CASANARE
Más de $24.000 millones le deben al IFC
En control político que se efectuó por parte de la plenaria de la Asamblea Departamental al Instituto Financiero de Casanare (IFC), los corporados enfocaron sus intervenciones en temas como créditos educativos, recuperación y tercerización de cartera, préstamos a empresas privadas, entre otros.
Durante la sesión, el gerente del IFC, Dairo Juya, entregó un informe frente al cuestionario realizado por los integrantes de la Duma, donde se dio a conocer que la cartera del Instituto pasó de un 48 a 42 por ciento. También se indicó que el total de dicha cartera, con vencimiento superior a 90 días, (a 30 de septiembre del presente año), arrojó un valor de saldo de capital por $24.288.150.171 con 1519 créditos.
El presidente de la Asamblea Departamental, José Antonio Barrera Blanco, adujo que se debe realizar una reestructuración administrativa a dicha entidad “esto es necesario para que los resultados se vean reflejados en el crecimiento económico de la Institución y a su vez en el favorecimiento en créditos a la población de Casanare”. También asintió en que se deben direccionar los préstamos por medio de microcréditos para que los recursos se queden en pequeños y medianos productores o en el emprendimiento informal.
De otra parte, los Diputados extendieron la petición al Gobierno Departamental para que se le dé una solución definitiva a las personas que estudiaron a través de créditos educativos y que hoy se encuentran debiendo pagos. También rechazaron la tercerización de cartera por honorarios para abogados, hasta del 18 por ciento.
El presidente de la Comisión de Educación, York Cortés Peña manifestó que oficiará a los entes de control para que verifiquen sobre la presunta participación de funcionarios del IFC que estarían liderando o manejando las empresas de cobranza. “si se llega a comprobar que esto es cierto, yo mismo propondría que se aplique una moción de censura, porque no podemos permitir que este tipo de cosas estén pasando” aseveró.
ACTUALESGerente del IFC, Dairo Juya, sobre debate de control politico rendido ante la Asamblea Departamental.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, November 8, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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