CASANARE
Millonarias sanciones a quien divulgue información de pacientes con coronavirus
La Superintendencia de Industria y Comercio recordó sobre la obligatoriedad que existe en mantener en reserva y confidencialidad los datos personales y la información de quienes son tratados por haber sido contagiados o ser tratados médicamente por COVID-19.
Dice la Superintendencia que la publicación o divulgación de los nombres,además de ponerlos en situación de exclusión, discriminación o maltrato, incluye hasta sanciones económicas.
Entre los argumentos que expone está un señalamiento de la OMS en el que se pone en manifiesto que la estigmatización puede llevar a que las personas oculten la enfermedad y que no consulten al médico, alentándolos a que no adopten comportamientos saludables.
“Los datos relativos a la salud son de naturaleza sensible y sobre esta clase de información existe una responsabilidad reforzada que implica la adopción de mayores medidas de seguridad, restricción de circulación, acceso, uso, confidencialidad y reserva”, señala la Superintendencia.
“Recuerde que la ley obliga a todas las personas a garantizar la reserva de la información,inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento de datos personales, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley”, añade la superintendencia.
Además de recordar que la ley exige el acceso y circulación restringida a datos sensibles, solo quienes estén autorizados para prevenir o controlar la propagación del virus pueden acceder a ellos y deberán mantener la confidencialidad y reserva.
De no acatar estas normas, las sanciones pueden alcanzar hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales y enfrentar responsabilidades penales.
CASANARE
En Casanare, designados más de 7.500 jurados de votación para elecciones presidenciales
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Casanare fueron designados un total de 7.548 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 6.108 son principales y 1.440 son remanentes.
Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.
Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
CASANARE
Colegio Braulio González de Yopal recibe 16 computadores para fortalecer su sala de sistemas
CASANARE
En Yopal avanza empalme entre el IGAC y Catasig, se evalúan posibles alivios al predial
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Casanare, donde se hizo seguimiento al proceso de empalme entre el IGAC y CATASIG.
Durante la jornada se revisaron aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la transición del servicio público catastral, que avanza según el cronograma establecido. También se analizaron alternativas frente al impuesto predial y posibles medidas de alivio para la comunidad.
El alcalde señaló que el trabajo conjunto con entidades nacionales y departamentales busca garantizar el desarrollo del proceso y brindar claridad a los contribuyentes sobre los cambios en materia catastral y predial.
En el encuentro se acordó el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Hacienda. Además, participaron veedores ciudadanos y líderes sociales en el seguimiento a las acciones relacionadas con el proceso en el municipio.
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