META
Meta, entregan restos de hombre desaparecido hace más de 30 años
Luego de más de 30 años de búsqueda, una familia afectada por el conflicto armado recibió el cuerpo de su familiar desaparecido en Villavicencio. El hallazgo se dio en el cementerio de Bojacá, Cundinamarca, en el marco de una acción conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación.
En 2023, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, recibió información clave para emprender de manera coordinada la búsqueda que condujo a su posterior identificación y que permitió la entrega digna el 16, 17 y 18 de mayo.
Luego de recibir el cuerpo, la familia se reunió en compañía de amigos y organizaciones que apoyaron su búsqueda para despedir dignamente al esposo y padre que esperaron por más de tres décadas. Durante ese tiempo, la señora M, identificada así por motivos de seguridad, sacó adelante a sus cuatro hijos y, con tenacidad, amor y convicción, siguió cada pista del paradero de su ser querido.
“Lo tomamos como una alegría porque se cumplió el sueño de tener de nuevo a mi papá cerca”, dijo el hijo menor de la víctima durante la ceremonia de entrega del cuerpo de su ser querido.
Historia de una familia marcada por el conflicto
La historia de la señora M está marcada por el conflicto armado. Ella, su esposo y sus hijos se desplazaron forzosamente en varias ocasiones, huyendo de la violencia antes de asentarse en Bogotá. Fue allí donde, según su relato, la víctima fue detenida por hombres que se identificaron como integrantes del B2 del Ejército, afirmando que debía rendir declaraciones en el CAI del sector. Sin embargo, cuando su familia lo buscó en este lugar, no encontraron registro de su ingreso.
Año y medio después, una fotografía de la víctima apareció en un artículo de un medio de comunicación impreso sobre una masacre en Bojacá. Al enterarse de esto, la señora M, fue al cementerio de este municipio y el sepulturero confirmó haber inhumado el cuerpo de su esposo como N.N., junto con cinco personas más. También le dijo que, para exhumarlo, debía realizar un pago de tres millones de pesos, una suma con la que su familia no contaba.
Pasó más de una década antes de que la familia denunciara este crimen. ¿La razón? Como los hombres que detuvieron al señor R se identificaron como integrantes del cuerpo de inteligencia militar, no sabían cómo comprobarlo y temían hacer señalamientos erróneos que provocaran represalias.
En su larga búsqueda, la señora M conoció a otras mujeres de la región que tienen familiares desaparecidos y que a través del teatro decidieron narrar su dolor. “Todavía tengo preguntas, pero ya no son las mismas que cuando empezamos este proceso. Mi compromiso el día de hoy es seguir buscando la verdad y apoyando a otras personas que están en este camino”, dijo la señora M durante la diligencia de entrega digna.
En 2023, la JEP recibió una solicitud de la fundación Nydia Erika Bautista con información sobre el posible lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima y, en respuesta, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, hizo labores para la recuperación y entrega digna del cuerpo.
La JEP se comunicó con el Ministerio del Interior, el Grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, Medicina Legal, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bojacá y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas instituciones podían aportar los datos necesarios para verificar la ubicación del cuerpo y la situación del camposanto para proceder con la exhumación y posterior identificación.
“Mi intuición siempre me llevó al lugar correcto. Yo debía seguir tocando puertas, es así como llegué a lugares inimaginables (…) Agradezco a la JEP, a la Fiscalía, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la UBPD. Ahora será posible llevar una flor para el día del padre”, agregó la señora M en la ceremonia de velación.
Aunque la entrega del cuerpo del señor R cierra un ciclo de búsqueda, la JEP continúa articulando su trabajo con la Fiscalía para esclarecer la verdad para las víctimas del conflicto armado. “Hoy celebramos que su espera ya terminó, nosotras seguiremos en la búsqueda con la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos” finalizó una de las madres buscadoras del Meta y el Guaviare que acompañó la entrega digna.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
