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Judicializados nueve presuntos responsables de cobros extorsivos en el Meta

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro mujeres y cinco hombres que, en dos hechos aislados, habrían exigido distintas sumas de dinero a personas para garantizar sus vidas. Los casos se presentaron entre 2023 y 2024 en localidades del Meta.

Según la Fiscalía estos sujetos fueron capturados en Villavicencio (Meta) y Medellín (Antioquia) por el grupo Gaula de la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes judiciales.

Según su presunta responsabilidad en los hechos indagados, los procesados fueron imputados por delitos como: extorsión agravada consumada, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Ninguno aceptó los cargos.

Señala el ente investigador que los detenidos harían parte de grupos delincuenciales y se cree que se identificaban como integrantes del ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc.

En uno de los casos fueron capturados Noel Cristóbal Pérez Cifuentes alias Lobo, Nancy Judith Durán Castillo, Carlos Julio Romero Medina y Nelly Patricia Parrado Luján, quienes desde el 2023 habrían recibido varias consignaciones a través de empresas de giros y bancos, por parte de un ganadero de la capital metense.

Pérez Cifuentes fue enviado a la cárcel, como presunto cabecilla en este hecho, junto a otra persona capturada en Ibagué (Tolima), los demás fueron imputados por ser los cobradores de los depósitos realizados por la víctima.

El otro hecho permitió la judicialización de Miguel Alberto Muñiz Quinchía, Andrés Correa Flórez, Viviana Estella Chávez Cano y Carmen Emilia Quinchía Quinchía. Estas personas fueron capturadas por orden judicial en diligencias de allanamiento en Medellín (Antioquia). Jeisson Estiven Bernal García detenido por hechos similares fue vinculado al proceso.

Los procesados, al parecer, contrataban a sus víctimas para realizar trabajos en sus profesiones, para luego secuestrarlos y exigir dinero a sus familiares por su liberación.

El juez del caso ordenó detención privativa de la libertad intramural contra Bernal García y domiciliaria para los demás.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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En Villavicencio capturan extorsionista que azotaba ganaderos de Casanare y Meta

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El Gaula Militar Casanare, junto al CTI de la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación realizada por denuncias de llamadas y mensajes extorsivos, lograron capturar en flagrancia a un sujeto quien presuntamente se dedicaba a realizar amenazas y cobros al gremio ganadero de Casanare y empresarios del Meta.

Esta operación se llevó a cabo en Villavicencio, allí fueron incautados también un teléfono celular, un recibo de pago y aproximadamente 15 millones de pesos en efectivo, elementos que serían producto del cobro extorsivo.

Los elementos incautados, el dinero y el sujeto capturado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se adelante el proceso de judicialización correspondiente.

Fuente: Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional

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Dos exalcaldes de Puerto Gaitán en lios judiciales por presuntas irregularidades en contratación

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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Puerto Gaitán, Meta, José Alexander Fierro Guayara (2016 – 2019), y Jorge Edelio Plazas Hernández (2020 – 2023), así como a otras ocho personas, por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Terminal de Transporte del municipio.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Infraestructura del municipio entre los años 2019 y 2022, Héctor Javier Herrera Castro, Gina Paola León Vanegas, Pablo Alexis Rodríguez Segovia, James Alberto Álvarez Pardo, Ciro Alberto Moreno Cuartas y Agustín Alonso Torres González, quienes en diferentes momentos tuvieron a su cargo la supervisión del contrato de interventoría, firmado por 266 millones de pesos.
Los cargos también se dictaron contra los representantes legales de las empresas que integraron el Consorcio Terminal 2018, encargado de la interventoría de los trabajos, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández.
Segú la Procuraduía, al parecer las obras objeto de la investigación se habrían iniciado sin contar con los estudios y diseños necesarios que permitieran establecer la viabilidad del proyecto, y sin contar con el aval del Ministerio de Transporte para el funcionamiento del terminal, situación que generó retrasos en el desarrollo de las obras, las cuales fueron contratadas por 5.298 millones de pesos y financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
Por su parte, los entonces secretarios de Infraestructura al parecer omitieron informar a la alcaldía que el Consorcio Terminal 2018 no veló por el estricto cumplimiento y correcta ejecución del objeto del contrato, pues no habría atendido oportunamente las observaciones hechas por el constructor respecto a las deficiencias técnicas que presentaba el proyecto, ni adelantó de manera oportuna el trámite para lograr una adición presupuestal que permitiera culminar los trabajos.
En el caso de los representantes legales de las empresas que conformaron el Consorcio Terminal 2018, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández, presuntamente omitieron informar los hechos o circunstancias que representaban un riesgo para el cumplimiento de las obras, que a la fecha registran un retraso superior a los tres años en su desarrollo.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.​
Fuente: Procuraduría General de la Nación
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Gobernación del Meta y la DIAN le siguen los pasos a evasores de impuestos

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Acciones de todo orden y naturaleza para contrarrestar el incremento de contrabando proveniente de los departamentos del Guaviare y Cundinamarca, al Meta, son las conclusiones de la reunión que sostuvo la Gobernadora, Rafaela Cortés Zambrano, con la directora seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio, Madeleine Manchola Baracaldo.

Para alcanzar ese objetivo se intensificarán los operativos anticontrabando en conjunto con la DIAN y se estrecharán los controles a las empresas que no realizan la facturación electrónica, que sirve para documentar que una operación de compra o venta se haya realizado correctamente, dando validez legal y fiscal a una operación comercial.

Durante la reunión se conoció que el departamento del Meta está perdiendo por evasión del impuesto al consumo, entre 50.000 y 60.000 millones de pesos anuales, que son destinados para fortalecer los proyectos de salud y el deporte; por eso, la importancia de crear estrategias conjuntas con la DIAN para combatir este delito.

Las estrategias para desincentivar al máximo la evasión de impuesto al consumo y el contrabando, son adelantadas por el Gobierno departamental a través de la secretaría de Hacienda, Gerencia de Rentas y el Grupo Anticontrabando del Meta, en convenio con la Federación Nacional de Departamentos – FND.

Fuente: Gobernación del Meta

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