CASANARE
Los baldíos son de los campesinos, no de las multinacionales
Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el Senador JORGE PRIETO RIVEROS desde mucho antes de ser Congresista. Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de Partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.
El Senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy Corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honor. Ya como Congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.
Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo. El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva. No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.
Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíos, que según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figur
Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”. Para completar la desdicha, el Senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la Ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo Senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.
En acto de responsabilidad y coherencia, el Senador JORGE PRIETO, junto al Senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma. Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.
No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad Nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación. Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores. Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.
Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos. La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña.
Mientras tanto, JORGE PRIETO RIVEROS se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.
Fuente: Información Política Pagada
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
