CASANARE
Obras inconclusas enredan a varios ex funcionarios y a un Alcalde actual de Casanare
La Contraloría General de la República informó que adelanta 4 procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles en el departamento de Casanare, que suman en total $33.404 millones de pesos.
El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.
El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.
La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado. La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.
El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.
Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.
Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible
Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.
En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras. A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.
Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.
También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.
El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.
En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.
Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable
Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.
En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterrey para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.
En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad.
Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.
Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!
De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.
Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Gobernación de Casanare activa caravanas humanitarias para atender damnificados por emergencias
Ante las recientes emergencias registradas en diversos municipios de Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro ha activado el equipo de atención humanitaria departamental. El objetivo es brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por las lluvias y otros eventos catastróficos que han impactado la región.
La primera jornada de estas caravanas humanitarias se llevó a cabo en Santa María de Palmarito, en el municipio de Maní, donde se entregaron ayudas con elementos de primera necesidad a los hogares damnificados por la temporada invernal. En el casco urbano de Maní, también se brindó apoyo a dos familias afectadas por un vendaval y un incendio estructural, en un esfuerzo coordinado con la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Las jornadas de atención humanitaria continuarán su recorrido por el departamento. Este jueves se tiene prevista una intervención en Paz de Ariporo, y el próximo viernes la caravana llegará a Pore, con el fin de asistir a nuevas familias que han sufrido los embates de emergencias recientes en sus comunidades.
Ayuda para familia que perdió su vivienda en incendio
Un caso destacado fue la atención a la familia de Julián Martínez y Sofía Tapón en Nunchía, cuya vivienda en la vereda Pretexto fue completamente destruida por un incendio. La emergencia consumió la estructura y todas sus pertenencias, incluyendo muebles, electrodomésticos, ropa y documentos esenciales.
Como parte de la asistencia, la Dirección de Gestión del Riesgo entregó láminas de zinc, amarres, lonas, mercados, colchonetas, toldillos y cobijas, entre otros elementos básicos para la recuperación. A esta ayuda se sumó la gestora social Diana Soler, quien proporcionó ropa para la menor, kits escolares y artículos de aseo personal.
Este trabajo humanitario, liderado por Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, se desarrolló en coordinación con la Alcaldía y los organismos de socorro, e incluyó acompañamiento psicológico a la familia afectada. Gracias a su red de apoyo, la familia no requirió traslado a un albergue temporal, recibiendo hospedaje en el núcleo familiar.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación, reparcheo y mantenimiento vial en corredores estratégicos del municipio de Yopal. El objetivo principal de estas intervenciones es mejorar la movilidad y garantizar condiciones de tránsito más seguras para los usuarios de estas importantes vías.
En el corredor que conecta Yopal con Morichal, Tilodirán y Quebrada Seca, las cuadrillas han avanzado significativamente en la recuperación de la carpeta asfáltica. A la fecha, se han intervenido aproximadamente 450 metros lineales en el sector El Atajo, 360 metros lineales en la Zona 13 y 195 metros lineales en La Cotiza, donde las labores aún prosiguen para optimizar la transitabilidad.
De manera simultánea, en el corregimiento de El Morro, específicamente en el sector de La Guamalera, se está llevando a cabo la atención de puntos críticos. En esta zona se han instalado 86 metros cúbicos de asfalto, lo que contribuye a mejorar sustancialmente las condiciones de circulación y seguridad vial. Estas acciones son parte de una estrategia impulsada por la Gobernación de Casanare, liderada por César Ortiz Zorro, y gestionada por el secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera.
Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, se han reportado situaciones de imprudencia por parte de algunos conductores. Estos han ignorado la señalización instalada en los frentes de trabajo, poniendo en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la vía.
Ante esta situación, el secretario de Infraestructura ha emitido un llamado a la responsabilidad y al respeto por las normas de tránsito en los sectores donde se realizan las intervenciones. El funcionario enfatizó que, si bien estas labores pueden generar incomodidades temporales, son cruciales para mejorar las condiciones viales y la seguridad.
Las labores continuarán en los próximos días tanto en el corredor Morichal – Tilodirán – Quebrada Seca como en el sector de La Guamalera. Se solicita a conductores y transportadores transitar con paciencia, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal, respetando la señalización y los pasos regulados para garantizar la seguridad de todos.
CASANARE
Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras
Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.
Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.
De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.
Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.
