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La verdad no judicial de la guerra en los Llanos
Con el convencimiento de que las verdades del conflicto armado, que desgarraron a tantas familias llaneras, no se pueden construir en los estrados judiciales, sino en los territorios, se realizó ayer en Villavicencio el encuentro “Hablemos de verdad”.
Durante el evento, organizado por Colombia 2020 de El Espectador y su capítulo Colombia en Transición, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, se escucharon conmovedores e increíbles testimonios desde todas las orillas del dolor.
En Villavicencio se reunieron excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios y líderes de víctimas que se comprometieron a construir una verdad múltiple del conflicto armado.
En el estreno de este nuevo formato de encuentros, excomandantes paramilitares y guerrilleros, empresarios, líderes de víctimas y población en general conversaron sobre la necesidad de que la verdad sobre lo que padecieron en el conflicto saliera a la luz.
Manuel de Jesús Pirabán, excomandante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dijo, por ejemplo, que se arrepentía de haber pertenecido a este grupo armado y pidió perdón a los llaneros por el enorme daño causado. También se comprometió a seguir aportando su verdad de la guerra, tanto en Justicia y Paz como en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, porque, según él, “hoy solo se conoce apenas el 40 % de lo que sucedió en esta región”. De hecho, manifestó que sigue firme en la entrega de información de fosas comunes, pero que el proceso de exhumaciones por parte de la Fiscalía en esta región está frenado desde 2014.
Pirabán se refirió, especialmente, a la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997, por el bloque Centauros que él comandó, donde fueron asesinados al menos 49 personas y cientos más fueron desplazadas.
Así como a la masacre de Caño Jabón, cometida también por los paramilitares un año después, en la que asesinaron a 27 personas.
Sobre esta última, el excomandante paramilitar reconoció que falta por esclarecerse qué pasó, “porque al día siguiente del hecho ingresaron las Farc y porque en la zona también hacían presencia hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”. En ese momento Pirabán le pidió perdón a Balbina Niño, víctima directa de esta matanza, quien aún busca a su hermano desaparecido.
Balbina Niño no resistió el llanto y aceptó el perdón de Pirabán. Lo hizo, dijo, en nombre de otros de sus familiares muertos en la guerra. Como ella, fue representativa la participación de varias víctimas en este encuentro, que aseguraron no tener rabia ni rencor, pero sí un anhelo legítimo de saber qué pasó con sus familiares desaparecidos y sus bienes despojados.
Una de ellas fue María Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, quien ha sufrido cinco desplazamientos y dos atentados contra su vida. El último en enero de 2018. “Aquí lo que queremos es la verdad. Pero no la verdad a medias. Porque Mapiripán es uno de los municipios que más ha sufrido despojos y no nos han entregado las tierras. ¿Quiénes están en las tierras hoy? ¿Quiénes los mandaron? ¿Quiénes pagaron?”, se preguntó.
O el testimonio de valentía y coraje de la familia Aljure, que ha sido víctima de todos los actores armados desde la violencia y hoy cumplen 51 años conmemorando la memoria de 11 de sus familiares asesinados. “Señores de las Farc y de los paramilitares, nosotros no hablamos con rencor ni con odio, la única arma con la que quisiera hablarles es con la Biblia y allí dice conoceréis la verdad y esa los hará libres. Y eso que les digo no me lo contaron, esa es la verdad que sabemos”, dijo William Aljure.
El espacio fue una expresión para abrazar los dolores, sin el protocolo de los escenarios de justicia. Por eso, para muchos, fue importante que Eduardo Espinel, presidente del Comité Intergremial del Meta, reconociera que los empresarios también tuvieron responsabilidades en el conflicto armado, así como fueron también víctimas del mismo. “En esta zona el empresariado no estuvo tan involucrado en la guerra como en otras regiones. Obviamente sí hubo pagos de empresarios hacia actores armados, a guerrilla y paramilitares, para que los dejaran trabajar. Pero también fuimos víctimas”, dijo y relató secuestros, intimidaciones y extorsiones de los que fueron objeto como gremio.
A su turno, Isabela Sanroque, excombatiente de las Farc, se unió a este llamado de verdad. Y aseguró que el partido FARC está hoy comprometido como partido político a contar lo que sucedió en el conflicto. “No habrá paz ni duelo colectivo si no ponemos la verdad múltiple de los distintos hechos de la guerra”, aseguró. En la misma orilla, Mauricio Jaramillo, excomandante de las Farc, se comprometió con la entrega de los desaparecidos del conflicto armado y aseguró que muy pronto se conocerán esos resultados de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El comisionado para la verdad, Alfredo Molano Bravo, fue testigo y protagonista de este espacio y reconoció el valor de esta escucha. “Escuchar es muy difícil porque siempre se hace a través de juicios que nos impiden escuchar de una manera limpia” y detalló este camino que empezaron con la Comisión de la Verdad. “Cuando comenzamos en la Comisión cada grupo y cada sector y gremio quería contar su verdad: los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, etc. La verdad incomoda, cuando no incomoda no es del todo la verdad. La verdad de la Comisión es una verdad mayúscula que supere las versiones parciales. Nuestra obligación es una verdad histórica no judicial y en ella entran los principios de dignidad humana”.
Y eso es lo que sobre todo hubo en este encuentro por la verdad: dignidad y valentía. Por eso bien apuntaba Germán Plata, de la agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), cuando dijo al final: “Debemos reencontrarnos y reconocernos más allá del miedo para seguir adelante. Tenemos que atrevernos a plantear el país que queremos”.
Fuente: colombia2020.elespectador.com – Colombia en Transición
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Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
