Respecto al bloqueo permanente iniciado el pasado 2 de agosto en la estación de peaje Puente Amarillo de la concesión vial Villavicencio – Yopal, la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. informó que desde esa fecha, se han llevado a cabo más de 12 mesas de diálogo con los manifestantes, contando con la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Defensoría del Pueblo Regional Meta, la Gobernación del Meta y otras autoridades regionales.

En el marco de estas conversaciones, la ANI ha propuesto establecer tarifas diferenciales para los habitantes de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, así como tarifas especiales los fines de semana para incentivar el turismo. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por los manifestantes, quienes argumentan una presunta ilegalidad del peaje, exigen su desmonte y el no pago de la tasa.

En más de 100 días de bloqueos, más de un millón de vehículos han transitado por el corredor Villavicencio – Yopal, lo que ha representado una pérdida para los recursos de la nación, como fuente de pago del Contrato de Concesión, superior a los 10.000 millones de pesos.

Es de resaltar que este proyecto de concesión, a octubre de 2024, presenta un avance de obra del 93% y ha generado más de 25.000 empleos durante su ejecución, convirtiéndose en uno de los proyectos 4G de concesiones con mayor longitud de desarrollo, mayor número de empleos generados y con una mejora sustancial de la infraestructura. Estas inversiones de obra y de operación de la vía se retribuyen con vigencias futuras de la nación y con el recaudo de peajes, por lo que la alteración en el cobro de la tasa de peaje afecta de manera grave y sistemática la economía del contrato y conlleva a un detrimento patrimonial para el Estado.

El pasado 12 de noviembre, las autoridades nacionales y departamentales tomaron la decisión de buscar el restablecimiento de la operación de la caseta de peaje Puente Amarillo. Para ello, personal de la concesionaria, con el acompañamiento de la Policía Nacional, intentó reanudar las actividades de la estación para realizar el cobro correspondiente. Sin embargo, el personal fue agredido física y verbalmente por los manifestantes, lo que hizo imposible restablecer el servicio.

Desde la concesión, hacen el llamado al diálogo para la búsqueda de una solución consensuada que beneficie a todas las partes.

Fuente: Covioriente

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 52 años y 4 meses de prisión a Leonardo Ibarra Chávez; a 47 años y 4 meses a Iván Antonio Larrahondo Pallares, y a Óscar James Castro Reboyero.

Las tres personas fueron encontradas responsables de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones  y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

Los hechos investigados ocurrieron el 18 de enero de 2022 en un sector residencial de Villavicencio (Meta) a donde los tres sentenciados asesinaron a un hombre por despojarlo de una cadena de oro avaluada en 300.000 pesos.

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Labores de policía judicial evidenciaron que los sentenciados se movilizaban en dos motocicletas hasta un establecimiento de comida rápida del barrio Bambú de Villavicencio, donde se encontraba la víctima en compañía de otra persona.

Larrahondo Pallares dejó a Castro Reboyero en el local comercial y este aprovechó lo desprevenida que estaba la víctima para abordarla e intimidarla con un arma de fuego, quitándole una cadena de oro que llevaba, luego le disparó causándole la muerte.

El atacante huyó del lugar en otra motocicleta, que era conducida por Ibarra Chávez. El juez de conocimiento negó a los condenados los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

La decisión emitida en primera instancia fue apelada por la defensa.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), un total de 317 especies en el Meta se encuentran actualmente amenazadas debido a la creciente presión de las actividades humanas sobre los ecosistemas del departamento.

De estas especies, 51 están catalogadas como En Peligro Crítico (CR), lo que significa que quedan muy pocos ejemplares en el medio silvestre y existe un alto riesgo de que desaparezcan en un plazo de aproximadamente 10 años. Entre ellas, se destacan el caimán llanero, la rana saltona de Villavicencio y el cóndor de los Andes.

Por otro lado, 107 especies están en la categoría de En Peligro (EN), lo que implica un riesgo de extinción de al menos el 20 % dentro de los próximos 20 años. Entre estas se encuentran el delfín rosado, la nutria gigante y la tortuga terecay. Además, 159 especies se encuentran catalogadas como Vulnerables (VU), como el oso palmero, el águila arpía y el oso de anteojos, que corren el riesgo de ser clasificadas en peligro de extinción si no se toman acciones de conservación a corto plazo.

Ante este panorama, Cormacarena ha priorizado la protección de 10 especies amenazadas en el territorio y ha establecido convenios de cooperación para ejecutar proyectos de investigación, planes de conservación, monitoreo mediante cámaras trampa y actividades de rescate, rehabilitación, liberación y/o reubicación de especies de fauna silvestre catalogadas en algún grado de amenaza. Estas acciones buscan garantizar su supervivencia en los ecosistemas del Meta.

En este sentido, la corporación invita a la comunidad en general, a las instituciones y a entidades privadas, a involucrarse en el cuidado y la preservación de estas especies, pues su existencia es vital para el desarrollo y la conservación de los ecosistemas.

Fuente: Cormacarena