META
En Villavicencio, la novia de su expareja lo mandó a matar para hurtarle dinero
Un escabroso caso que involucra motivos pasionales mezclados con hurto, pusieron al descubierto las autoridades en el departamento del Meta, al esclarecer el asesinato de un sindicalista ocurrido el pasado 04 de noviembre.
La investigación inició con base en declaraciones entregadas por la víctima, al momento de ser encontrado herido y tirado en el camino en el corredor ecológico entre el barrio La Madrid y la Vereda Barcelona, al sur de Villavicencio, por una persona que dió aviso a la Policía.
Con estas declaraciones los investigadores del CTI de la Fiscalía ubicaron a Ruth Milena Villamor Hidalgo, de 37 años de edad, con quien tenía un hijo la víctima, y quien estaba con él al momento de ser abordados por 2 personas, cuando salieron de un bar en el barrio 7 de agosto, a donde había ido a bailar con la mujer.
Por las heridas recibidas en su cuerpo en 18 oportunidades con arma cortopunzante, principalmente en torax y cuello, el sindicalista murió antes de llegar al Hospital a donde fue conducido por las autoridades para recibir asistencia médica.
Plan criminal
Según confesión posterior de Villamor Hidalgo, la salida esa noche haría parte del plan orquestado por ella y su pareja Jimena Johana Ortiz Meche, para asesinar y hurtar el dinero que la víctima tenía en sus cuentas.
Entre el 4 y el 7 de noviembre fueron retirados $ 9’750.000 pesos de las cuentas de la víctima, de los cuales, al parecer, habrían usado 3 millones de pesos para pagarle a la persona que le quitó la vida.
La Fiscalía imputó cargos contra las detenidas por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto por medios informáticos agravado, como coautoras, de tipo doloso, los cuales no fueron aceptados.
Ante la solicitud de medida de aseguramiento, el Juzgado ordenó detención intramuros contra Jimena Johana Ortiz Meche, quien además tiene una condena vigente por hurto, y detención domiciliaria para Villamor Hidalgo, por su colaboración con la justicia y por tener 2 menores de edad a su cargo.
De ser halladas responsables de los delitos imputados, las mujeres podrían recibir una pena entre 42 y 50 años de prisión. La Fiscalía continúa con la investigación, para ubicar al autor material de la muerte del sindicalista.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
