CASANARE
MIllonaria inversión en tecnología está apagada en Unitrópico por falta de pago de equipos
Equipos de última tecnología que fueron donados por el MinTic se están volviendo obsoletos en Yopal, por diferentes “errores” administrativos de las entidades involucradas en el Convenio.
Una inversión cercana a los 650 millones de pesos en equipos de cómputo de última tecnología, tablets, consolas de videojuegos, celulares de alta gama y otros equipos tecnológicos permanecen sin prestar ningún servicio a la comunidad para lo que fueron adquiridos, en el Vivelab ubicado en la Universidad Unitrópico de Yopal.
El Diario del Llano ha venido recibiendo quejas de los alumnos de esta alma máter y de personas que utilizaban estos equipos para desarrollar aplicaciones y otras actividades, como reza el convenio suscrito entre el MinTic y la Gobernación de Casanare hace tres años, pero que ahora no los pueden usar porque una serie de falencias administrativas no permiten su utilización, además que se están volviendo obsoletos y no están cumpliendo el fin para el que fueron adquiridos.
Pero el perjuicio no es solo para los alumnos de Unitrópico y para las personas que utilizaban estos equipos, sino para un reconocido comerciante de Yopal que distribuye este tipo de elementos tecnológicos, a quien le adeudan desde hace tres años más de 200 millones de pesos como saldo del contrato para el suministro de estos equipos, razón por lo que luego de esperar pacientemente más de dos años que le cancelaran, tuvo que acudir al embargo de las cuentas de Unitrópico para presionar el pago.
¿Qué pasó?
La “pomposa” inauguración del Vivelab.
El Vivelab fue inaugurado “con bombos y platillos” hace tres años por el entonces Ministro TIC Diego Molano y el gobernador Marco Tulio Ruíz, como un centro gratuito para que la comunidad pudiese desarrollar aplicaciones y programas informáticos que contribuyeran a fomentar el emprenderismo y nuevos desarrollos.
Pero la historia comenzó mal porque mientras las autoridades inauguraban el Vivelab, en la puerta de la Universidad el comerciante pedía que lo dejaran ingresar para cobrar lo que no la habían cancelado. Ahí comenzó el calvario.
Múltiples solicitudes de pago cursó el comerciante a Unitrópico como operador del convenio para que le cancelaran pero no fue posible el desembolso bajo diferentes argumentos. Finalmente, en noviembre del año anterior y ya viendo que era imposible lograr el cobro directo, el comerciante dio poder a un abogado que embargó las cuentas bancarias de la Universidad.
Sumado a ello, la Gobernación de Casanare debe recibir los equipos a Unitrópico para que se los devuelva bajo alguna figura de comodato o arrendamiento, pero tampoco ha sido posible porque luego de tres años, al comerciante le están diciendo que algunos equipos no tenían las especificaciones técnicas solicitadas, a pesar que él tiene la certificación de recibido a satisfacción que en su momento le expidió la Universidad.
Todo esto hizo que el nuevo rector de Unitrópico tomara la decisión de inutilizar los equipos para evitar que se pudieran deteriorar sin tener el recibido de la Gobernación, con el perjuicio ya anotado para estudiantes y comunidad en general.
Paradójicamente, el MinTic aún adeuda un saldo a Unitrópico de este convenio y durante los tres años no lo ha girado por diferentes motivos, pero ahora que el comerciante embargó las cuentas dice que si va a girar los recursos, pero la cuenta receptora está embargada e inactiva.
Mientras todo esto sucede y se desembargan cuentas y se cruzan saldos para saber a cuánto pueden ascender las pérdidas del comerciante por la falta de pago durante tres años, las salas de cómputo del Vivelab permanecen con candado, y los equipos volviéndose obsoletos y sin cumplir el objeto para el que fueron adquiridos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
