CASANARE
Los baldíos son de los campesinos, no de las multinacionales
Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el Senador JORGE PRIETO RIVEROS desde mucho antes de ser Congresista. Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de Partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.
El Senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy Corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honor. Ya como Congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.
Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo. El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva. No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.
Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíos, que según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figur
Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”. Para completar la desdicha, el Senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la Ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo Senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.
En acto de responsabilidad y coherencia, el Senador JORGE PRIETO, junto al Senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma. Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.
No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad Nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación. Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores. Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.
Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos. La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña.
Mientras tanto, JORGE PRIETO RIVEROS se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.
Fuente: Información Política Pagada
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
Alerta por posible repunte de casos de Dengue en Casanare, ya van cerca de 300 en lo corrido del año
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