CASANARE
No coinciden las cuentas de Cafesalud y las de Hospitales y Clínicas de Casanare
Una mesa de trabajo con el presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez, para definir el responsable del pago de la cartera que la EPS adeuda a la red pública y privada de prestadores del departamento, ad portas de que ésta desaparezca, lideró la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Salud, en cabeza de David Francisco Gallego Moreno.
El escenario de diálogo se llevó a cabo este jueves en Bogotá, debido a que a partir del 01 de agosto de los corrientes entra en operación Medimás, tras formalizarse la compra de la entidad responsable de pago por parte del consorcio PrestaSalud, conformado por 180 IPS.
A la reunión asistieron los gerentes de los Hospitales de Yopal, Aguazul y Tauramena; de Red Salud Casanare E.S.E, la Clínica Casanare y Simalink SAS, así como el representante legal o el delegado de la clínica Medicenter, Gyomedical y de Ambulancias de Casanare. Como garante del encuentro participó una delegada de la Procuraduría.
Cafesalud cuenta con un aproximado de 110 mil usuarios afiliados en el departamento de Casanare, tanto del régimen contributivo como subsidiado. La mayor población corresponde al régimen contributivo con 84.503.
Las cuentas no coinciden
La cartera que la EPS adeuda a la red de prestadores de Casanare, según reporte del SISPRO (Sistema Integral de Información de la Protección Social) con corte al 31 de marzo de 2017, asciende a los 616 mil millones de pesos, pero el reporte que tiene la entidad frente a los recursos adeudados corresponde a 148 mil 378 millones de pesos, de acuerdo a la información entregada por su Presidente.
En ese sentido y, de manera conjunta, se solicitó al presidente de la EPS llevar a cabo una mesa de trabajo en el departamento para conciliar, cruzar y depurar las deudas que se tienen con los prestadores, a fin de contar con un consolidado claro de los recursos pendientes por pagar. Como segundo compromiso, la entidad se comprometió a realizar acercamientos con el nuevo asegurador, en aras de que los prestadores pueden empezar a hacer el proceso de negociación y de contratación.
Por último, el presidente se comprometió a priorizar el pago de cartera para algunos prestadores del departamento, luego de realizar una revisión de la UPC- Unidad de Pago por Capitación) de julio, para poder acceder a recursos.
Durante la reunión, Luis Guillermo Vélez señaló que con la venta de la EPS se cuenta con 1.4 billones de pesos para pagar las deudas con la red de prestadores de servicios de salud, y que se tienen 2 billones para producción y reservas técnicas. Sin embargo, el pago de las acreencias no se hará de manera inmediata, sino en un lapso aproximado de 5 años.
“El pago de la cartera no se realiza en corto tiempo, es un proceso que requiere de un aproximado de cinco años, porque debe surtirse primero una fase de conciliación, cruce, depuración y liquidación de las obligaciones a cancelar”, explicó al final de la reunión el Secretario de Salud de Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
