CASANARE
Los baldíos son de los campesinos, no de las multinacionales
Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el Senador JORGE PRIETO RIVEROS desde mucho antes de ser Congresista. Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de Partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.
El Senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy Corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honor. Ya como Congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.
Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo. El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva. No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.
Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíos, que según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figur
Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”. Para completar la desdicha, el Senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la Ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo Senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.
En acto de responsabilidad y coherencia, el Senador JORGE PRIETO, junto al Senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma. Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.
No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad Nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación. Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores. Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.
Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos. La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña.
Mientras tanto, JORGE PRIETO RIVEROS se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.
Fuente: Información Política Pagada
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Salud Municipal, lideró un Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) extraordinario en la vereda Barbasco, luego de identificarse un foco de rabia bovina en esta zona rural del municipio. La intervención tuvo como propósito fortalecer las acciones de prevención, control y vigilancia frente a esta enfermedad zoonótica.
Durante la jornada se desarrolló un espacio educativo dirigido a la comunidad, con la participación del equipo de Atención Primaria en Salud (APS), profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y funcionarios de las secretarías de Salud municipal y departamental, quienes socializaron medidas de prevención y protocolos de atención.
El equipo de Zoonosis brindó orientación sobre los signos y síntomas de la rabia en animales de producción, de compañía y fauna silvestre, así como recomendaciones para reportar oportunamente a las autoridades competentes la presencia de comportamientos inusuales o sospechosos.
Asimismo, el equipo de Vigilancia Epidemiológica compartió información sobre otras enfermedades de origen viral que pueden afectar la salud pública y que pueden prevenirse mediante la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de salud.
La jornada concluyó con la vinculación de líderes comunitarios del sector a la Red de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad (REVCOM), con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la identificación y notificación temprana de eventos que puedan representar riesgos para la salud pública.
Después de años de espera, gestiones y solicitudes constantes de padres de familia, docentes y estudiantes, la comunidad de la Institución Educativa Centro Social recibe una gran noticia: el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, firmó las escrituras del predio donde se individualiza la nueva sede, un paso decisivo para hacer realidad esta anhelada obra.
La institución, que durante años funcionó en arriendo, generó amplia discusión en la ciudad. Hoy, con esta firma, se formaliza el terreno destinado a levantar una infraestructura propia, moderna y adecuada, que beneficiará a más de 1.800 estudiantes. Además, el mandatario confirmó que el municipio aportará $17.000 millones de pesos incluidos dentro del endeudamiento para la cofinanciación de la obra, garantizando así espacios dignos y acordes a las necesidades académicas.
El camino para llegar a este punto ha sido técnico y riguroso. Desde los primeros meses de gobierno se inició un proceso exhaustivo que incluyó el estudio topográfico del terreno, la obtención de la licencia de subdivisión mediante reloteo, la protocolización de la subdivisión del predio y su radicación en la Notaría Segunda de Yopal. En octubre de 2025, se formalizó la subdivisión en dos predios: uno para la actual estación de Policía y otro para la futura sede del Centro Social, actualmente registrado ante Instrumentos Públicos para la segregación de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria.
La secretaria de Planeación, Narda Perilla, anunció que el próximo 1 de marzo el proyecto de acuerdo será radicado ante el Concejo Municipal para surtir los debates y trámites correspondientes, un paso clave para continuar avanzando. Por su parte, la secretaria de Infraestructura, ingeniera Hernández, informó que se abrirá una vía que separará físicamente el predio de la estación de Policía del lote donde se construirá la institución educativa, atendiendo una solicitud expresa de la comunidad.
Con esta decisión, la administración municipal demuestra su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo de la ciudad. La nueva sede del Centro Social no solo representa una obra de infraestructura, sino una respuesta concreta a una necesidad sentida por cientos de familias yopaleñas que hoy ven más cerca el sueño de contar con una infraestructura en condiciones adecuadas para sus hijos.
La Secretaría de Movilidad adelantará un estudio técnico, económico y financiero para analizar un posible ajuste en las tarifas del transporte público interveredal. Esta decisión se toma tras una reunión clave sostenida entre el alcalde Marco Tulio Ruíz, conductores y representantes legales de empresas transportadoras en Yopal.
El mandatario señaló durante el encuentro que ‘este estudio permitirá tomar decisiones responsables, garantizando equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y el bienestar de los usuarios, siempre priorizando la calidad y la seguridad en la movilidad’.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Michael Castro, destacó la importancia de avanzar en acciones que contribuyan a mejorar el servicio prestado a las comunidades rurales, así como fortalecer el diálogo permanente con el sector transportador.
Asimismo, la administración municipal continuará con la gestión para habilitar un espacio adecuado para el parqueo de las busetas. El objetivo es evitar desórdenes y reducir afectaciones a la movilidad urbana, beneficiando tanto a los transportadores como a la ciudadanía en general.
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