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Meta, departamento donde las Farc más reclutaron niños: JEP

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Más de 4.480 niños y niñas del Meta fueron forzados por los comandantes de las Farc a pertenecer a sus filas y obligados a convertirse en «carne de cañón» en el conflicto armado, siendo el departamento del país donde más se produjo esta práctica.

Esta es una de las revelaciones dado a conocer este martes, tras un ejercicio preliminar de contrastación realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acerca del reclutamiento y utilización «presuntamente cometido por las extintas Farc-EP». En total, la Sala encontró un universo de 18.677 víctimas únicas, que constituyen una cifra provisional de hechos del llamado «Caso 07, subcaso Farc-EP».

De acuerdo con el organismo, esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

De acuerdo a ese análisis inicial de cifras, la Amazorinoquia fue la región del país donde se concentró esta práctica bélica por parte de las Farc, ya que entre Caquetá, Guaviare y Meta reúnen el 40 por ciento de los casos, es decir cerca de 9.000 niños y niñas obligados a ir a la guerra, justamente en la zona donde más se concentraban los enfrentamientos.

El Bloque Oriental de esa guerrilla, con influencia en esta zona, también es el que mayor numero de víctimas tiene, con 8.987 casos reportados.

La JEP también analizará tres grupos de conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y basada en género; desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. La Sala determinará si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales.

La Sala concentrará su actuación en una lógica territorial, atendiendo a los bloques de las antiguas Farc-EP y a sus departamentos de influencia. Iniciará por el Bloque Oriental, que cobija los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, y en donde se concentró el 50% de los reclutamientos del país. Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala indagará de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y procurará su participación en las versiones que se realizarán.

Fuente: Periódico del Meta

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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