CASANARE
MIllonaria inversión en tecnología está apagada en Unitrópico por falta de pago de equipos
Equipos de última tecnología que fueron donados por el MinTic se están volviendo obsoletos en Yopal, por diferentes “errores” administrativos de las entidades involucradas en el Convenio.
Una inversión cercana a los 650 millones de pesos en equipos de cómputo de última tecnología, tablets, consolas de videojuegos, celulares de alta gama y otros equipos tecnológicos permanecen sin prestar ningún servicio a la comunidad para lo que fueron adquiridos, en el Vivelab ubicado en la Universidad Unitrópico de Yopal.
El Diario del Llano ha venido recibiendo quejas de los alumnos de esta alma máter y de personas que utilizaban estos equipos para desarrollar aplicaciones y otras actividades, como reza el convenio suscrito entre el MinTic y la Gobernación de Casanare hace tres años, pero que ahora no los pueden usar porque una serie de falencias administrativas no permiten su utilización, además que se están volviendo obsoletos y no están cumpliendo el fin para el que fueron adquiridos.
Pero el perjuicio no es solo para los alumnos de Unitrópico y para las personas que utilizaban estos equipos, sino para un reconocido comerciante de Yopal que distribuye este tipo de elementos tecnológicos, a quien le adeudan desde hace tres años más de 200 millones de pesos como saldo del contrato para el suministro de estos equipos, razón por lo que luego de esperar pacientemente más de dos años que le cancelaran, tuvo que acudir al embargo de las cuentas de Unitrópico para presionar el pago.
¿Qué pasó?
La “pomposa” inauguración del Vivelab.
El Vivelab fue inaugurado “con bombos y platillos” hace tres años por el entonces Ministro TIC Diego Molano y el gobernador Marco Tulio Ruíz, como un centro gratuito para que la comunidad pudiese desarrollar aplicaciones y programas informáticos que contribuyeran a fomentar el emprenderismo y nuevos desarrollos.
Pero la historia comenzó mal porque mientras las autoridades inauguraban el Vivelab, en la puerta de la Universidad el comerciante pedía que lo dejaran ingresar para cobrar lo que no la habían cancelado. Ahí comenzó el calvario.
Múltiples solicitudes de pago cursó el comerciante a Unitrópico como operador del convenio para que le cancelaran pero no fue posible el desembolso bajo diferentes argumentos. Finalmente, en noviembre del año anterior y ya viendo que era imposible lograr el cobro directo, el comerciante dio poder a un abogado que embargó las cuentas bancarias de la Universidad.
Sumado a ello, la Gobernación de Casanare debe recibir los equipos a Unitrópico para que se los devuelva bajo alguna figura de comodato o arrendamiento, pero tampoco ha sido posible porque luego de tres años, al comerciante le están diciendo que algunos equipos no tenían las especificaciones técnicas solicitadas, a pesar que él tiene la certificación de recibido a satisfacción que en su momento le expidió la Universidad.
Todo esto hizo que el nuevo rector de Unitrópico tomara la decisión de inutilizar los equipos para evitar que se pudieran deteriorar sin tener el recibido de la Gobernación, con el perjuicio ya anotado para estudiantes y comunidad en general.
Paradójicamente, el MinTic aún adeuda un saldo a Unitrópico de este convenio y durante los tres años no lo ha girado por diferentes motivos, pero ahora que el comerciante embargó las cuentas dice que si va a girar los recursos, pero la cuenta receptora está embargada e inactiva.
Mientras todo esto sucede y se desembargan cuentas y se cruzan saldos para saber a cuánto pueden ascender las pérdidas del comerciante por la falta de pago durante tres años, las salas de cómputo del Vivelab permanecen con candado, y los equipos volviéndose obsoletos y sin cumplir el objeto para el que fueron adquiridos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
