La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Arauca, viene adelantando una misión de verificación en terreno sobre las afectaciones humanitarias que ha dejado para las comunidades los combates de los últimos días entre el ELN y las disidencias de las Farc, en el sector de Marreros, en límites de los municipios de Arauquita y Puerto Rondón, que originaron el confinamiento de la población civil.

En la visita se ha logrado constatar que en las veredas Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda y el Palón, del municipio de Puerto Rondón, entre otras, las afectaciones que vienen sufriendo cerca de 1445 familias desde el año pasado por el conflicto armado, y que se acentuaron como consecuencia de las confrontaciones ocurridas durante los días 10 y 11 de enero del presente año.

Ante estos hechos, las comunidades se encuentran en un estado de temor y zozobra generalizada, con el consecuente desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, sin la posibilidad de salir de sus viviendas para asistir a citas médicas y conseguir medicamentos, así como la salida de sus cosechas para su posterior comercialización. Esta situación pone en grave riesgo su derecho a la salud, a la vida y al acceso a servicios o bienes básicos para su supervivencia, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Así mismo, la misión de la Defensoría del Pueblo advirtió eventuales limitaciones que tendrán los estudiantes para acudir a las instituciones educativas teniendo en cuenta que se aproxima el inicio de clases y hay temor en los padres de enviar a sus hijos a las escuelas y colegios, porque podrían quedar en el medio de las confrontaciones, lo que además genera una vulneración en el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona.

Igualmente, la misión de la Defensoría del Pueblo pudo constatar la escasa prestación de los servicios de salud, la escasez de brigadas médicas y el pésimo estado de las carreteras, alcantarillas y puentes por los que transitan las comunidades para acceder a los centros urbanos de los municipios de Puerto Rondón y Arauquita.

Desde la Defensoría del Pueblo hacen un llamado a las autoridades de los municipios afectados, especialmente a la administración municipal de Arauquita y Puerto Rondón y a la Gobernación de Arauca, para que de manera inmediata se preste asistencia humanitaria a esta población, a través de la asignación de los recursos necesarios e implementar estrategias urgentes de atención.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a los actores armados para que recuerden que la normativa del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es de obligatorio cumplimiento, en cuanto al respeto a la población civil.

Fuente: Defensoría del Pueblo