Connect with us

META

Libre ex secretario de gobierno del Meta y contratistas señalados por presuntos actos de corrupción

Published

on

Por vencimiento de términos quedaron libres el ex secretario de gobierno del Meta, Hernán Gómez Niño quien estaba recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

También quedaron libres los contratistas Carlos Augusto Daza Orrego, preso en la cárcel de Villavicencio y Claudia Ricaurte privada de la libertad en el Buen Pastor, de la capital del país.

Lea también: Capturado Hernán Gómez, Secretario de Gobierno del Meta

la orden de libertad la emitió el Juzgado Sexto Penal Municipal de Villavicencio, en cumplimiento a una solicitud de su abogado defensor, quien argumentó en el documento que, la Fiscalía General de la Nación, no radicó el escrito de acusación en el tiempo establecido por la Ley.
No obstante, Gómez Niño continuará vinculado al proceso por corrupción y deberá seguirse presentado cada vez que sea requerido por la Fiscalia.

Lea también: A la cárcel ex secretario de gobierno del Meta y contratistas, por actos de corrupción en 2015

Investigación

En 2015, Gómez Niño habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); junto con el contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante Cormacarena los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

La Fiscalía imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

META

A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

Published

on

By

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

Continue Reading

META

A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

Published

on

By

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

Continue Reading

META

Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

Published

on

By

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lo Mas Leido