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Los baldíos son de los campesinos, no de las multinacionales

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Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el Senador JORGE PRIETO RIVEROS desde mucho antes de ser Congresista. Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de Partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.

El Senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy Corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honorYa como Congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.

Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo. El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva. No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.

Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíosque según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figuras que simulan la adjudicación, como el arriendo a 30 o 40 años, intentando burlar el fallo de la Corte Constitucional que ya se había pronunciado al respecto. Pues bien, para este propósito engañoso en contra de los campesinos se unieron el Centro Democrático y los Partidos de la Unidad Nacional de Santos para aprobar el proyecto.

Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”.  Para completar la desdicha, el Senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la Ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo Senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.

En acto de responsabilidad y coherencia, el Senador JORGE PRIETO, junto al Senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma.  Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.

No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad Nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación. Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores. Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.

Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos. La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña. 

Mientras tanto, JORGE PRIETO RIVEROS se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.

Fuente: Información Política Pagada

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Cierres programados para reforzar el Puente La Cabuya iniciarán el 02 de mayo

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el cierre programado del puente La Cabuya (Río Cravo Sur), ubicado en la ruta Yopal – Paz de Ariporo, será reprogramado a partir del 02 de mayo de 2026, atendiendo una solicitud formal presentada por Ecopetrol.

Inicialmente, el cierre estaba autorizado para efectuarse entre el 2 de marzo y el 2 de abril, con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento estructural del puente. Sin embargo, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez Gómez, confirmó que mediante oficio, Ecopetrol solicitó aplazar los trabajos. “Entre marzo y abril, la empresa debe garantizar la movilidad de equipos extradimensionados y extrapesados necesarios para el desarrollo de proyectos estratégicos en la región, incluidos equipos de alto tonelaje destinados a operaciones en la locación Floreña TF20”, destacó.

Estas actividades, relacionadas con la seguridad energética y el abastecimiento de gas natural del país, requieren mantener habilitado el tránsito por el puente durante este periodo. En atención a esta solicitud, y con el propósito de garantizar tanto la movilidad segura como la continuidad de operaciones estratégicas en la región, Invías reprogramará el inicio del cierre total del puente al 2 de mayo de 2026, fecha en la que se retomarán los trabajos de reforzamiento estructural previamente programados.

Invías reitera su compromiso con el desarrollo vial del departamento y con la articulación institucional para evitar afectaciones a la comunidad y a las operaciones estratégicas del país. Una vez se acerque la fecha del cierre
reprogramado, se informarán los horarios, rutas alternas y demás medidas de manejo de tránsito que aplicarán durante la ejecución de las obras.

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Yopal en alerta roja por incendios forestales, Gestión del Riesgo reitera medidas

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La Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD) informa a la comunidad de Yopal que el municipio se encuentra en alerta roja por incendios forestales debido a las condiciones climáticas actuales. Se reitera a la comunidad adoptar medidas para reducir este tipo de eventualidades.

La alerta roja indica una probabilidad inminente de ocurrencia de incendios, lo que requiere acción inmediata por parte de la ciudadanía y organismos de socorro. Las altas temperaturas, la disminución de lluvias y la presencia de material vegetal seco aumentan significativamente la vulnerabilidad en el territorio.

Por ello, se recomienda evitar la quema de basura, rastrojos o material vegetal, no encender fogatas en zonas rurales o áreas abiertas, no arrojar colillas de cigarrillo y no dejar residuos como botellas de vidrio en zonas verdes. Se insta a reportar de inmediato cualquier presencia de humo o incendio a las líneas 119 o al 3208532940 (Bomberos Yopal).

Cabe destacar que, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, entre enero y febrero de 2026 se han registrado 40 incendios forestales y 196 quemas prohibidas. La Administración Municipal y los organismos de respuesta permanecen en monitoreo constante y articulación permanente con las autoridades ambientales.

“Reducir el riesgo es responsabilidad de todos. Un acto imprudente puede generar emergencias que afecten vidas, viviendas, ecosistemas y recursos naturales del municipio”, señaló Harbey Ramírez Ávila, jefe de la OTGRD.

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Alcaldía de Yopal suspendió facturación del impuesto predial hasta corregir errores en avalúos

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La Alcaldía de Yopal suspendió la facturación del impuesto predial hasta garantizar cobros justos y reales para los predios del municipio. Esta decisión se toma tras identificar múltiples inconsistencias en la información entregada por los prestadores de servicio catastral en el marco del convenio 1707 de 2023, suscrito por la administración anterior.

La medida no desconoce la obligación tributaria, sino que busca liquidar el impuesto sobre información técnica confiable y jurídicamente válida. Se prioriza que cada contribuyente pague lo que realmente corresponde, sin sobrecostos por errores. Se detectaron 16.500 predios con inconsistencias como información incompleta, registros vacíos, predios sin destino económico o dirección, y duplicidad.

Estas irregularidades fueron consignadas en nueve informes de supervisión y comunicadas a las autoridades competentes. La alcaldía activó mecanismos contractuales y legales para exigir a los prestadores de servicio catastral el cumplimiento de sus obligaciones. En febrero de 2025, se generaron recibos con incrementos significativos, causando inconformidad ciudadana.

El alcalde Marco Tulio Ruiz instaló mesas de concertación con el Ministerio Público y solicitó intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC. El municipio habilitó siete puntos para reclamaciones, recibiendo más de 1.200 derechos de petición. La Superintendencia identificó hallazgos con presunta incidencia penal y la Contraloría General informó sobre un posible daño patrimonial de $6.332 millones.

Adicionalmente, la actual administración decidió no extender el modelo catastral a la zona rural por $18.700 millones, dada la situación en el área urbana. Se tramitaron dos proyectos de acuerdo para otorgar alivios tributarios y para 2026 el incremento de avalúos catastrales será del 3%, según el decreto 1480.

La facturación sigue suspendida hasta que existan garantías técnicas y jurídicas, buscando que los yopaleños cumplan su obligación sobre bases ciertas y ajustadas a la ley, accediendo a los beneficios tributarios por pago oportuno. En caso de requerirse, la administración municipal acudirá al Concejo Municipal para ampliar estos plazos.

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