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La verdad no judicial de la guerra en los Llanos
Con el convencimiento de que las verdades del conflicto armado, que desgarraron a tantas familias llaneras, no se pueden construir en los estrados judiciales, sino en los territorios, se realizó ayer en Villavicencio el encuentro “Hablemos de verdad”.
Durante el evento, organizado por Colombia 2020 de El Espectador y su capítulo Colombia en Transición, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, se escucharon conmovedores e increíbles testimonios desde todas las orillas del dolor.
En Villavicencio se reunieron excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios y líderes de víctimas que se comprometieron a construir una verdad múltiple del conflicto armado.
En el estreno de este nuevo formato de encuentros, excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios, líderes de víctimas y población en general conversaron sobre la necesidad de que la verdad sobre lo que padecieron en el conflicto saliera a la luz.
Manuel de Jesús Pirabán, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo, por ejemplo, que se arrepentía de haber pertenecido a este grupo armado y pidió perdón a los llaneros por el enorme daño causado. También se comprometió a seguir aportando su verdad de la guerra, tanto en Justicia y Paz como en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, porque, según él, “hoy solo se conoce apenas el 40 % de lo que sucedió en esta región”. De hecho, manifestó que sigue firme en la entrega de información de fosas comunes, pero que el proceso de exhumaciones por parte de la Fiscalía en esta región está frenado desde 2014.
Pirabán se refirió, especialmente, a la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, por el bloque Centauros que él comandó, donde fueron asesinados al menos 49 personas y cientos más fueron desplazadas.
Así como a la masacre de Caño Jabón, cometida también por los paramilitares un año después, en la que asesinaron a 27 personas.
Sobre esta última, el excomandante paramilitar reconoció que falta por esclarecerse qué pasó, “porque al día siguiente del hecho ingresaron las Farc y porque en la zona también hacían presencia hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”. En ese momento Pirabán le pidió perdón a Balbina Niño, víctima directa de esta matanza, quien aún busca a su hermano desaparecido.
Balbina Niño no resistió el llanto y aceptó el perdón de Pirabán. Lo hizo, dijo, en nombre de otros de sus familiares muertos en la guerra. Como ella, fue representativa la participación de varias víctimas en este encuentro, que aseguraron no tener rabia ni rencor, pero sí un anhelo legítimo de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos y sus bienes despojados.
Una de ellas fue María Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, quien ha sufrido cinco desplazamientos y dos atentados contra su vida. El último en enero de 2018. “Aquí lo que queremos es la verdad. Pero no la verdad a medias. Porque Mapiripán es uno de los municipios que más ha sufrido despojos y no nos han entregado las tierras. ¿Quiénes están en las tierras hoy? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes pagaron?”, se preguntó.
O el testimonio de valentía y coraje de la familia Aljure, que ha sido víctima de todos los actores armados desde la violencia y hoy cumplen 51 años conmemorando la memoria de 11 de sus familiares asesinados. “Señores de las Farc y de los paramilitares, nosotros no hablamos con rencor ni con odio, la única arma con la que quisiera hablarles es con la Biblia y allí dice conoceréis la verdad y esa los hará libres. Y eso que les digo no me lo contaron, esa es la verdad que sabemos”, dijo William Aljure.
El espacio fue una expresión para abrazar los dolores, sin el protocolo de los escenarios de justicia. Por eso, para muchos, fue importante que Eduardo Espinel, presidente del Comité Intergremial del Meta, reconociera que los empresarios también tuvieron responsabilidades en el conflicto armado, así como fueron también víctimas del mismo. “En esta zona el empresariado no estuvo tan involucrado en la guerra como en otras regiones. Obviamente sí hubo pagos de empresarios hacia actores armados, a guerrilla y paramilitares, para que los dejaran trabajar. Pero también fuimos víctimas”, dijo y relató secuestros, intimidaciones y extorsiones de los que fueron objeto como gremio.
A su turno, Isabela Sanroque, excombatiente de las Farc, se unió a este llamado de verdad. Y aseguró que el partido FARC está hoy comprometido como partido político a contar lo que sucedió en el conflicto. “No habrá paz ni duelo colectivo si no ponemos la verdad múltiple de los distintos hechos de la guerra”, aseguró. En la misma orilla, Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, se comprometió con la entrega de los desaparecidos del conflicto armado y aseguró que muy pronto se conocerán esos resultados de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El comisionado para la verdad, Alfredo Molano Bravo, fue testigo y protagonista de este espacio y reconoció el valor de esta escucha. “Escuchar es muy difícil porque siempre se hace a través de juicios que nos impiden escuchar de una manera limpia” y detalló este camino que empezaron con la Comisión de la Verdad. “Cuando comenzamos en la Comisión cada grupo y cada sector y gremio quería contar su verdad: los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, etc. La verdad incomoda, cuando no incomoda no es del todo la verdad. La verdad de la Comisión es una verdad mayúscula que supere las versiones parciales. Nuestra obligación es una verdad histórica no judicial y en ella entran los principios de dignidad humana”.
Y eso es lo que sobre todo hubo en este encuentro por la verdad: dignidad y valentía. Por eso bien apuntaba Germán Plata, de la agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), cuando dijo al final: “Debemos reencontrarnos y reconocernos más allá del miedo para seguir adelante. Tenemos que atrevernos a plantear el país que queremos”.
Fuente: colombia2020.elespectador.com – Colombia en Transición
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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