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Meta, entregan restos de hombre desaparecido hace más de 30 años

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Luego de más de 30 años de búsqueda, una familia afectada por el conflicto armado recibió el cuerpo de su familiar desaparecido en Villavicencio. El hallazgo se dio en el cementerio de Bojacá, Cundinamarca, en el marco de una acción conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación.

En 2023, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, recibió información clave para emprender de manera coordinada la búsqueda que condujo a su posterior identificación y que permitió la entrega digna el 16, 17 y 18 de mayo.

Luego de recibir el cuerpo, la familia se reunió en compañía de amigos y organizaciones que apoyaron su búsqueda para despedir dignamente al esposo y padre que esperaron por más de tres décadas. Durante ese tiempo, la señora M, identificada así por motivos de seguridad, sacó adelante a sus cuatro hijos y, con tenacidad, amor y convicción, siguió cada pista del paradero de su ser querido.

“Lo tomamos como una alegría porque se cumplió el sueño de tener de nuevo a mi papá cerca”, dijo el hijo menor de la víctima durante la ceremonia de entrega del cuerpo de su ser querido.

Historia de una familia marcada por el conflicto

La historia de la señora M está marcada por el conflicto armado. Ella, su esposo y sus hijos se desplazaron forzosamente en varias ocasiones, huyendo de la violencia antes de asentarse en Bogotá. Fue allí donde, según su relato, la víctima fue detenida por hombres que se identificaron como integrantes del B2 del Ejército, afirmando que debía rendir declaraciones en el CAI del sector. Sin embargo, cuando su familia lo buscó en este lugar, no encontraron registro de su ingreso.

Año y medio después, una fotografía de la víctima apareció en un artículo de un medio de comunicación impreso sobre una masacre en Bojacá. Al enterarse de esto, la señora M, fue al cementerio de este municipio y el sepulturero confirmó haber inhumado el cuerpo de su esposo como N.N., junto con cinco personas más. También le dijo que, para exhumarlo, debía realizar un pago de tres millones de pesos, una suma con la que su familia no contaba.

Pasó más de una década antes de que la familia denunciara este crimen. ¿La razón? Como los hombres que detuvieron al señor R se identificaron como integrantes del cuerpo de inteligencia militar, no sabían cómo comprobarlo y temían hacer señalamientos erróneos que provocaran represalias.

En su larga búsqueda, la señora M conoció a otras mujeres de la región que tienen familiares desaparecidos y que a través del teatro decidieron narrar su dolor. “Todavía tengo preguntas, pero ya no son las mismas que cuando empezamos este proceso. Mi compromiso el día de hoy es seguir buscando la verdad y apoyando a otras personas que están en este camino”, dijo la señora M durante la diligencia de entrega digna.

En 2023, la JEP recibió una solicitud de la fundación Nydia Erika Bautista con información sobre el posible lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima y, en respuesta, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, hizo labores para la recuperación y entrega digna del cuerpo.

La JEP se comunicó con el Ministerio del Interior, el Grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, Medicina Legal, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bojacá y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas instituciones podían aportar los datos necesarios para verificar la ubicación del cuerpo y la situación del camposanto para proceder con la exhumación y posterior identificación.

“Mi intuición siempre me llevó al lugar correcto. Yo debía seguir tocando puertas, es así como llegué a lugares inimaginables (…) Agradezco a la JEP, a la Fiscalía, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la UBPD. Ahora será posible llevar una flor para el día del padre”, agregó la señora M en la ceremonia de velación.

Aunque la entrega del cuerpo del señor R cierra un ciclo de búsqueda, la JEP continúa articulando su trabajo con la Fiscalía para esclarecer la verdad para las víctimas del conflicto armado. “Hoy celebramos que su espera ya terminó, nosotras seguiremos en la búsqueda con la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos” finalizó una de las madres buscadoras del Meta y el Guaviare que acompañó la entrega digna.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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Procuraduría le pone la lupa a la elección del Personero Municipal de Puerto López

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.

El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.

La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.

La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.

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A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.

El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.

La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.

Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.

Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).

Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso

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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada

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Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.

Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.

Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).

“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.

Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.

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