Este jueves en la tarde, luego de su visita al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio, el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, confirmó que se adelantan diálogos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la consecución de un lote en el que se construiría una cárcel de carácter agrícola en la capital del Meta, la cual podría albergar a 3.000 privados de la libertad.

El jefe de la cartera de Justicia manifestó que habló con el presidente de la SAE, Andrés Ávila, y que este le dijo que existe la posibilidad de conseguir dos lotes: uno en Caños Negros y otro en Apiay, ambos con un área superior a las 50 hectáreas. “La idea es construir en uno de estos dos terrenos una cárcel agrícola que contribuya al proceso de resocialización de los internos”, aseguró.

El Ministro Ruiz recordó que cada ocho días, en compañía de todo su equipo, viene recorriendo las regiones del país, en esta oportunidad Villavicencio, verificando en qué condiciones se encuentra la cárcel de la ciudad, cómo está funcionando y cómo se puede disminuir el índice de hacinamiento, que es del 46%. Este centro de reclusión tiene capacidad para 900 internos y hoy alberga a 1.384.

Pese a que los sindicados que se encuentran en dichos centros son responsabilidad de gobernaciones y alcaldías, el alto funcionario planteó soluciones adicionales al hacinamiento que afecta a los centros de detención transitoria del Meta.

Fuente: Ministerio de Justicia

Por solicitud de la Fiscalía Especializada Gaula Ariari, un juez de control de garantías envió a la cárcel a José Ricardo Virgüez Gómez, presunto responsable de los delitos de secuestro y hurto.

Los hechos atribuidos a este sujeto ocurrieron en septiembre de 2017 en área rural de Puerto Rico, Vereda Bajo Fundadores (Meta) donde el detenido, en compañía de personas armadas, asaltó un par de residencias.

Los hombres, quienes aseguraban pertenecer al Clan de Golfo, reunieron a los habitantes en una sola vivienda y tras amordazarlos les hurtaron sus pertenencias. Habitantes del sector se percataron de la situación y avisaron a la Policía.

Ante la presencia de la autoridad los presuntos delincuentes huyeron y posteriormente fueron reconocidos por las víctimas. Virgüez Gómez fue capturado en cumplimiento de una orden judicial; además, en su contra figura una circular azul de la interpol.

La Fiscalía imputó a este hombre como presunto responsable de los delitos de secuestro, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Ninguno de los cuales fueron aceptados por el implicado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

El asesinato del excombatiente José Berceli Paiva Virguez, alias ‘Maku’, el pasado 18 de febrero en su vivienda en la vereda Alto Cafre de Puerto Concordia, fue el motivo principal del Consejo de Seguridad Extraordinario realizado en la biblioteca de ese municipio, convocado por Carlos Osorio, secretario de Gobierno del Meta.

Jose Berceli era ex combatiente y persona en Proceso de Reintegración (PPR) firmante del acuerdo de paz, acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz – OACP y pertenecía al ETCR del barrio Colinas en San José del Guaviare. Después de recibir varios impactos de bala fue trasladado al Hospital Regional del Guaviare, donde falleció en horas de la mañana del 19 de febrero.

Este encuentro contó con la participación de Armando Celedón, alcalde municipal; Edgar Antonio Hidalgo, secretario de Gobierno municipal; Ángel Galvis, Comandante de la Policía del Guaviare; Jhorman Saldaña, Defensor del Pueblo, y representantes de la Fiscalía General de la Nación, jurisdicción del Guaviare y Puerto Concordia, la Personería Municipal, Armada Nacional, Policía Nacional, Gaula, entre otras autoridades.

Se tomaron estas medidas que buscan fortalecer la seguridad de los ex combatientes de la zona, para evitar que sean asesinados u obligados a reintegrarse a las filas de las disidencias de las Farc:

1. Se garantizará la seguridad por parte del Ejercito Nacional en los ETCR del sector en coordinación con la Policía Nacional para brindarles acompañamiento a los ex combatientes cuando se vean obligados a desplazarse a otras zonas. De igual forma, brindarles la confianza para que, si son amenazados, den previo aviso a las autoridades.

2. La tropa se compromete a acompañar el levantamiento y a los sitios de los hechos a la Fiscalía, Policía judicial y CTI, puesto que eran los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes lo estaban realizando sin tener la experticia técnica para levantar el material probatorio.

3. Por solicitud del Alcalde municipal, el Gobierno departamental y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a hacer gestión ante el Gobierno nacional para que se cumplan más rápido los compromisos del programa PNIS, los campesinos aseguran que no se les está dando el debido cumpliendo.

Fuente: Gobernación del Meta