CASANARE
Leonardo Puentes nuevamente incumplió desalojo de Mi Nueva Esperanza
Un nuevo incidente de desacato cursa contra el Alcalde de Yopal
Para el 18 de marzo del 2019 a partir de las 8:00 am estaba reprogramada la diligencia de desalojo de las más de 500 familias que residen en el asentamiento humano Mi Nueva Esperanza en Yopal, sin embargo, el alcalde Leonardo Puentes nuevamente le sacó el cuerpo a la orden judicial y no efectuó dicha actividad.
La situación la dio a conocer el abogado Yuri Rodríguez, quien en entrevista para El Diario del Llano aseguró que Puentes Vargas se está burlando de la justicia, especialmente del fallo del 11 noviembre del 2016 que ordena al municipio desalojar el predio donde está el asentamiento humano y reubicar las familias que allí viven.
“El Alcalde no se hizo presente para dar inicio al lanzamiento por ocupación de hecho, tampoco hicieron presencia autoridades como Personería, Defensoría, Policía, Defensa Civil, entre otras, lo que es una burla para la administración de justicia”, manifestó el profesional del derecho.
Es la segunda vez que Leonardo Puentes hace caso omiso a dicha orden judicial, a finales del 2018 tenía que hacer efectivo el desalojo, sin embargo, mediante el auto del 30 de noviembre del año anterior aplazó el compromiso y se comprometió para el 18 de marzo de 2019, pero de nuevo lo incumplió.
Por otra parte, están las familias del asentamiento humano representadas por Javier Pérez quien asegura que de hacerse un desalojo se estarían violando los derechos de más de 2.000 personas entre las que figuran madres cabezas de hogar, discapacitados, adultos mayores, niños y adolescentes, por tal razón en reiteradas ocasiones ha solicitado mesas de trabajo para llegar a acuerdos, sin embargo sus peticiones no han hecho el eco suficiente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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