CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.

El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.

En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable

Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!

De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada
El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.
De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.
El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.
Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.
CASANARE
Accidente en la Marginal del Llano deja una motociclista fallecida en Paz de Ariporo
Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un siniestro vial que dejó una mujer fallecida, ocurrido en la vía Marginal del Llano, al norte de Casanare, más exactamente a la salida del municipio de Paz de Ariporo hacia Pore.
De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía señaló como hipótesis que el conductor de un microbús afiliado a la empresa Libertadores no habría conservado la distancia de seguridad, mientras que en el caso de la motocicleta se analiza una posible impericia en la conducción.
El hecho se registró el pasado domingo 11 de enero de 2026, hacia la 1:30 de la tarde, en el kilómetro 89+200 de esta importante arteria vial, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. El choque involucró un busetón de placas SSR-570, y una motocicleta identificada con la placa RRX51G.
De acuerdo con el informe oficial, ambos vehículos se desplazaban en sentido Paz de Ariporo – Yopal cuando, al parecer, la conductora de la motocicleta realizó un cambio repentino de carril, situación que habría desencadenado el impacto.
Como consecuencia del fuerte choque, Bertha Leticia Guerrero, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de investigación y determinación de responsabilidades.
CASANARE
Personería de Pore se pronunció por parálisis en la construcción de la Plaza de Mercado
La Personería Municipal de Pore dio a conocer e informó a la Contraloría General de la República, los resultados de una mesa de trabajo adelantada para analizar la crítica situación de las obras de construcción de la plaza de mercado, las cuales permanecen paralizadas pese al tiempo transcurrido desde su inicio. La mesa de trabajo, realizada con participación del contratista, la interventoría, la supervisión del contrato y concejales del municipio, evidenció serias falencias en la ejecución del proyecto y riesgos para los recursos públicos invertidos.
Según lo expuesto, la obra, contratada en 2023 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y un crédito bancario, presenta un avance físico de apenas el 43 %, luego de más de 27 meses desde su acta de inicio. Aunque el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y ha contado con prórrogas, suspensiones y un reinicio en julio de 2025, los avances recientes han sido mínimos, situación que genera preocupación por el posible incumplimiento del nuevo plazo, fijado para febrero de 2026.
Durante la mesa de trabajo se concluyó que una de las principales causas de la parálisis es la falta de autorización del Ministerio de Cultura para las modificaciones contractuales realizadas en 2024, requisito indispensable por tratarse de una obra ubicada en zona declarada patrimonio histórico y cultural. La Personería advirtió una débil gestión por parte del contratista, quien no ha entregado oportunamente los informes técnicos necesarios para dicho trámite, mientras que la interventoría y la supervisión señalaron que existen actividades no sujetas a esa autorización que deberían ejecutarse para evitar el deterioro de la estructura ya construida.
El organismo de control alertó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se financia con un crédito del cual ya se han desembolsado recursos, se han pagado actas parciales al contratista y se han realizado abonos a capital e intereses a la entidad bancaria, sin que la obra esté al servicio de la comunidad.
La Personería anunció que continuará ejerciendo seguimiento estricto como veedora del tesoro público, y no descarta remitir informes a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.
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