REGIÓN
JEP compulsa copias para que investiguen políticos casanareños y araucanos señalados por “Otoniel”
Ante la evidencia judicial que señala que un antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, habrían contribuido a la consolidación del poder paramilitar en estos departamentos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Caso 08 de la misma sala los investigue.
La decisión es el resultado de un ejercicio de recaudo probatorio y contraste realizado por la magistratura, tras recoger el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’. Esta diligencia se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos, en el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.
La decisión, que fue el resultado de un proceso de contraste y recolección de pruebas, se dio después de recoger el testimonio entregado ante la JEP por Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’, los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos. Esta diligencia se llevó a cabo en el marco de los casos 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.
En este contexto, la JEP ordenó la compulsa de copias respecto a:
- Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca, por facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región.
- Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento, por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare.
- Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare, por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región.
- Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador, por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare.
- Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare.
- Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.
- Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca.
- Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región.
- Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare.
- Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena, por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare.
En su testimonio, Úsuga se refirió a la presunta responsabilidad de los implicados en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. Según su relato, estos involucrados habrían colaborado con grupos paramilitares como el Bloque Centauros en Casanare y el Bloque Vencedores de Arauca, quienes perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en dichas regiones.
Según su declaración, esta colaboración facilitó que los grupos paramilitares consolidaran su control territorial en Casanare y Arauca. Como resultado, cometieron violaciones graves como asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, todo ello con la complicidad de actores locales y estatales, lo que permitió la perpetuación de estas atrocidades en las regiones afectadas.
La información proporcionada por Úsuga revela cómo, en Casanare, actores políticos y empresariales facilitaron recursos y contratos que financiaron las operaciones del Bloque Centauros, lo que permitió a este grupo incrementar su poder en la región. En Arauca, detalló cómo el Bloque Vencedores, una extensión del Bloque Centauros, contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando así su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y asegurar el control territorial.
De acuerdo con la magistratura, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares. Por tal motivo, podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia. Esto se debe, en parte, a que miembros del Bloque Centauros y del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) de las AUC han sido declarados penalmente responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre, al menos, los años 2000 y 2006. Por tanto, el apoyo prestado a estas unidades del grupo armado podría ser considerado de carácter imprescriptible.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
