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La verdad no judicial de la guerra en los Llanos
Con el convencimiento de que las verdades del conflicto armado, que desgarraron a tantas familias llaneras, no se pueden construir en los estrados judiciales, sino en los territorios, se realizó ayer en Villavicencio el encuentro “Hablemos de verdad”.
Durante el evento, organizado por Colombia 2020 de El Espectador y su capítulo Colombia en Transición, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, se escucharon conmovedores e increíbles testimonios desde todas las orillas del dolor.
En Villavicencio se reunieron excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios y líderes de víctimas que se comprometieron a construir una verdad múltiple del conflicto armado.
En el estreno de este nuevo formato de encuentros, excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios, líderes de víctimas y población en general conversaron sobre la necesidad de que la verdad sobre lo que padecieron en el conflicto saliera a la luz.
Manuel de Jesús Pirabán, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo, por ejemplo, que se arrepentía de haber pertenecido a este grupo armado y pidió perdón a los llaneros por el enorme daño causado. También se comprometió a seguir aportando su verdad de la guerra, tanto en Justicia y Paz como en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, porque, según él, “hoy solo se conoce apenas el 40 % de lo que sucedió en esta región”. De hecho, manifestó que sigue firme en la entrega de información de fosas comunes, pero que el proceso de exhumaciones por parte de la Fiscalía en esta región está frenado desde 2014.
Pirabán se refirió, especialmente, a la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, por el bloque Centauros que él comandó, donde fueron asesinados al menos 49 personas y cientos más fueron desplazadas.
Así como a la masacre de Caño Jabón, cometida también por los paramilitares un año después, en la que asesinaron a 27 personas.
Sobre esta última, el excomandante paramilitar reconoció que falta por esclarecerse qué pasó, “porque al día siguiente del hecho ingresaron las Farc y porque en la zona también hacían presencia hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”. En ese momento Pirabán le pidió perdón a Balbina Niño, víctima directa de esta matanza, quien aún busca a su hermano desaparecido.
Balbina Niño no resistió el llanto y aceptó el perdón de Pirabán. Lo hizo, dijo, en nombre de otros de sus familiares muertos en la guerra. Como ella, fue representativa la participación de varias víctimas en este encuentro, que aseguraron no tener rabia ni rencor, pero sí un anhelo legítimo de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos y sus bienes despojados.
Una de ellas fue María Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, quien ha sufrido cinco desplazamientos y dos atentados contra su vida. El último en enero de 2018. “Aquí lo que queremos es la verdad. Pero no la verdad a medias. Porque Mapiripán es uno de los municipios que más ha sufrido despojos y no nos han entregado las tierras. ¿Quiénes están en las tierras hoy? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes pagaron?”, se preguntó.
O el testimonio de valentía y coraje de la familia Aljure, que ha sido víctima de todos los actores armados desde la violencia y hoy cumplen 51 años conmemorando la memoria de 11 de sus familiares asesinados. “Señores de las Farc y de los paramilitares, nosotros no hablamos con rencor ni con odio, la única arma con la que quisiera hablarles es con la Biblia y allí dice conoceréis la verdad y esa los hará libres. Y eso que les digo no me lo contaron, esa es la verdad que sabemos”, dijo William Aljure.
El espacio fue una expresión para abrazar los dolores, sin el protocolo de los escenarios de justicia. Por eso, para muchos, fue importante que Eduardo Espinel, presidente del Comité Intergremial del Meta, reconociera que los empresarios también tuvieron responsabilidades en el conflicto armado, así como fueron también víctimas del mismo. “En esta zona el empresariado no estuvo tan involucrado en la guerra como en otras regiones. Obviamente sí hubo pagos de empresarios hacia actores armados, a guerrilla y paramilitares, para que los dejaran trabajar. Pero también fuimos víctimas”, dijo y relató secuestros, intimidaciones y extorsiones de los que fueron objeto como gremio.
A su turno, Isabela Sanroque, excombatiente de las Farc, se unió a este llamado de verdad. Y aseguró que el partido FARC está hoy comprometido como partido político a contar lo que sucedió en el conflicto. “No habrá paz ni duelo colectivo si no ponemos la verdad múltiple de los distintos hechos de la guerra”, aseguró. En la misma orilla, Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, se comprometió con la entrega de los desaparecidos del conflicto armado y aseguró que muy pronto se conocerán esos resultados de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El comisionado para la verdad, Alfredo Molano Bravo, fue testigo y protagonista de este espacio y reconoció el valor de esta escucha. “Escuchar es muy difícil porque siempre se hace a través de juicios que nos impiden escuchar de una manera limpia” y detalló este camino que empezaron con la Comisión de la Verdad. “Cuando comenzamos en la Comisión cada grupo y cada sector y gremio quería contar su verdad: los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, etc. La verdad incomoda, cuando no incomoda no es del todo la verdad. La verdad de la Comisión es una verdad mayúscula que supere las versiones parciales. Nuestra obligación es una verdad histórica no judicial y en ella entran los principios de dignidad humana”.
Y eso es lo que sobre todo hubo en este encuentro por la verdad: dignidad y valentía. Por eso bien apuntaba Germán Plata, de la agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), cuando dijo al final: “Debemos reencontrarnos y reconocernos más allá del miedo para seguir adelante. Tenemos que atrevernos a plantear el país que queremos”.
Fuente: colombia2020.elespectador.com – Colombia en Transición
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Meta, rescatan adolescente que iba a ser entregada a las disidencias de las Farc
La Policía informó que rescató a una adolescente de 14 años que fue reclutada por el bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc en el municipio de Corinto, Cauca.
El rescate se presentó en un puesto de control instalado por la Policía en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, donde los uniformados detuvieron al vehículo con cuatro hombres y una menor de edad en su interior, al iniciar el interrogatorio todos dieron versiones distintas y para evitar la captura ofrecieron cuatro millones de pesos a los uniformados.
“Los cuatro sujetos, quienes presuntamente serían cómplices del reclutamiento, la estarían desplazando al departamento del Meta para apoyar la confrontación de las estructuras de alias ‘Calarcá’, comandante del bloque Jorge Briceño de las disidencias Farc”, señaló la Policía de Tránsito.
La menor confirmó a las autoridades que las disidencias de las Farc la habían reclutado para incorporarla a la guerrilla.
Los sujetos fueron capturados y tendrán que responder por el delito de reclutamiento ilícito y cohecho; mientras que a la menor se le restablecieron sus derechos con el Grupo de Infancia y Adolescencia y quedó a disposición del ICBF.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Bloqueos en el peaje Puente Amarillo completan más de 100 días
Respecto al bloqueo permanente iniciado el pasado 2 de agosto en la estación de peaje Puente Amarillo de la concesión vial Villavicencio – Yopal, la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. informó que desde esa fecha, se han llevado a cabo más de 12 mesas de diálogo con los manifestantes, contando con la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Defensoría del Pueblo Regional Meta, la Gobernación del Meta y otras autoridades regionales.
En el marco de estas conversaciones, la ANI ha propuesto establecer tarifas diferenciales para los habitantes de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, así como tarifas especiales los fines de semana para incentivar el turismo. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por los manifestantes, quienes argumentan una presunta ilegalidad del peaje, exigen su desmonte y el no pago de la tasa.
En más de 100 días de bloqueos, más de un millón de vehículos han transitado por el corredor Villavicencio – Yopal, lo que ha representado una pérdida para los recursos de la nación, como fuente de pago del Contrato de Concesión, superior a los 10.000 millones de pesos.
Es de resaltar que este proyecto de concesión, a octubre de 2024, presenta un avance de obra del 93% y ha generado más de 25.000 empleos durante su ejecución, convirtiéndose en uno de los proyectos 4G de concesiones con mayor longitud de desarrollo, mayor número de empleos generados y con una mejora sustancial de la infraestructura. Estas inversiones de obra y de operación de la vía se retribuyen con vigencias futuras de la nación y con el recaudo de peajes, por lo que la alteración en el cobro de la tasa de peaje afecta de manera grave y sistemática la economía del contrato y conlleva a un detrimento patrimonial para el Estado.
El pasado 12 de noviembre, las autoridades nacionales y departamentales tomaron la decisión de buscar el restablecimiento de la operación de la caseta de peaje Puente Amarillo. Para ello, personal de la concesionaria, con el acompañamiento de la Policía Nacional, intentó reanudar las actividades de la estación para realizar el cobro correspondiente. Sin embargo, el personal fue agredido física y verbalmente por los manifestantes, lo que hizo imposible restablecer el servicio.
Desde la concesión, hacen el llamado al diálogo para la búsqueda de una solución consensuada que beneficie a todas las partes.
Fuente: Covioriente
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Meta, condenan a 3 delincuentes por la muerte de una persona durante el hurto de una cadena de oro
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 52 años y 4 meses de prisión a Leonardo Ibarra Chávez; a 47 años y 4 meses a Iván Antonio Larrahondo Pallares, y a Óscar James Castro Reboyero.
Las tres personas fueron encontradas responsables de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los hechos investigados ocurrieron el 18 de enero de 2022 en un sector residencial de Villavicencio (Meta) a donde los tres sentenciados asesinaron a un hombre por despojarlo de una cadena de oro avaluada en 300.000 pesos.
Lea también: A prisión implicados en la muerte de tres personas en Puerto Gaitán y Villavicencio
Labores de policía judicial evidenciaron que los sentenciados se movilizaban en dos motocicletas hasta un establecimiento de comida rápida del barrio Bambú de Villavicencio, donde se encontraba la víctima en compañía de otra persona.
Larrahondo Pallares dejó a Castro Reboyero en el local comercial y este aprovechó lo desprevenida que estaba la víctima para abordarla e intimidarla con un arma de fuego, quitándole una cadena de oro que llevaba, luego le disparó causándole la muerte.
El atacante huyó del lugar en otra motocicleta, que era conducida por Ibarra Chávez. El juez de conocimiento negó a los condenados los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.
La decisión emitida en primera instancia fue apelada por la defensa.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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