CASANARE
Licencias Ambientales tienen convertido a Aguazul en “cementerio” de residuos peligrosos
En las plantas ubicadas en Aguazul se disponen residuos peligrosos de la industria petrolera de toda la Orinoquia.
Aguazul no produce tantos residuos peligrosos del sector petrolero, pero si los recibe de otros municipios y regiones cercanas, dijo Ramón Gustavo Alfonso, integrante de la Asociación de Finqueros de San José del Bubuy en esa localidad.
El líder gremial hizo la claridad ante la información difundida por el Ideam, señalando que desafortunadamente esta estadística se da porque son varias las plantas de tratamiento de residuos peligrosos petroleros que se han instalado en el sector, las cuales reciben desechos no solo de las plantaciones de Casanare, sino también de la Orinoquia y en algunas ocasiones hasta de los Santanderes.
Se quejó el finquero, que esta comunidad ha denunciado siempre los peligros de contaminación a los que está expuesta por la presencia de estas plantas, pero desafortunadamente no encontraron apoyo en su momento de parte de Corporinoquia y de la Alcaldía de Aguazul durante el gobierno de Fernando Camacho.
Explicó que siendo conscientes del peligro de contaminación que padecen, fueron de los primeros en realizar Audiencia Pública en Corporinoquia, pero no contaron con el suficiente apoyo para impedir que les instalaran tantas plantas de este tipo en el sector de San José del Bubuy.
Expuestos a una desgracia ambiental
Advirtió que el peligro de contaminación es evidente, teniendo en cuenta la permeabilidad de los suelos de sabana y que en época de invierno el nivel freático se encuentra a 20 centímetros, lo que podría generar contaminación de las aguas subterráneas por el rebosamiento de piscinas de oxidación que tienen estas empresas, y que cuando se presentan lluvias se rebosan generando con ello peligro de contaminación.
“De hecho ya se han presentado casos en que estas piscinas se nos han desbordado y todas estas porquerías se nos han ido al río Charte, a los afluentes del Unete, al Caño Iguamena, y a los humedales que tenemos”, expresó con preocupación el finquero de San José del Bubuy.
Según el finquero, en un radio que no supera el kilómetro y medio están ubicadas tres plantas de grandes proporciones, en la vía que conduce de San José del Bubuy a la vereda El Tesoro Bubuy.
“Lamentablemente nosotros como campesinos nos hemos levantado pero no hemos tenido el eco y el apoyo de las entidades ambientales, de los gobiernos anteriores municipal y departamental, porque a lo que estamos expuestos es a una desgracia ambiental con consecuencias para la salud de nuestras futuras generaciones, va a ser muy terrible. Hasta para nuestros ganados porque las aguas van a estar en una disposición muy tremenda para contaminarse”, indicó el finquero.
Plantas no deberían estar
Denunció además, que durante el gobierno de Fernando Camacho las comunidades de San José del Bubuy alertaron que en ese sector el Esquema de Ordenamiento Territorial no permitía la ubicación de Plantas Industriales como las de Tratamiento de Residuos Peligrosos, pero aun así la Alcaldía expidió los permisos de uso de suelo bajo los cuales después Corporinoquia licenció la operación de estas infraestructuras.
“Nosotros no estamos de acuerdo porque allí se violó el Ordenamiento Territorial. Seguimos dando la batalla porque estas plantas se nos instalaron alrededor de varios humedales y eso es muy grave”, puntualizó el dirigente campesino.
“No es orgulloso estar ahí”
A su turno el alcalde de Aguazul, Renier Darío Pachón Talero, se quejó del otorgamiento de licencias de uso suelo en el sector rural para la ubicación de estas plantas, al tiempo que señaló que no es para nada motivo de orgullo estar en el escalafón que presentó el Ideam respecto de los municipios que más generan residuos peligrosos en Colombia, especialmente del sector petrolero.
La información que maneja la Alcaldía de Aguazul según el Alcalde, es que efectivamente en estas Plantas se reciben residuos peligrosos de otros municipios y regiones, pero afortunadamente por el descenso en la producción petrolera también ha bajado la producción de este tipo de residuos peligrosos.
El mandatario cuestionó nuevamente, que se habla mucho de la autonomía territorial, especialmente de ordenamiento territorial, pero esa autonomía no es tan clara ni tan evidente, especialmente cuando se entregan Licencias Ambientales para las actividades de explotación de minerales e hidrocarburos en los municipios.
“Hay que afrontarlo”
Recordó el Alcalde de Aguazul, que en su momento como ciudadano de la localidad se mostró en desacuerdo con la ubicación de las mencionadas plantas en el sector de San José del Bubuy, que cuenta con un potencial enorme de desarrollo económico. “Hoy es una realidad y tenemos que afrontarlo”.
Añadió que durante la formulación del nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial se van analizar todos los mecanismos legales que les faculte la Ley 388 de 1997, para determinar qué medidas se pueden tomar para tratar de aminorar el impacto negativo que generan este tipo de proyectos en ese sector del municipio, y “cerrarle la puerta a nuevos proyectos de ese tipo”.
El informe del Ideam
Según el informe del Ideam, Aguazul y Bogotá son los dos municipios en Colombia que generan mayor cantidad de residuos peligrosos, provenientes del sector petrolero.
De acuerdo con las estadísticas, durante 2015 se generaron 79.983 toneladas de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de Corporinoquia, de las cuales 69.247 corresponden a desechos del sector petrolero.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
