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Jurisdicción Especial para la Paz le cerró las puertas a exgobernador del Meta

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió rechazar la solicitud de sometimiento de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del departamento del Meta entre 2004 y 2007.

Castro fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por homicidio agravado, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

De acuerdo con lo establecido en la justicia ordinaria, durante su mandato, el exgobernador además se alió con alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para obtener réditos electorales a cambio de darle a esa organización delincuencial y paramilitar contraprestaciones en dinero, a través de contratos sin requisitos legales con la gobernación. Esto permitió al Bloque Centauros consolidar el control político en el Meta y participar en diferentes foros de paz, lo que luego facilitó su desmovilización y escaños en el Congreso.

Esta alianza incluso terminó en el asesinato del exgobernador del Meta Carlos Javier Sabogal Mojica y a su contrincante político Euser Rondón Vargas, cuya campaña fue financiada igualmente por las AUC. También fue asesinada Nubia Sánchez Romero, diputada de ese departamento. Todos ellos presentaron en su momento denuncias que generaron la apertura de procesos penales, disciplinarios y fiscales en contra del exgobernador Castro Rincón, que terminaron en su condena en la justicia ordinaria.

La Sala de Definición ya había rechazado la solicitud de sometimiento de Castro Rincón, pero la decisión fue revocada por la Sección de Apelación mediante Auto TP-SA 1266 del 20 de octubre de 2022. La Sección consideró que las conductas cometidas por el exgobernador podrían tener una relación indirecta con el conflicto armado, y ordenó a la Sala de Definición que le pidiera al señor Castro que presentara un Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) satisfactorio, en el que debía señalar, entre otras, sus aportes a la verdad y el plan de restauración y no repetición.

Pese a que en tres ocasiones se le solicitó al exgobernador presentar y ajustar su escrito de CCCP, la Sala consideró, a través de la Resolución 002 del 2 de enero de 2025, que existió un claro incumplimiento al régimen de condicionalidad que se le impuso al solicitante.

Se llegó a esta conclusión tras la precariedad del aporte a la verdad, por la simple enunciación de los aspectos sobre los cuales iba a dar verdad sin ningún desarrollo de dicho aporte y su reticencia a referirse de forma detallada a sus relaciones y las de otros funcionarios con el Bloque Centauros de las AUC, incluso a pesar de la evidencia recabada por la justicia ordinaria que profirió una sentencia en su contra.

Para la Sala fue “evidente la falta de transparencia y compromiso del peticionario con la JEP, pues no solo trató de usarla para beneficio propio, sino que el reiterado incumplimiento a las múltiples oportunidades brindadas por este despacho de presentar su CCCP, lleva a cuestionar su verdadero interés de satisfacer las exigencias de esta justicia transicional, de aportar al principio de centralidad de las víctimas y de suministrar verdad a la sociedad en general, por lo que no solo es justificado, sino necesario, rechazar su solicitud de sometimiento”, se lee en la decisión.

De igual manera, la Sala de Definición concluyó que el exgobernador tampoco ayudó a esclarecer el patrón de macrocaso 08 que se investiga ante la JEP respecto de las relaciones entre las AUC y los agentes estatales no integrantes de la fuerza pública.

Así que, mediante Resolución 002 del 2 de enero de 2025, se remitió el caso del señor Castro Rincón al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que continúe con la vigilancia de la condena impuesta y comunicar la decisión a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien condenó el 2 de noviembre de 2007 al exgobernador a la pena de 40 años de prisión y multa de 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz

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Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

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marihuana en guaduas

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.

Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.

Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Hace 30 años la obligaron a abandonar su finca en Acacías, hoy será compensada

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finca acacías

Después de 30 años de abandonar forzadamente su predio, una mujer y su familia, víctimas del conflicto armado, serán compensadas. El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, falló a su favor y ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘Los Valientes’, un terreno de más de 13 hectáreas.

La sentencia reconoce que no es posible el retorno, por razones de seguridad y salud, por lo que la familia deberá ser compensada económicamente. La historia se remonta al año 1984, cuando la pareja de esposos adquirió este predio, ubicado en la vereda Loma del Pañuelo. Allí criaron a sus hijos, sembraron café, yuca, maíz y plátano.

Llegó la violencia y el destierro

El 10 de diciembre de 1994, la violencia les arrancó la tranquilidad: las Farc asesinaron al jefe del hogar y a su hijo mayor, obligando a la madre y al hijo menor a abandonar su tierra. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en un constante peregrinaje por Acacías y Villavicencio, en Meta, tal como Falan y Mariquita, en Tolima.

El Tribunal no solo reconoció el abandono forzado y el despojo violento con enfoque de género, sino que rechazó los argumentos del opositor, quien alegó haber adquirido el terreno “de buena fe” en 2007.

Además, el fallo ordena a la Agencia Nacional de Tierras que adelante la recuperación del baldío y coordine con la URT la compensación para la mujer, quien por su edad, discapacidad de su hijo y riesgo vigente (hoy protegida por la UNP), no puede regresar al campo.

El terreno se encuentra además dentro del bloque LLA36 de exploración y producción de hidrocarburos, operado por la empresa MONTECZ S.A., una realidad que suma desafíos, pero no impide la reparación.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que  “este fallo es también una alerta sobre la necesidad de seguir protegiendo a las mujeres campesinas, a quienes la guerra desplazó y silenció por años”.

Fuente: Comunicaciones Unidad de Restitución de Tierras

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Firmantes de paz siembran futuro en el Meta con ganadería sostenible y restauración ambiental

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Firmantes de paz meta

Firmantes del Acuerdo Final realizaron una gran Sembratón en el predio Hato Rondón, en San Juan de Arama (Meta), donde se plantaron más de mil plántulas forestales como parte de un proceso de transición hacia la ganadería sostenible, en una muestra de compromiso con la sostenibilidad ambiental y la construcción de paz en Colombia.

La jornada reunió a mujeres y hombres en proceso de reincorporación, sus familias, líderes comunitarios, organizaciones locales, instituciones y expertos agropecuarios, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Reincorporación Económica y Social (FRES), liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Regenerar el suelo, restaurar ecosistemas y construir paz

Más que sembrar árboles, el objetivo fue sembrar futuro. Las especies plantadas, como el Botón de Oro, Guamo, Samán, Búcaro, Pan de Año, Pomarroso y Guayabo, contribuirán a la recuperación de suelos degradados, la protección de fuentes hídricas y la transición hacia modelos de producción ganadera respetuosos con el ambiente. Esta acción se da en un territorio clave para la paz y la biodiversidad, y forma parte de una estrategia técnica que incluye bancos de forraje, mecanización de tierras y prácticas agroecológicas.

El material vegetal fue donado gracias a una alianza con la Fundación Observatorio Joven de la Orinoquia “Ojo Abierto”, fortaleciendo así los predios productivos gestionados por la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo de Vistahermosa (COOPROAGROMETA).

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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