CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El SENA Casanare presentó los resultados de Gestión correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El balance destaca avances significativos en formación, empleabilidad, emprendimiento, inclusión social e infraestructura, generando un impacto directo en la calidad de vida de los casanareños.
En el ámbito de la formación, la entidad atendió a más de 58.000 aprendices en programas titulados y complementarios. El 57% fueron mujeres (32.954), consolidando el compromiso institucional con el cierre de brechas y la equidad de género. Durante esta vigencia, el SENA amplió su presencia territorial con la puesta en funcionamiento de la subsede Túa, en Monterrey, llevando más oportunidades educativas a comunidades que históricamente habían contado con menor acceso a formación técnica y tecnológica.
En empleabilidad, la Agencia Pública de Empleo logró colocar laboralmente a 6.858 personas, superando la meta en un 139%. Este resultado fue posible gracias a la gestión de 37.006 vacantes, así como a procesos de orientación ocupacional que beneficiaron a 16.257 casanareños, incluyendo jóvenes, comunidades étnicas y población vulnerable.
En materia de emprendimiento, la Regional registró la creación de 27 nuevas empresas, el fortalecimiento de 50 unidades productivas y la financiación de 42 iniciativas mediante Fondo Emprender, impulsando el crecimiento económico local y la generación de empleo.
Más de 4 mil personas certificadas en competencias
Durante la vigencia el SENA Casanare también fortaleció los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, alcanzando 4.799 certificaciones expedidas a trabajadores y productores de diversos sectores. Este proceso benefició a personas con discapacidad, campesinos, mujeres, población de la economía popular y comunidades étnicas, contribuyendo a la cualificación del talento humano en el territorio.
En inclusión social, el SENA brindó atención integral a víctimas del conflicto armado: 1.029 personas lograron vincularse laboralmente, y 3.191 recibieron orientación ocupacional. En el sector rural, la estrategia CampeSENA atendió a 4.377 campesinos, impactando a 178 asociaciones y promoviendo la creación de 26 unidades productivas. Por su parte, Full Popular —estrategia nacional que impulsa la formación y el fortalecimiento de iniciativas de economía popular— formó a 2.832 personas, contribuyendo al crecimiento de emprendimientos familiares y comunitarios.
Más Obras por Impuestos
En infraestructura, la Regional destacó importantes avances. En Paz de Ariporo, se ejecutó un proyecto de modernización de 26 ambientes de formación y la dotación de 6 aulas móviles, gracias al mecanismo de obras por impuestos, financiado por la empresa Parex Resources, con una inversión superior a $12.300 millones.
También en esta subsede se implementó un moderno sistema solar fotovoltaico, financiado con recursos propios por más de $1.900 millones, que contribuye a la generación de energía limpia, la reducción de costos operativos, la descarbonización del sector energético, y permite la formación especializada mediante dos entrenadores modulares para el aprendizaje en tecnologías solares.
La entidad también reportó un 90% de avance en el proyecto de ampliación del Centro Agroindustrial de Yopal, que fortalecerá la infraestructura educativa regional.
Finalmente, en transparencia y atención al ciudadano, el SENA respondió 2.441 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias dentro de los tiempos establecidos. La ejecución presupuestal alcanzó niveles óptimos: 98% en 2024 y 87% en lo corrido de 2025, con 107 procesos de contratación desarrollados bajo criterios de eficiencia y transparencia.
El balance de gestión demuestra que el SENA Casanare continúa consolidándose como un motor de desarrollo para el departamento, impulsando la formación, la productividad, la innovación y las oportunidades para miles de ciudadanos.
CASANARE
Alcaldía de Yopal presentó proyecto para corregir titulación en La Bendición y Alameda Marta Mojica
La secretaria de Planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, explicó las razones que motivaron la presentación de un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, que busca otorgar facultades al alcalde para adelantar un proceso de englobe y posterior desenglobe de los predios correspondientes a La Bendición y Alameda Marta Mojica, con el fin de corregir inconsistencias detectadas en la titulación.
Según la funcionaria, cuando se realizó la asignación inicial de los lotes no se adelantó un estudio de títulos profundo, situación que generó un inconveniente al momento de inscribir en la Oficina de Registro el Decreto 248, el cual fue rechazado. A partir de este hecho, la Administración Municipal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, realizó el estudio detallado de los títulos y encontró varias imprecisiones jurídicas que obligan a reiniciar parte del proceso.
“Nos tocó hacer el estudio de títulos con el Ministerio de Vivienda y hallamos imprecisiones. Por eso debemos solicitar estas facultades, volver a asignar —a las mismas personas— y reiniciar el proceso de titulación”, indicó Perilla.
Aunque el trámite debe arrancar prácticamente desde cero, la Secretaría enfatizó que no se requiere adquirir nuevos predios, pues el trabajo se centrará en unificar (englobe) y luego dividir nuevamente (desenglobe) los terrenos para proceder con el registro correcto, expedir una nueva resolución de asignación y remitir finalmente los expedientes a escrituración.
Estaría listo entre marzo y abril
La funcionaria señaló que el proceso no es inmediato debido a los tiempos de registro, pero estima que la protocolización podría concretarse entre marzo y abril del próximo año, siempre que el Concejo otorgue las facultades solicitadas.
Respecto al impacto que este ajuste podría tener en otros proyectos vinculados a Alameda Marta Mojica, Perilla aseguró que no existe afectación en las iniciativas que avanzan de manera paralela. Añadió que una vez se consolide el procedimiento de La Bendición, Planeación Municipal revisará Alameda Marta Mojica y, si es necesario, se harán ajustes al plan parcial correspondiente.
La Secretaría destacó que el objetivo es garantizar un proceso de titulación seguro, transparente y sustentado jurídicamente para las familias beneficiarias, evitando futuros rechazos o irregularidades en la inscripción de los actos administrativos.
Fue suspendido temporalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU). convocado para revisar las tarifas del gas en los departamentos de Casanare y Meta. La decisión se tomó con el objetivo de continuar las mesas técnicas esta semana, en busca de una solución definitiva que responda a las necesidades de las comunidades afectadas.
La solicitud de suspensión fue presentada por la Mesa del PMU quienes además propusieron la realización de una nueva reunión antes del 28 de noviembre, con la presencia del Ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol. El propósito: avanzar hacia un acuerdo que garantice tarifas justas y sostenibles para los usuarios del gas en la región.
Se espera que esta semana, con presencia de los dirigentes del orden nacional se pueda avanzar en la solución de la problemática que mantiene en vilo el abastecimiento del combustible para los dos departamentos, irónicamente, los que más gas le aportan a la producción nacional.
La reunión estuvo liderada por el alcalde de Aguazul Nelson Camacho, gremios del gas, Ecopetrol y líderes regionales, Comité Cívico pro Tarifas del Gas de Casanare y Meta.
También estuvieron los Alcaldes de Orocué, Anderson Bernal, Yopal, Marco Tulio Ruiz, Trinidad, Damaris Abril y Villavicencio, Alexander Baquero, representes del Gobernador de Casanare, César Zorro, la Gerente de Enerca, Nubia Castro, y el Secretario de Minas y Energía, Gabriel Felipe Suescun de la Gobernación del Meta.
Se espera que en la próxima sesión, con presencia de los altos funcionarios nacionales, se logren avances concretos que permitan cerrar este capítulo con soluciones reales para Casanare y Meta.
