META
Meta se alista para el plan nacional de vacunación contra la Covid-19
El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó una primera entrega de 960 vacunas de la farmacéutica Pfizer para el departamento del Meta a partir del próximo sábado 20 de febrero.
Inicialmente se vacunará al personal de salud de primera línea de contención Covid-19 de las unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio (650 dosis) y de las clínicas Servimédicos (142) y Primavera (168).
Así lo precisó Giovanni Beltrán Knorr, secretario de Salud del Meta, quien comentó que el 21 de febrero, un día después de que lleguen, comenzarán las vacunaciones. Espera que una semana después de iniciar la primera fase de vacunación arribe el resto de vacunas para el talento humano de primera línea de salud del Meta. Villavicencio concentra el 60 por ciento de la población total del departamento y el 40 por ciento restante, en los 28 municipios.
El plan de vacunación se realizará en dos fases durante 15 meses, en la cual se busca vacunar el 70% de la población metense en 2021. Beltrán Knorr recordó que el proceso de vacunación es responsabilidad de las IPS, donde la entrega de la base de datos está a cargo de Ministerio de Salud y Protección Social.
Estas vacunas deben estar ultracongeladas a menos 80 grados centígrados y la Secretaría de Salud cuenta con un ultra congelador.
Las cinco etapas del Plan en el Meta
En la primera etapa serán inmunizadas 20.900 personas en el Meta durante 2 meses, donde se priorizará la población de 80 años en adelante y personal de la salud que labore en Cuidados Intensivos y urgencias que atiendan pacientes Covid.
Esta etapa también incluye a personal de laboratorios clínicos, laboratorios de salud pública, laboratorios del INS o de universidades donde se manipulan y procesan muestras del virus; personal de radiología e imágenes diagnósticas; personal de terapia respiratoria que atiende pacientes con Covid y personal del transporte asistencial de pacientes.
La segunda etapa tendrá una duración de 4 meses, se vacunará la población de 60 a 79 años, trabajadores de la salud de segunda y tercera línea (talento humano, personal de aseo, vigilancia, facturación). Se calcula que serán 99.891 personas a vacunar.
La tercera etapa tendrá una duración de 2 meses y se vacunarán 36.876 personas entre los 16 y 59 años con comorbilidades. De igual forma, profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Con la cuarta etapa se abre la segunda fase. Con ella se vacunarán 76.235 en 2 meses a cuidadores institucionales, población en ocupaciones y situaciones de alto riesgo, población en riesgo de brotes (policías, militares, Inpec, Defensa Civil, cuerpo de bomberos, entre otros).
La quinta etapa durará 5 meses y se busca vacunar 314.213 personas entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.
El resto del apoyo
En el Meta están vinculadas a este proceso de vacunación diez EPS que funcionan en Villavicencio, y se suman la Policía, el Ejército y el magisterio. De las IPS participará toda la red pública de la ESE departamental, una por municipio, y siete de Villavicencio, junto con otros 15 puntos extramurales.
Como red privada se va a contar con Multisalud, y las IPS primarias de cada IPS, lo que significa que en Villavicencio habrá cerca de 40 IPS haciendo el ejercicio.
En dicho proceso las entidades de salud contarán con el apoyo permanente de las fuerzas militares, quienes vigilarán y garantizarán la seguridad para evitar situaciones que atenten contra el debido procedimiento que requieran las vacunas.
Fuente: Gobernación del Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
