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La verdad no judicial de la guerra en los Llanos

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Con el convencimiento de que las verdades del conflicto armado, que desgarraron a tantas familias llaneras, no se pueden construir en los estrados judiciales, sino en los territorios, se realizó ayer en Villavicencio el encuentro “Hablemos de verdad”.

Durante el evento, organizado por Colombia 2020 de El Espectador y su capítulo Colombia en Transición, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, se escucharon conmovedores e increíbles testimonios desde todas las orillas del dolor.

En Villavicencio se reunieron excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios y líderes de víctimas que se comprometieron a construir una verdad múltiple del conflicto armado.

En el estreno de este nuevo formato de encuentros, excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios, líderes de víctimas y población en general conversaron sobre la necesidad de que la verdad sobre lo que padecieron en el conflicto saliera a la luz.

Manuel de Jesús Pirabán, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo, por ejemplo, que se arrepentía de haber pertenecido a este grupo armado y pidió perdón a los llaneros por el enorme daño causado. También se comprometió a seguir aportando su verdad de la guerra, tanto en Justicia y Paz como en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, porque, según él, “hoy solo se conoce apenas el 40 % de lo que sucedió en esta región”. De hecho, manifestó que sigue firme en la entrega de información de fosas comunes, pero que el proceso de exhumaciones por parte de la Fiscalía en esta región está frenado desde 2014.

Pirabán se refirió, especialmente, a la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, por el bloque Centauros que él comandó, donde fueron asesinados al menos 49 personas y cientos más fueron desplazadas.

Así como a la masacre de Caño Jabón, cometida también por los paramilitares un año después, en la que asesinaron a 27 personas.

Sobre esta última, el excomandante paramilitar reconoció que falta por esclarecerse qué pasó, “porque al día siguiente del hecho ingresaron las Farc y porque en la zona también hacían presencia hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”. En ese momento Pirabán le pidió perdón a Balbina Niño, víctima directa de esta matanza, quien aún busca a su hermano desaparecido.

Balbina Niño no resistió el llanto y aceptó el perdón de Pirabán. Lo hizo, dijo, en nombre de otros de sus familiares muertos en la guerra. Como ella, fue representativa la participación de varias víctimas en este encuentro, que aseguraron no tener rabia ni rencor, pero sí un anhelo legítimo de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos y sus bienes despojados.

Una de ellas fue María Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, quien ha sufrido cinco desplazamientos y dos atentados contra su vida. El último en enero de 2018. “Aquí lo que queremos es la verdad. Pero no la verdad a medias. Porque Mapiripán es uno de los municipios que más ha sufrido despojos y no nos han entregado las tierras. ¿Quiénes están en las tierras hoy? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes pagaron?”, se preguntó.

O el testimonio de valentía y coraje de la familia Aljure, que ha sido víctima de todos los actores armados desde la violencia y hoy cumplen 51 años conmemorando la memoria de 11 de sus familiares asesinados. “Señores de las Farc y de los paramilitares, nosotros no hablamos con rencor ni con odio, la única arma con la que quisiera hablarles es con la Biblia y allí dice conoceréis la verdad y esa los hará libres. Y eso que les digo no me lo contaron, esa es la verdad que sabemos”, dijo William Aljure.

El espacio fue una expresión para abrazar los dolores, sin el protocolo de los escenarios de justicia. Por eso, para muchos, fue importante que Eduardo Espinel, presidente del Comité Intergremial del Meta, reconociera que los empresarios también tuvieron responsabilidades en el conflicto armado, así como fueron también víctimas del mismo. “En esta zona el empresariado no estuvo tan involucrado en la guerra como en otras regiones. Obviamente sí hubo pagos de empresarios hacia actores armados, a guerrilla y paramilitares, para que los dejaran trabajar. Pero también fuimos víctimas”, dijo y relató secuestros, intimidaciones y extorsiones de los que fueron objeto como gremio.

A su turno, Isabela Sanroque, excombatiente de las Farc, se unió a este llamado de verdad. Y aseguró que el partido FARC está hoy comprometido como partido político a contar lo que sucedió en el conflicto. “No habrá paz ni duelo colectivo si no ponemos la verdad múltiple de los distintos hechos de la guerra”, aseguró. En la misma orilla, Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, se comprometió con la entrega de los desaparecidos del conflicto armado y aseguró que muy pronto se conocerán esos resultados de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El comisionado para la verdad, Alfredo Molano Bravo, fue testigo y protagonista de este espacio y reconoció el valor de esta escucha. “Escuchar es muy difícil porque siempre se hace a través de juicios que nos impiden escuchar de una manera limpia” y detalló este camino que empezaron con la Comisión de la Verdad. “Cuando comenzamos en la Comisión cada grupo y cada sector y gremio quería contar su verdad: los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, etc. La verdad incomoda, cuando no incomoda no es del todo la verdad. La verdad de la Comisión es una verdad mayúscula que supere las versiones parciales. Nuestra obligación es una verdad histórica no judicial y en ella entran los principios de dignidad humana”.

Y eso es lo que sobre todo hubo en este encuentro por la verdad: dignidad y valentía. Por eso bien apuntaba Germán Plata, de la agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), cuando dijo al final: “Debemos reencontrarnos y reconocernos más allá del miedo para seguir adelante. Tenemos que atrevernos a plantear el país que queremos”.

Fuente: colombia2020.elespectador.com – Colombia en Transición

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Procuraduría le pone la lupa a la elección del Personero Municipal de Puerto López

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.

El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.

La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.

La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.

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A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.

El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.

La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.

Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.

Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).

Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso

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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada

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Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.

Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.

Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).

“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.

Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.

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