, lo más grave, hace imposible garantizar que sea apto para el consumo humano, representando un riesgo latente para la comunidad.
Debido a la presencia de alcohol en la sustancia, la Secretaría de Salud procedió a dejar la mercancía a disposición de la Dirección de Rentas Departamental. Esta entidad se encargará de:
• Verificar técnicamente los grados de alcohol de la sustancia.
• Iniciar el proceso administrativo correspondiente por la evasión al impuesto al consumo.
Como resultado de este hallazgo y tras evidenciar diversas anomalías durante la inspección sanitaria efectuada por el equipo interinstitucional, la Secretaría de Salud determinó aplicar la medida de cierre temporal del establecimiento comercial. El lugar no podrá reabrir sus puertas al público hasta que subsane la totalidad de las novedades registradas en el acta de inspección.
Las autoridades departamentales y locales reiteran su compromiso con la legalidad, e invitan a los comerciantes a cumplir con las normas sanitarias y tributarias vigentes, así como a la ciudadanía a denunciar cualquier producto sospechoso que ponga en riesgo su bienestar.
El departamento de Casanare planteó la meta de convertirse en el primero del país en implementar la trazabilidad total del ganado, durante una reunión realizada este jueves entre la gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Paula Andrea Cepeda Rodríguez, y representantes del sector ganadero del departamento. El propósito se apoya en la implementación de la plataforma SINIGAN V6, que entró en operación el pasado 20 de abril.
Durante el encuentro, el ICA informó que la plataforma ha expedido 203.268 guías de movilización desde su puesta en marcha. Tras conocer estos resultados, representantes del Comité Regional de Ganaderos de Yopal y del Comité Departamental de Ganaderos manifestaron su intención de liderar en Casanare el proceso de trazabilidad total, mediante la actualización de información de los productores y la identificación de los animales con Dispositivos de Identificación Nacional (DIN).
La reunión también permitió aclarar aspectos relacionados con el primer ciclo de vacunación de 2026. El ICA anunció que a partir de la próxima semana comenzará el cargue de la información correspondiente a esta jornada, proceso que servirá para la normalización de datos de los productores. La entidad precisó que actualmente la movilización de ganado puede realizarse sin haber cumplido con este ciclo de vacunación y que no existen sanciones vigentes por esta situación.
Como resultado del encuentro, el ICA se comprometió a fortalecer las jornadas de capacitación y normalización de información, además de revisar la atención prestada en las oficinas locales. Por su parte, los ganaderos acordaron acompañar a los productores que aún no se encuentran registrados en la plataforma. Según la entidad, la actualización de SINIGAN V6 permitirá avanzar en la trazabilidad del sector, contribuir al control del abigeato y facilitar el acceso de la carne colombiana a nuevos mercados.
Un total de 151 familias de las veredas Campanero, Fronteras, Guayanas, Guafal y Macuco, en el municipio de Maní, fueron beneficiadas con una nueva jornada de atención integral desarrollada por el Equipo Básico de Salud N° 4 de Red Salud Casanare, con el propósito de acercar los servicios de salud a las comunidades rurales.
A pesar de las dificultades en las vías de acceso y de las condiciones climáticas propias de la temporada, los profesionales de la salud recorrieron sectores apartados del municipio para garantizar la prestación de servicios en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), financiada por el gobierno nacional.
Durante la jornada se llevaron a cabo actividades enfocadas en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del bienestar comunitario. Los habitantes recibieron atención en medicina, enfermería, psicología, vacunación, lectura de resultados de laboratorio y acompañamiento en diferentes trámites relacionados con su salud.
De igual manera, estas acciones permiten acercar la oferta institucional a las comunidades rurales, facilitando el acceso oportuno a los servicios de salud e identificando de manera temprana necesidades que requieren seguimiento y atención.
El trabajo realizado por el Equipo Básico de Salud contribuye a fortalecer las estrategias orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una atención integral y cercana en cada sector visitado.
Finalmente, la jornada permitió brindar servicios de salud a habitantes de cinco veredas del municipio de Maní, llevando atención médica, psicológica, de enfermería y vacunación directamente a los hogares de 151 familias rurales.
