CASANARE
La Unidad de Búsqueda halla tres posibles fosas clandestinas en Tauramena
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del suroccidente del Casanare, identificó en el municipio de Tauramena tres puntos de interés forense que podrían corresponder a fosas clandestinas donde se encontrarían seis personas, entre civiles y combatientes, desaparecidas en el conflicto armado.
El Plan Regional de Búsqueda del suroccidente de Casanare -que está siendo construido junto a organizaciones, autoridades y entidades en el territorio- busca localizar a 1.128 personas desaparecidas entre 1974 y el 1 de diciembre de 2016 en los municipios de Aguazul, Chámeza, Monterrey, Recetor, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva.
La primera fosa fue ubicada a partir de una de las líneas de investigación del Plan Regional, que corresponde a personas civiles desaparecidas por grupos paramilitares entre los años 1997 y 2005. En ese lugar se presume habría estructuras óseas de dos personas de quienes no se volvió a tener noticia y cuyas familias han pedido el acompañamiento de la Unidad de Búsqueda.
La Unidad de Búsqueda localizó la segunda fosa en desarrollo de la línea de investigación de personas reclutadas ilícitamente por grupos guerrilleros en los años 80, en donde estaría inhumada una persona.
El tercer hallazgo, en donde habría tres cuerpos, corresponde a la línea de investigación de personas combatientes desaparecidas durante hostilidades en está región, a finales de los años 80 e inicios de los 90.
Tauramena es el tercer municipio con más desapariciones en el departamento de Casanare, con un universo inicial de 218 personas desaparecidas.
Desde que se estableció el equipo territorial de Yopal en 2020, la Unidad de Búsqueda ha mantenido una relación permanente con las autoridades municipales, las personas que buscan a sus seres queridos y las organizaciones acompañantes en la búsqueda.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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