META
En Villavicencio, la novia de su expareja lo mandó a matar para hurtarle dinero
Un escabroso caso que involucra motivos pasionales mezclados con hurto, pusieron al descubierto las autoridades en el departamento del Meta, al esclarecer el asesinato de un sindicalista ocurrido el pasado 04 de noviembre.
La investigación inició con base en declaraciones entregadas por la víctima, al momento de ser encontrado herido y tirado en el camino en el corredor ecológico entre el barrio La Madrid y la Vereda Barcelona, al sur de Villavicencio, por una persona que dió aviso a la Policía.
Con estas declaraciones los investigadores del CTI de la Fiscalía ubicaron a Ruth Milena Villamor Hidalgo, de 37 años de edad, con quien tenía un hijo la víctima, y quien estaba con él al momento de ser abordados por 2 personas, cuando salieron de un bar en el barrio 7 de agosto, a donde había ido a bailar con la mujer.
Por las heridas recibidas en su cuerpo en 18 oportunidades con arma cortopunzante, principalmente en torax y cuello, el sindicalista murió antes de llegar al Hospital a donde fue conducido por las autoridades para recibir asistencia médica.
Plan criminal
Según confesión posterior de Villamor Hidalgo, la salida esa noche haría parte del plan orquestado por ella y su pareja Jimena Johana Ortiz Meche, para asesinar y hurtar el dinero que la víctima tenía en sus cuentas.
Entre el 4 y el 7 de noviembre fueron retirados $ 9’750.000 pesos de las cuentas de la víctima, de los cuales, al parecer, habrían usado 3 millones de pesos para pagarle a la persona que le quitó la vida.
La Fiscalía imputó cargos contra las detenidas por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto por medios informáticos agravado, como coautoras, de tipo doloso, los cuales no fueron aceptados.
Ante la solicitud de medida de aseguramiento, el Juzgado ordenó detención intramuros contra Jimena Johana Ortiz Meche, quien además tiene una condena vigente por hurto, y detención domiciliaria para Villamor Hidalgo, por su colaboración con la justicia y por tener 2 menores de edad a su cargo.
De ser halladas responsables de los delitos imputados, las mujeres podrían recibir una pena entre 42 y 50 años de prisión. La Fiscalía continúa con la investigación, para ubicar al autor material de la muerte del sindicalista.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
