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Meta se alista para el plan nacional de vacunación contra la Covid-19

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El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó una primera entrega de 960 vacunas de la farmacéutica Pfizer para el departamento del Meta a partir del próximo sábado 20 de febrero.

Inicialmente se vacunará al personal de salud de primera línea de contención Covid-19 de las unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio (650 dosis) y de las clínicas Servimédicos (142) y Primavera (168).

Así lo precisó Giovanni Beltrán Knorr, secretario de Salud del Meta, quien comentó que el 21 de febrero, un día después de que lleguen, comenzarán las vacunaciones. Espera que una semana después de iniciar la primera fase de vacunación arribe el resto de vacunas para el talento humano de primera línea de salud del Meta. Villavicencio concentra el 60 por ciento de la población total del departamento y el 40 por ciento restante, en los 28 municipios.

El plan de vacunación se realizará en dos fases durante 15 meses, en la cual se busca vacunar el 70% de la población metense en 2021. Beltrán Knorr recordó que el proceso de vacunación es responsabilidad de las IPS, donde la entrega de la base de datos está a cargo de Ministerio de Salud y Protección Social.

Estas vacunas deben estar ultracongeladas a menos 80 grados centígrados y la Secretaría de Salud cuenta con un ultra congelador.

Las cinco etapas del Plan en el Meta

En la primera etapa serán inmunizadas 20.900 personas en el Meta durante 2 meses, donde se priorizará la población de 80 años en adelante y personal de la salud que labore en Cuidados Intensivos y urgencias que atiendan pacientes Covid.

Esta etapa también incluye a personal de laboratorios clínicos, laboratorios de salud pública, laboratorios del INS o de universidades donde se manipulan y procesan muestras del virus; personal de radiología e imágenes diagnósticas; personal de terapia respiratoria que atiende pacientes con Covid y personal del transporte asistencial de pacientes.

La segunda etapa tendrá una duración de 4 meses, se vacunará la población de 60 a 79 años, trabajadores de la salud de segunda y tercera línea (talento humano, personal de aseo, vigilancia, facturación). Se calcula que serán 99.891 personas a vacunar.

La tercera etapa tendrá una duración de 2 meses y se vacunarán 36.876 personas entre los 16 y 59 años con comorbilidades. De igual forma, profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

Con la cuarta etapa se abre la segunda fase. Con ella se vacunarán 76.235 en 2 meses a cuidadores institucionales, población en ocupaciones y situaciones de alto riesgo, población en riesgo de brotes (policías, militares, Inpec, Defensa Civil, cuerpo de bomberos, entre otros).

La quinta etapa durará 5 meses y se busca vacunar 314.213 personas entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.

El resto del apoyo

En el Meta están vinculadas a este proceso de vacunación diez EPS que funcionan en Villavicencio, y se suman la Policía, el Ejército y el magisterio. De las IPS participará toda la red pública de la ESE departamental, una por municipio, y siete de Villavicencio, junto con otros 15 puntos extramurales.

Como red privada se va a contar con Multisalud, y las IPS primarias de cada IPS, lo que significa que en Villavicencio habrá cerca de 40 IPS haciendo el ejercicio.

En dicho proceso las entidades de salud contarán con el apoyo permanente de las fuerzas militares, quienes vigilarán y garantizarán la seguridad para evitar situaciones que atenten contra el debido procedimiento que requieran las vacunas.

Fuente: Gobernación del Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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‘Otoniel’ entregó información relevante sobre ‘falsos positivos’ en el Meta

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La JEP llevó a cabo la toma de testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como ‘Otoniel’, durante el cual el antiguo comandante paramilitar brindó información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que eran presentados como supuestas bajas en combate por integrantes de la fuerza pública en Meta, y sobre su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica.

La toma de testimonio se llevó a cabo los pasados 9, 10 y 11 de abril, en la Penitenciaria de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Allí, ante los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Úsuga también ratificó su testimonio dado ante la JEP en 2022.

En ese entonces señaló vínculos de miembros de la fuerza pública, de políticos del nivel nacional y regional, y de terceros civiles con los grupos armados ilegales a los cuales perteneció; es decir, con el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo. Dichos señalamientos fueron objeto de compulsa de copias de la JEP a las autoridades correspondientes en abril de 2022.

Esta toma de testimonio, de carácter reservada, se realizó con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el marco de los Casos 03, subcaso Meta, que investiga ‘falsos positivos’, y el Caso 06, que investiga la victimización contra miembros de la Unión Patriótica.

La JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en estos macrocasos, y de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito; esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias en su sistema penitenciario.

Una vez la información suministrada por Úsuga sea analizada y valorada, la magistratura de la JEP obrará de conformidad con la metodología de investigación de cada macrocaso, según los deberes establecidos en la ley y los principios de la Justicia Transicional Restaurativa.

Fuente: Jurisdicción Especial para

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Mediación permitió liberación de 34 soldados retenidos en Vista Hermosa

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Luego de la mediación de una comisión humanitaria liderada por la gobernación del Meta, fueron liberados 34 soldados de tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que habían sido retenidos el viernes anterior, en el municipio de Vista Hermosa.

Así lo confirmó el general Carlos Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en comunicación a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien celebró la noticia.

El alto oficial reveló que los uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud y que conservan su material y equipos completos.

La mandataria de los metenses agradeció el trabajo conjunto de la Defensoría del Pueblo, la ONU, el alcalde de Vista Hermosa, la Personería, Ejército y la Policía Nacional.

Fuente: Gobernación del Meta

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