CASANARE
Licencias Ambientales tienen convertido a Aguazul en “cementerio” de residuos peligrosos
En las plantas ubicadas en Aguazul se disponen residuos peligrosos de la industria petrolera de toda la Orinoquia.
Aguazul no produce tantos residuos peligrosos del sector petrolero, pero si los recibe de otros municipios y regiones cercanas, dijo Ramón Gustavo Alfonso, integrante de la Asociación de Finqueros de San José del Bubuy en esa localidad.
El líder gremial hizo la claridad ante la información difundida por el Ideam, señalando que desafortunadamente esta estadística se da porque son varias las plantas de tratamiento de residuos peligrosos petroleros que se han instalado en el sector, las cuales reciben desechos no solo de las plantaciones de Casanare, sino también de la Orinoquia y en algunas ocasiones hasta de los Santanderes.
Se quejó el finquero, que esta comunidad ha denunciado siempre los peligros de contaminación a los que está expuesta por la presencia de estas plantas, pero desafortunadamente no encontraron apoyo en su momento de parte de Corporinoquia y de la Alcaldía de Aguazul durante el gobierno de Fernando Camacho.
Explicó que siendo conscientes del peligro de contaminación que padecen, fueron de los primeros en realizar Audiencia Pública en Corporinoquia, pero no contaron con el suficiente apoyo para impedir que les instalaran tantas plantas de este tipo en el sector de San José del Bubuy.
Expuestos a una desgracia ambiental
Advirtió que el peligro de contaminación es evidente, teniendo en cuenta la permeabilidad de los suelos de sabana y que en época de invierno el nivel freático se encuentra a 20 centímetros, lo que podría generar contaminación de las aguas subterráneas por el rebosamiento de piscinas de oxidación que tienen estas empresas, y que cuando se presentan lluvias se rebosan generando con ello peligro de contaminación.
“De hecho ya se han presentado casos en que estas piscinas se nos han desbordado y todas estas porquerías se nos han ido al río Charte, a los afluentes del Unete, al Caño Iguamena, y a los humedales que tenemos”, expresó con preocupación el finquero de San José del Bubuy.
Según el finquero, en un radio que no supera el kilómetro y medio están ubicadas tres plantas de grandes proporciones, en la vía que conduce de San José del Bubuy a la vereda El Tesoro Bubuy.
“Lamentablemente nosotros como campesinos nos hemos levantado pero no hemos tenido el eco y el apoyo de las entidades ambientales, de los gobiernos anteriores municipal y departamental, porque a lo que estamos expuestos es a una desgracia ambiental con consecuencias para la salud de nuestras futuras generaciones, va a ser muy terrible. Hasta para nuestros ganados porque las aguas van a estar en una disposición muy tremenda para contaminarse”, indicó el finquero.
Plantas no deberían estar
Denunció además, que durante el gobierno de Fernando Camacho las comunidades de San José del Bubuy alertaron que en ese sector el Esquema de Ordenamiento Territorial no permitía la ubicación de Plantas Industriales como las de Tratamiento de Residuos Peligrosos, pero aun así la Alcaldía expidió los permisos de uso de suelo bajo los cuales después Corporinoquia licenció la operación de estas infraestructuras.
“Nosotros no estamos de acuerdo porque allí se violó el Ordenamiento Territorial. Seguimos dando la batalla porque estas plantas se nos instalaron alrededor de varios humedales y eso es muy grave”, puntualizó el dirigente campesino.
“No es orgulloso estar ahí”
A su turno el alcalde de Aguazul, Renier Darío Pachón Talero, se quejó del otorgamiento de licencias de uso suelo en el sector rural para la ubicación de estas plantas, al tiempo que señaló que no es para nada motivo de orgullo estar en el escalafón que presentó el Ideam respecto de los municipios que más generan residuos peligrosos en Colombia, especialmente del sector petrolero.
La información que maneja la Alcaldía de Aguazul según el Alcalde, es que efectivamente en estas Plantas se reciben residuos peligrosos de otros municipios y regiones, pero afortunadamente por el descenso en la producción petrolera también ha bajado la producción de este tipo de residuos peligrosos.
El mandatario cuestionó nuevamente, que se habla mucho de la autonomía territorial, especialmente de ordenamiento territorial, pero esa autonomía no es tan clara ni tan evidente, especialmente cuando se entregan Licencias Ambientales para las actividades de explotación de minerales e hidrocarburos en los municipios.
“Hay que afrontarlo”
Recordó el Alcalde de Aguazul, que en su momento como ciudadano de la localidad se mostró en desacuerdo con la ubicación de las mencionadas plantas en el sector de San José del Bubuy, que cuenta con un potencial enorme de desarrollo económico. “Hoy es una realidad y tenemos que afrontarlo”.
Añadió que durante la formulación del nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial se van analizar todos los mecanismos legales que les faculte la Ley 388 de 1997, para determinar qué medidas se pueden tomar para tratar de aminorar el impacto negativo que generan este tipo de proyectos en ese sector del municipio, y “cerrarle la puerta a nuevos proyectos de ese tipo”.
El informe del Ideam
Según el informe del Ideam, Aguazul y Bogotá son los dos municipios en Colombia que generan mayor cantidad de residuos peligrosos, provenientes del sector petrolero.
De acuerdo con las estadísticas, durante 2015 se generaron 79.983 toneladas de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de Corporinoquia, de las cuales 69.247 corresponden a desechos del sector petrolero.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
